“Uruguay ni dio la cara”

A sus casi ochenta años, Jair Krischke es de esos tipos, de esas personas, a los que la muletilla “no necesita presentación” les debería calzar como un guante.

Sin embargo sí la necesita, tal vez por lo que él mismo no se cansa de repetir: “en lo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos la memoria de la gente es siempre corta, y mejor decir una y otra vez las mismas cosas a callar”.

“Tenemos que darnos cuenta de una vez por todas que buena cantidad de jóvenes no saben lo que pasó en nuestros países hace no tanto tiempo y que en cierta manera continúa pasando. Quizás no lo saben porque no se los han enseñado, porque no se los hemos mostrado bien, o porque prefieren prestar atención a otras cosas. Pero es un deber seguir insistiendo”.

Jair Krischke insiste desde hace muchos, muchos años. A fines de los setenta jugó en Brasil un papel cercano al que Belela Herrera jugó en Chile un tiempito antes.

Fue también quien descubrió dónde estaba escondido (en Santana do Livramento) uno de los mayores represores uruguayos, Manuel Cordero, luego extraditado hacia Buenos Aires. Y actuó en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay.

“El salvador de 2.000 vidas”, se le llamó durante un homenaje que le realizó el Senado brasileño en 2011. Salvó a uruguayos, a argentinos, a chilenos.

A Montevideo Krischke llegó nuevamente esta semana para presentar un libro que reconstruye una de las historias en que él tuvo un protagonismo central.

Operación Cóndor. El secuestro de los uruguayos, del periodista Luiz Claudio Cunha, recuerda una de las pocas acciones del plan de cooperación entre las dictaduras conosureñas que “fue documentada mientras se estaba realizando, un delito flagrante cometido por militares y policías brasileños y uruguayos que, gracias a una buena investigación periodística y a las denuncias realizadas a nivel nacional e internacional, no derivó en el asesinato o la desaparición de las víctimas”, dijo a Brecha Krischke.

Cunha, en la época periodista de la revista Veja, hizo la investigación periodística y Jair, cofundador (hoy presidente) del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Rio Grande do Sul, las denuncias que permitieron que la detención, en noviembre de 1978 en Porto Alegre, de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, por entonces militantes del PVP, y de los niños Camila y Francesco Casariego, hijos de Lilián, acabara siendo blanqueada^₁.

Aquí, Jair debía haber gozado de protección oficial. Cuatro meses atrás figuró en una lista de 13 personas amenazadas de muerte, vía email, por el llamado Comando General Pedro Barneix.

Antes de venir a Uruguay el activista pidió una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las propias autoridades de Brasil exigieron que se le dieran “las máximas garantías de seguridad” en Montevideo, pero oficialmente desde acá no se le ofreció nada.

“Es muy lamentable todo esto. El presidente Tabaré Vázquez no se ha pronunciado sobre las amenazas de este comando paramilitar. También fue decepcionante que no hubiera habido representación estatal uruguaya el mes pasado en las sesiones de la CIDH en Buenos Aires. Estuve allí, y ver la silla vacía del Estado uruguayo fue muy fuerte. Ni siquiera Estados Unidos lo hace cuando, por ejemplo, se trata el caso Guantánamo en alguna instancia. Sus representantes dicen cualquier cosa, pero van. Uruguay ni dio la cara”.

También se queja Krischke de que no haya habido investigaciones sobre los integrantes del Comando Barneix. “Dudo mucho que no sepan en el gobierno quiénes son estos tipos. Hasta un adolescente podría llegar a conocer de dónde salieron los correos electrónicos con las amenazas si quiere averiguarlo. Es un problema de voluntad”.

La existencia del comando paramilitar uruguayo es un signo más de que el Cóndor aún vuela, aunque en este caso se trate de un puñado de gente, tal vez de un puñado de viejos, piensa Krischke.

Mejor si es así, pero entonces por qué no dejarlo claro, por qué no desnudarlos. Algo más tiene que haber, dice. Algún pacto. Algo. No ahonda en el caso uruguayo, pero para el caso brasileño tiene la certeza de que el pacto existió desde antes de que el Partido de los Trabajadores (PT) accediera por primera vez al gobierno, con Luis Inácio Lula da Silva, en 2003.

“El día antes de que Lula asumiera, el presidente Fernando Henrique Cardoso había promulgado un decreto que prolongaba el tiempo en que podían permanecer secretos los documentos sensibles de la dictadura. No podía hacerlo, porque eso estaba estipulado en una ley promulgada en la época de Fernando Collor de Mello, y una ley no puede ser modificada por un decreto”.

