“Yo quiero tener un millón de amigos…”

JBS no gana para sustos y el presidente Michel Temer tampoco. Pero ambos están pagando caro los megaescándalos en que están implicados.

Uno de los últimos golpes que ambos recibieron fue la decisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el 22 de junio, de suspender por tiempo indefinido la importación de carne fresca brasileña.

La medida fue resultado de uno de los tantos escándalos estallados en los últimos tiempos: el que se conoció por el nombre de la operación policíaco-judicial que lo investigó. “Carne débil (fraca)”.

La cosa se inició en marzo pasado, cuando quedó al descubierto un esquema de fraude y corrupción en el que estaban implicados tanto las empresas del sector como los servicios estatales de control de calidad de la carne.

Inspectores del Ministerio de Agricultura eran sobornados por responsables de las empresas para hacer la vista gorda sobre partidas de carne adulterada o en mal estado y permitir su venta, no sólo en el mercado interno sino también en el extranjero.

La maniobra tuvo patas muy cortas, y pésimos resultados para las compañías, sobre todo luego que miles y miles de toneladas de carne quedaron varadas en las fronteras de muchos de los principales países compradores: China, España, Italia, Alemania y EstadosUnidos.

El gobierno brasileño identificó a una veintena de plantas frigoríficas, pertenecientes en su mayoría a megaempresas como JBS o BRF, como las responsables de la adulteración y les quitó temporalmente las licencias de exportación a cinco de ellas.

Prometió también “extremar los controles”, pero desde entonces los servicios sanitarios estadounidenses bloquearon el ingreso al país de 11 por ciento de las partidas de carne fresca originadas en Brasil. La media de rechazos en este rubro en el país norteamericano es de sólo 1 por ciento.

El jueves 22 desde los Estados Unidos se dijo basta (“Mi deber es proteger a los consumidores estadounidenses”, declaró el secretario de Agricultura, Sonny Perdue) y otros países están estudiando imitar esta medida.  

España, por ejemplo, tiene actualmente bajo la lupa a unas 30 partidas de carne provenientes de Brasil.

Por esos “contratiempos”, JBS pidió disculpas y aceptó pagar una multa de 3.100 millones de dólares, la más cara de la historia brasileña.

Pero las cosas no terminaron allí, porque poco después directivos de JBS que ya estaban siendo investigados por su participación en otros esquemas de corrupción, como el “petrolão” investigado por la operación Lava Jato y la financiación ilegal de los partidos políticos, de casi todos los partidos políticos, aceptaron “hablar, cantar y bailar si era necesario”, y colaborar con la justicia a cambio de una reducción de sus penas y otros favores.

En mayo, la prensa nacional reveló que, en el marco de esa “delación premiada”, Joesley Batista, dueño, junto a su hermano Wesley, de J&S, el conglomerado que controla JBS, había grabado al presidente Temer en conversaciones en las que quedaba claro que aprobaba y alentaba el pago de sobornos.

Según Batista, Temer estaba recibiendo coimas desde 2010. No sólo él, también unos 1.800 políticos de 28 partidos, para facilitar y promover negocios de todo tipo y calibre, a los cuales la compañía les pagó unos 600 millones de reales (algo menos de 200 millones de dólares).

Joesley y su hermanito revelaron otros muchos entuertos y fueron beneficiados con una medida rara, que otros no han obtenido: la justicia aceptó que viajaran a Nueva York, donde ahora están radicados. Una muestra más de su influencia en las esferas de poder brasileña.

Pero JBS no pudo evitar la caída. Desde que estas perlas salieron a luz perdió más de 2.500 millones de dólares su valor de mercado y podría seguir camino al despeñadero con la suspensión de las ventas de carne a Estados Unidos y a otros países.

Necesita achicar gastos. Y negoció al parecer un plan de salvataje con el presidente Temer. El plan comprendía, entre otras cosas, “desinversiones” por unos 6.000 millones de reales (cerca de 1.800 millones de dólares).

Con ese fin fue que decidió, a comienzos de junio, vender todos sus activos en Argentina, Uruguay y Paraguay. El traspaso de su operativa al grupo Minerva debía reportarle unos 300 millones de dólares.

Otras iniciativas similares (la venta de su participación en el capital de la también brasileña Vigor Alimentos, la británica Moy Park y la estadounidense Five Rivers Cattle Feeding) debían permitirle ingresar otros 1.500 millones de dólares.

La noticia de la venta de sus frigoríficos en Argentina, Uruguay y Paraguay significaba un pasamanos entre grandes conglomerados brasileños de empresas pertenecientes a una industria totalmente “abrasilerada”, pero para los trabajadores de esos tres países no eran tan, tan mala.

En Argentina, sobre todo, estaban acostumbrados a que JBS cerrara muy fácilmente las plantas que compraba o las hiciera funcionar con un mínimo de mano de obra, dejando en la calle a centenares de personas y liquidando la industria local. Minerva, tal vez, no hiciera lo mismo.

La salida de JBS podía, a su vez, permitir que se investigara cómo se había hecho de la propiedad de uno de los principales frigoríficos argentinos, el Swift Armour, cuya compra, en 2005, había sido la primera inversión de los Batista fuera de fronteras.

