12
Mayo
2017
Con Carlos Augusto Santos
Víctimas de la impunidad
Nueva ola de violencia en Pará
En Montevideo, Amalia Antúnez
Foto: Nelson Godoy
Líderes campesinos y trabajadores rurales son las principales víctimas de un conflicto agrario que se extiende día a día. El jueves 4, Kátia Martins, líder comunitaria y presidenta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Asentamiento 1 de Janeiro, fue asesinada frente a su nieto de 8 años.
Su muerte se suma a una larga lista que hace de Pará el estado más violento del país. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en 2014 hubo 36 muertes en el marco de conflictos agrarios, llegando a 50 en 2015 y a 61 el año pasado.
La Rel entró en contacto con Carlos Augusto Santos, secretario de Formación y Organización Sindical de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag), para conocer detalles del caso y saber sobre las medidas que tomará la organización frente a un nuevo brote de violencia en el estado.
“En una primera instancia, tanto la Contag como la Federación de Trabajadores de la Agricultura de Pará (Fetagri-PA) brindarán acompañamiento jurídico al proceso de investigación para que se aclare el asesinato de Kátia. Estaremos presionando para que se investigue, se atrape y se juzguen a los autores materiales e intelectuales del crimen”.
El dirigente informó también que la Contag se ha reunido con la Central Única de Trabajadores (CUT) para para promover un debate ampliado sobre la violencia en el campo.´
“Ante este escenario, extremadamente hostil para campesinos y trabajadores rurales, tanto las organizaciones sindicales como el movimiento social en su conjunto necesitan ampliar el debate sobre los conflictos agrarios que derivan en amenazas, atentados y muerte de líderes comunitarios”, señaló.
Ayer se realizó una gran caravana en Castanhal, ante el campamento de la líder rural asesinada como forma de mostrar respaldo al resto de las familias allí asentadas y a los familiares de la víctima.
La Rel entró en contacto con Carlos Augusto Santos, secretario de Formación y Organización Sindical de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag), para conocer detalles del caso y saber sobre las medidas que tomará la organización frente a un nuevo brote de violencia en el estado.
“En una primera instancia, tanto la Contag como la Federación de Trabajadores de la Agricultura de Pará (Fetagri-PA) brindarán acompañamiento jurídico al proceso de investigación para que se aclare el asesinato de Kátia. Estaremos presionando para que se investigue, se atrape y se juzguen a los autores materiales e intelectuales del crimen”.
El dirigente informó también que la Contag se ha reunido con la Central Única de Trabajadores (CUT) para para promover un debate ampliado sobre la violencia en el campo.´
“Ante este escenario, extremadamente hostil para campesinos y trabajadores rurales, tanto las organizaciones sindicales como el movimiento social en su conjunto necesitan ampliar el debate sobre los conflictos agrarios que derivan en amenazas, atentados y muerte de líderes comunitarios”, señaló.
Ayer se realizó una gran caravana en Castanhal, ante el campamento de la líder rural asesinada como forma de mostrar respaldo al resto de las familias allí asentadas y a los familiares de la víctima.
Más concentración de la tierra
Más violencia
“En otro orden de cosas, pero directamente vinculado a los conflictos por la tierra, estamos desarrollando actividades conjuntas con la Asamblea Legislativa del estado de Pará, para dar a conocer algunas medidas tomadas recientemente por el gobierno golpista de Michel Temer que facilitarán considerablemente la extranjerización de las tierras, lo que sin dudas incrementará los ya numerosos conflictos agrarios en la región”, destacó Santos.
A fines del año pasado, Temer presentó al Congreso una medida provisional que permite la venta irrestricta de tierras a extranjeros.
Bajo pretexto de que esto sumaría inversiones al país, el gobierno promueve aún más la concentración de las tierras y favorece al agronegocio, en detrimento de los campesinos, los agricultores familiares y los asalariados rurales.
“Estamos en un contexto completamente desfavorable para los movimientos sociales y sindicales en Brasil, por eso la necesidad de gestionar acciones conjuntas para poder frenar la impunidad imperante en esta tierra de nadie”, concluyó.
A fines del año pasado, Temer presentó al Congreso una medida provisional que permite la venta irrestricta de tierras a extranjeros.
Bajo pretexto de que esto sumaría inversiones al país, el gobierno promueve aún más la concentración de las tierras y favorece al agronegocio, en detrimento de los campesinos, los agricultores familiares y los asalariados rurales.
“Estamos en un contexto completamente desfavorable para los movimientos sociales y sindicales en Brasil, por eso la necesidad de gestionar acciones conjuntas para poder frenar la impunidad imperante en esta tierra de nadie”, concluyó.