“Cardoso igual lo hizo. Ingenuamente, yo creí entonces que Lula anularía ese decreto, dejando sin efecto una medida política con otra medida política, pero no fue así. Todo lo que siguió después me demostró que había habido un pacto y que los militares no serían tocados”.  

Desde la caída de la dictadura, en 1985, la impunidad ha sido total en Brasil, sin fisuras. Ni un militar o civil implicado en violaciones a los derechos humanos bajo la larga dictadura de 31 años ha marchado a prisión.

“Peor que en Uruguay, peor que en Chile, mucho peor que en Argentina. Así como dejaron intactas las estructuras económicas, los gobiernos del PT dejaron intacto el aparato represor”.

“Esa impunidad les ha dado alas a los militares del Cóndor, que siguen envalentonados. Y las generaciones más jóvenes de las fuerzas armadas comparten con las más viejas muchas cosas. Entre ellas el silencio: piensan que los archivos no deben ser abiertos, que las investigaciones deben cesar, que mejor dejar las cosas como están. Y eso es particularmente preocupante”.

La academia militar prácticamente no ha cambiado los planes de formación de las nuevas camadas. “Soldados y oficiales continúan siendo instruidos en las tácticas de contrainsurgencia, de inteligencia, que enseñaron los militares franceses” de la época posterior a la guerra de Argelia (véase Brecha, 20-VIII-15) y los yanquis que los sucedieron.

Se les da todavía como ejemplo lo actuado durante la represión de la guerrilla de Araguaia, un foco guerrillero que actuó en el estado amazónico de Pará entre 1972 y 1974 y que tuvo cierto arraigo entre la población local.

“La dictadura mandó tropas a combatirla y no pudo erradicarla. Mandó helicópteros y no pudo. No era una guerrilla formada por gente preparada, más bien lo contrario, pero prendió en la población porque, entre otras cosas, contaba en sus filas con un médico que comenzó a tratar al ‘pueblo de la selva’, a curar a esta gente, por primera vez en su vida”.

Entonces los militares recurrieron a las tácticas de contrainsurgencia, de inteligencia. Sembraron el terror entre los pobladores, entre la base de sustentación de la guerrilla: cuando encontraron al médico, por delación de algún torturado, lo acribillaron y le cortaron los brazos, que clavaron en estacas y expusieron como forma de escarmiento.

Los 60 y pico de militantes del grupo fueron masacrados y hoy están desaparecidos.

Esa historia sigue siendo fuente de inspiración para los mandos militares, quizá con otros objetivos, otros blancos, y aún funciona en la zona selvática de Manaos la escuelita de guerra en la que los uniformados franceses creadores de escuadrones de la muerte difundieron su experiencia africana o asiática.

Hoy a esa escuela la manejan brasileños y a sus cursos asisten militares latinoamericanos, incluidos uruguayos.

Los únicos avances que, desde el Estado, se produjeron bajo los gobiernos del PT en este terreno provinieron de la Comisión Nacional de la Verdad, creada por Dilma Rousseff a fines de 2011, y de una ley de acceso a la información que la ex presidenta promulgó el mismo día que creó ese organismo, dice Krischke.

Luiz Cláudio Cunha participó en la comisión aportando datos sobre el Plan Cóndor.

“Me fui un año después por divergencias políticas con las personas que conducían las investigaciones. A pesar de ello, esta comisión realizó un trabajo muy importante.  Después de dos años de trabajo logró responsabilizar a los cinco generales presidentes del ciclo de la dictadura (Castelo Branco, Médici, Costa e Silva, Geisel y Figueredo) e identificó a más de 300 agentes torturadores, policías, civiles y militares”.

“El informe se entregó al gobierno y nada sucedió. Se investigó, se descubrieron nombres, se detallaron casos y nada sucedió porque Brasil tiene un miedo endémico a tratar el tema de la dictadura”, dijo el periodista en un reportaje publicado el jueves 21 en La Rel (www.rel-uita.org).

Nada ocurrió tampoco, en los hechos, con la ley de acceso a la información. La Comisión de la Verdad le pidió a las Fuerzas Armadas, en un escrito de una carilla, que le detallara los locales militares que habían servido de locales de tortura en los años sesenta y setenta.  