Poco después de adquirir Swift Armour, la transnacional brasileña dio el gran salto y se tragó a la central de Swift en Estados Unidos, Swift Foods, también con respaldo del BNDES.

Simultáneamente se expandía por otros países latinoamericanos productores de carne, como Uruguay y Paraguay, y también aterrizaba en Australia.

Así fue que se convirtió en la mayor empresa procesadora de carne del mundo, con una capacidad de faena de más de 47.000 reses por día.  

“Alguien en este bendito país, donde no existe la figura del arrepentido, debería estudiar el accionar de esta empresa con matriz de corrupción, y ver si esa matriz se replicó en la Argentina”, dijo semanas atrás Dardo Chiesa, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, una entidad que lucha contra los monopolios en la industria frigorífica.

Pero parte del plan fue desbaratado, al menos por un tiempo. Un tribunal de Brasilia decidió suspender la venta de la operativa del grupo en los otros tres países del Mercosur al entender que, si se concretaba, las investigaciones judiciales sobre los casos de corrupción en que está inmersa la empresa podían dificultarse.

Paralelamente, la Fiscalía General de Brasil pidió la congelación de todos los activos de la firma y de sus principales accionistas hasta tanto no se abonen unos 255 millones de dólares al estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), por daños que la compañía de los Batista le habría causado.

Simultáneamente, la Policía Federal había allanado la sede del grupo en São Paulo buscando pruebas de fraude bursátil.

Poco antes del boom que desataron las declaraciones de Joesley, JBS había realizado operaciones cambiarias y vendido algunas acciones de sus subsidiarias. La fiscalía entendió que de esa manera se había beneficiado de información privilegiada y ganado indebidamente enormes sumas de dinero.

Hoy Temer y el clan Batista se han declarado la guerra. Joesley acusó al presidente de ser “el jefe de la organización mafiosa más importante y peligrosa de Brasil” y Temer le pagó afirmando que había logrado desmantelar el proyecto de JBS de mudar su sede a Irlanda para evitar tributar más caro en Brasil y escapar a la persecución de la justicia.

Mafiosos son todos, había sugerido tiempo atrás Mauricio Mascardi Grillo, un alto funcionario policial que participó en las operaciones Lava Jato y Carne Débil.

“Está podrido el sistema político casi que en su conjunto, porque el contubernio entre funcionarios del Estado y empresarios para negocios ilegales es de las cosas más comunes en este país”, dijo casi que en los mismos términos un analista político brasileño.

El poder de las empresas (no sólo de JBS, también de muchas otras) en esos contubernios es gigantesco. Como enorme es su incidencia en la vida política.

Un poder que han adquirido, en gran medida, con apoyo del Estado, en especial del BNDES, el mismo que hoy se queja de haber perdido dinero “por culpa” de JBS pero que controla 24 por ciento de su capital, según destacó recientemente en un informe la revista Galileu.

Fue esta institución estatal creada en 1952 y potenciada como el mayor banco de fomento del país por los gobiernos del Partido de los Trabajadores la que permitió a JBS crecer y crecer dentro y fuera del país, como a otras transnacionales “verde amarelas”, tal el caso de Odebrecht y Vale do Rio Doce, igualmente implicadas en megaescándalos.

Un crecimiento que se fue haciendo, además, sobre las espaldas de los trabajadores y sus fondos de pensión.

Al mismo tiempo que es la mayor productora de carne del mundo y la empresa que más factura en Brasil, JBS es de las compañías que más juicios laborales debe enfrentar en ese país.

A comienzos de junio el diario Folha de São Paulo informó que en 2016 el grupo fue objeto de 34.000 demandas presentadas por sus trabajadores, contra 31.100 el año anterior.

Los juicios se deben en parte a accidentes de trabajo, que aumentaron 11 por ciento de un año a otro, llegando a 2.680.

JBS atribuyó ese dato al crecimiento de su personal, pero el diario recuerda que el número de funcionarios del grupo aumentó menos de uno por ciento en el período.

“Se trata de una de las peores empresas de la industria de la alimentación. Lo que tenemos aquí es una compañía que dicta las reglas y hace y deshace contratos según su conveniencia” dijo a La Rel en 2015 Siderlei de Oliveira, presidente de la Confederación Brasileña Democrática de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (Contac).

Para Artur Bueno de Camargo, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Alimentación (CNTA Afines), “Indigna saber que compañías líderes en el mercado nacional e internacional sean protagonistas de una práctica perversa que pone en riesgo la salud humana, por su ambición.

Prácticas ilegales y sin ética también se aplican a los trabajadores y trabajadoras, los cuales muchas veces se encuentran sometidos a presión psicológica y a ritmos frenéticos de trabajo que generan enfermedades y accidentes laborales, todo en nombre de la maximización de los beneficios”, afirmó Bueno de Camargo.

Si el escenario no es más patético y cruel, se debe a la acción de los sindicatos, sus amplias campañas de denuncias -muchas con el respaldo decidido de la Rel-UITA- y de algunas autoridades, sobre todo del Ministerio Público de Trabajo (MPT), que ha cumplido una destacada actuación.