15
Agosto
2017
Una columna del senador Jorge Robledo
Unidad para sacar a Colombia de la olla
Jorge Enrique Robledo
senador Jorge Robledo | Foto: lalibertad.com.co
Colombia podría funcionar en niveles bastante más altos de progreso y bienestar, como los de los países más exitosos, porque posee los dos grandes bienes que necesita un país para salir adelante: un gran territorio con abundantes riquezas y una ciudadanía inteligente, trabajadora y creativa como la que más. Pero la verdad es que se encuentra muy lejos de esa condición.
Al menos cuatro realidades demuestran esa lejanía, según lo demuestran por lo menos cuatro grandes realidades.
La primera, de importancia decisiva y poco mencionada, dice que Colombia apenas crea 5.805 dólares de riqueza por habitante al año, mientras que, por ejemplo, el PIB per cápita de Argentina es de 12.449, el de Corea de 27.538 y el de Estados Unidos de 57.446.
Con un agravante: la parte principal del producto no se origina en bienes con valor agregado sino en materias primas agrícolas y mineras, como hace un siglo. ¡Si en algo han fracasado quienes han mandado en el país ha sido en sacarlo de un capitalismo atrasado y enclenque!
En segundo término, Colombia es el octavo país con mayor desigualdad social del mundo, condición que martiriza a una gran proporción de la población y que –aunque sea solo por esto se debería aceptar corregirla– lastra el desarrollo de la economía.
Los ganaderos se arruinan porque no encuentran a quién venderle la leche, mientras que millones de niños en la pobreza no toman leche.
Al mismo tiempo, y en mucho por causa de las condiciones anteriores –que también cimientan las graves fallas en empleo, ingreso, salud, educación, agro e industria–, las peores formas de discriminación social pululan.
A la vista están los maltratos y crímenes contra las mujeres por ser mujeres, y contra los negros, los indios y los LGBTI, también por su simple naturaleza.
Colombia es además uno de los países con más corrupción en el mundo, corrupción que involucra en porciones significativas a la clase política, la burocracia oficial y el sector privado, nacional y extranjero.
Tan grave es el lío que, al decir de Rudolf Hommes, “el problema no es la corrupción, es el sistema político que la ha engendrado y la hace perdurar” (El Tiempo, 2-IV-.17), sistema que viene desde el Frente Nacional y que se pactó con el cálculo de que “los mismos” pudieran gobernar de la peor manera y aun así ganar siempre las elecciones, famosas por sus corruptelas.
A punta de formas corruptas y manipulaciones pueden anquilosar y destruir el agro y la industria, generar desempleo e informalidad, mantener un sistema de salud inicuo, imponer una educación mediocre y, al mismo tiempo, hacer que voten por ellos los trabajadores y los pensionados, los campesinos y los indígenas, los empresarios y los desempleados, los enfermos, los médicos y las enfermeras y los directivos de las IPS y los profesores y los estudiantes.
Es el triunfo de la corrupción y las vivezas a favor de unos pocos y en contra del progreso del país, en los propios términos de la economía de mercado, con lo que se condena a Colombia al subdesarrollo y a vivir de crisis en crisis, incluida la muy grave que se ahonda en la actualidad.
Si los colombianos logran liberarse del acuerdo que intenta convertir las elecciones de 2018 en otro alegato sectario sobre el proceso de paz, las verdades expresadas serán parte fundamental de las controversias, al igual que las propuestas para superar un modelo económico, social y político que tanto daño hace.
Vencer a las candidaturas del continuismo, de los que quieren volver al poder o continuar en él para seguir haciendo lo que les gusta exige acordar un programa que una a la nación –trabajadores, campesinos, clases medias y empresarios–, porque toda ella gane con su ejecución.
Ese programa debe, entre otros aspectos, derrotar la corrupción, recuperar el mercado interno, estimular la creación de riqueza generando más ahorro nacional, disminuir la desigualdad social elevando el ingreso, desarrollar las concepciones democráticas y relacionar a Colombia con el mundo en condiciones en que el país gane con los negocios de todo tipo.
La primera, de importancia decisiva y poco mencionada, dice que Colombia apenas crea 5.805 dólares de riqueza por habitante al año, mientras que, por ejemplo, el PIB per cápita de Argentina es de 12.449, el de Corea de 27.538 y el de Estados Unidos de 57.446.
Con un agravante: la parte principal del producto no se origina en bienes con valor agregado sino en materias primas agrícolas y mineras, como hace un siglo. ¡Si en algo han fracasado quienes han mandado en el país ha sido en sacarlo de un capitalismo atrasado y enclenque!
En segundo término, Colombia es el octavo país con mayor desigualdad social del mundo, condición que martiriza a una gran proporción de la población y que –aunque sea solo por esto se debería aceptar corregirla– lastra el desarrollo de la economía.
Los ganaderos se arruinan porque no encuentran a quién venderle la leche, mientras que millones de niños en la pobreza no toman leche.
Al mismo tiempo, y en mucho por causa de las condiciones anteriores –que también cimientan las graves fallas en empleo, ingreso, salud, educación, agro e industria–, las peores formas de discriminación social pululan.
A la vista están los maltratos y crímenes contra las mujeres por ser mujeres, y contra los negros, los indios y los LGBTI, también por su simple naturaleza.
Colombia es además uno de los países con más corrupción en el mundo, corrupción que involucra en porciones significativas a la clase política, la burocracia oficial y el sector privado, nacional y extranjero.
Tan grave es el lío que, al decir de Rudolf Hommes, “el problema no es la corrupción, es el sistema político que la ha engendrado y la hace perdurar” (El Tiempo, 2-IV-.17), sistema que viene desde el Frente Nacional y que se pactó con el cálculo de que “los mismos” pudieran gobernar de la peor manera y aun así ganar siempre las elecciones, famosas por sus corruptelas.
A punta de formas corruptas y manipulaciones pueden anquilosar y destruir el agro y la industria, generar desempleo e informalidad, mantener un sistema de salud inicuo, imponer una educación mediocre y, al mismo tiempo, hacer que voten por ellos los trabajadores y los pensionados, los campesinos y los indígenas, los empresarios y los desempleados, los enfermos, los médicos y las enfermeras y los directivos de las IPS y los profesores y los estudiantes.
Es el triunfo de la corrupción y las vivezas a favor de unos pocos y en contra del progreso del país, en los propios términos de la economía de mercado, con lo que se condena a Colombia al subdesarrollo y a vivir de crisis en crisis, incluida la muy grave que se ahonda en la actualidad.
Si los colombianos logran liberarse del acuerdo que intenta convertir las elecciones de 2018 en otro alegato sectario sobre el proceso de paz, las verdades expresadas serán parte fundamental de las controversias, al igual que las propuestas para superar un modelo económico, social y político que tanto daño hace.
Vencer a las candidaturas del continuismo, de los que quieren volver al poder o continuar en él para seguir haciendo lo que les gusta exige acordar un programa que una a la nación –trabajadores, campesinos, clases medias y empresarios–, porque toda ella gane con su ejecución.
Ese programa debe, entre otros aspectos, derrotar la corrupción, recuperar el mercado interno, estimular la creación de riqueza generando más ahorro nacional, disminuir la desigualdad social elevando el ingreso, desarrollar las concepciones democráticas y relacionar a Colombia con el mundo en condiciones en que el país gane con los negocios de todo tipo.