“Y el Ejército gastó más de 450 páginas para decir que no tenía información alguna sobre esos sitios, que no existían. También aseguró que no había archivos de la represión, que habían sido quemados, y nosotros sabemos que no es así, que existen”, dijo Krischke a Brecha.

Krischke y Cunha difieren sobre la magnitud real de la demanda de “retorno a la época militar” que se hizo notar en muchas de las manifestaciones callejeras de protesta de los últimos meses y años en Brasil.

El periodista la minimiza. Piensa que “afortunadamente se trata de una minoría insignificante, de jóvenes ignorantes e inconsecuentes, desinformados, que escucharon por ahí que el regreso de los militares solucionaría las cosas y salen a realizar ese llamado desde su ignorancia de lo que pasó durante una etapa de la historia reciente particularmente brutal”.

Krischke no está tan seguro de que sean tan minoritarios y tan ignorantes quienes así piensan. Y toma como ejemplo el apoyo que ha tenido y tiene Jair Bolsonaro, un ex paracaidista que figuró entre los más votados en las últimas elecciones legislativas (más de 450.000 cariocas lo respaldaron como diputado federal por Río de Janeiro).

Durante el debate parlamentario sobre el impeachment a Dilma Rouseff, Bolsonaro dedicó su voto en favor de la destitución a “los militares de 1964” y a la memoria de Carlos Brilhante Ustra, un general muerto en 2015 acusado de haber torturado, entre muchísimos otros, a la ex presidenta cuando ésta estuvo presa en los setenta.

“En abril pasado, en un encuentro organizado por la Sociedad Hebraica de Río de Janeiro, Bolsonaro dijo que si fuera presidente no le daría ni un centímetro de tierra a los indígenas ni a los negros descendientes de esclavos y sobre todo que en Brasil también habría que matar a 30.000 personas para solucionar los problemas del país”.

“No dijo de qué personas se trataba, pero qué casualidad, es el número de desaparecidos en Argentina. Este tipo, que tiene en la puerta de su despacho parlamentario un afiche que dice ‘sólo los perros buscan huesos’, en alusión evidente a los familiares de desaparecidos, es uno de los diputados con más respaldo, y no oculta para nada su pensamiento”.

“Al contrario, se ha fabricado un personaje público que exalta este tipo de afirmaciones, que promueve la vuelta a la dictadura para combatir la delincuencia y la corrupción, y con eso llega a muchos, atrae a muchos”.

No es que Krischke vea posible un regreso de los militares al poder. “No hay contexto favorable para ello, por supuesto, ni dentro ni fuera de fronteras. Pero además para qué: tienen suficiente poder y el país se está cayendo a pedazos, les sería hasta incómodo hacerse cargo de un Brasil en estas condiciones”, dice.

Pero tampoco ve perspectivas de una “salida democrática sólida por ningún lado”.  “Hay una crisis institucional terrible, casi terminal, y los dirigentes de casi todos los partidos están desprestigiados. Ni hablar el parlamento. Tenemos casi 30 partidos en funcionamiento y 50 más esperando ser reconocidos como tales”.

Y la “desideologización reinante” hace que las bancadas sean muy particulares: las hay “de la bala” (los partidarios del gatillo fácil), de la Biblia (los evangelistas), de la tierra (los terratenientes), y en ellas hay legisladores de muy diversas formaciones políticas.

“Esa fragmentación es también fuente de corrupción, porque los partidos microscópicos pactan con los más grandes a cambio de prebendas, negocian sus apoyos. El PT aseguró que iba a combatir esa lógica y sin embargo se plegó a ella. Uno de sus fundadores, José Dirceu, un ex guerrillero que no tiró un solo tiro, organizó lo que se llamó el mensalao para conseguir la aprobación de proyectos comprando votos de parlamentarios. Terminó en la cárcel”.

“Cosas así pudrieron todo. Y también que el PT gobernara apoyándose en súper empresas, como Odebrecht, OAS, JBS, grandes coimeras y violadoras de los derechos de sus trabajadores, a las que respaldó a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Así no se transforma nada, y eso es lo que hace que a los gobiernos del PT no se les pueda llamar de izquierda”.

En una entrevista anterior con Brecha (10-III-16) Krischke había afirmado que “el progresismo es una forma de engañar a las izquierdas”.

Krischke piensa que el actual momento político de su país es particularmente terrible. “Es terrible que no haya alternativas. Pero así es, y ese es uno de los mayores daños que han hecho estos gobiernos del PT: matar la esperanza”.