Una buena

La mayoría del plenario del Frente Amplio (FA), la coalición en el gobierno, resolvió, tras muchos meses de discusiones internas, que la incorporación al acuerdo era contraria a sus “bases programáticas”.

El presidente Tabaré Vázquez –una vez, no es costumbre- acató la decisión y el 8 de setiembre en Uruguay el TISA ya era historia.

“En lo relativo a la inserción internacional las definiciones de la coalición son diferentes a la posibilidad de participar en un TISA”, resolvió el FA, recordando que “siempre defendió” que su política en la materia sería “impulsada desde la plataforma Mercosur”, y no en solitario.

“Los países como Uruguay, individualmente, tienen escasas condiciones de competir y de influir. La integración constituye un imperativo para lograr una inserción internacional más eficiente y generar un mayor poder negociador”, dice la resolución.

Este pequeño país de apenas 3,5 millones de habitantes se había sumado a las negociaciones del acuerdo, que involucra a unas 50 naciones (las 28 de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Israel, Liechtenstein, México, Panamá, Paraguay, Pakistán, Perú y Taiwán, entre otros), casi en secreto, en 2013, por una decisión en solitario del gobierno del presidente José Mujica.

La central sindical única PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios y toda una serie de movimientos sociales se pronunciaron desde un primer momento en contra de la incorporación al TISA.

Entendían que acuerdos de libre comercio como este y otros están concebidos para generar estructuras que benefician esencialmente a las empresas transnacionales a partir de una normativa y unas estructuras jurídicas en las que los estados pierden todo control sobre las decisiones.

El TISA apunta - es su razón de ser- a que las partes signatarias abran su sector de servicios a la competencia, excluyendo naturalmente cualquier medida que vaya en dirección de una discriminación positiva en favor de las empresas nacionales.

Concede, es cierto, el derecho a sus miembros de fijar “listas negativas” de servicios que pueden eventualmente quedar excluidos del acuerdo, pero esas listas deben ser consensuadas con los demás integrantes.

Le hubiera sido muy difícil a Uruguay mantener por fuera del pacto, como era al parecer la intención de sus negociadores, a los monopolios estatales en sectores como la electricidad y el agua, y fundamentalmente las telecomunicaciones.

Prácticamente nada se sabe de los textos negociados, que como todos sus similares (el acuerdo Transpacífico, el TTIP entre la UE y Estados Unidos y otros) se están discutiendo en un marco de absoluto secreto.

Lo poco que se conoce es que, también al igual que esos acuerdos, el TISA prevé que cualquier litigio (por ejemplo entre un estado parte y una empresa) se dirima en el marco del CIADI, una institución dependiente del Banco Mundial instalada en Estados Unidos que tiene por hábito laudar en favor de las transnacionales.

Se sabe en segundo lugar que cuando se creó el TISA desde el pique quedó clara la voluntad de excluir tanto a China (el principal socio comercial del Mercosur) como a los BRICS, un bloque de cinco integrado entre otros por Brasil, la locomotora del acuerdo sureño.

Se sabe igualmente, por filtraciones que han podido ser sistematizadas, entre otros por Wikileaks, que Estados Unidos y la UE, los negociadores de lejos más fuertes, han propuesto que “las partes deben detallar los ámbitos en los que existen monopolios y comprometerse a eliminarlos o a reducir su alcance”.

“Si Uruguay hace algo así –y le sería muy difícil no hacerlo- estaría entregando áreas clave de su economía”, considera el PIT-CNT, al igual que los sectores mayoritarios del FA.

“Son esos, precisamente, algunos de los sectores más apetecibles de la economía nacional para las transnacionales y al pueblo uruguayo bien que le costó oponerse –lo logró mediante plebiscitos- a que su empresa de telecomunicaciones y los servicios públicos de agua fueran privatizados”, señaló la central sindical.

Otra propuesta de los dos grandes bloques occidentales engloba dentro del acuerdo a las políticas monetarias y cambiarias de los bancos centrales de los países signatarios y al mercado de los seguros, y una tercera apunta a impedir medidas que limiten la acción de los proveedores de servicios financieros en los países signatarios, sean del origen nacional que sean.

Cuando el gobierno del que formaba parte decidió involucrarse en las negociaciones del TISA, en diciembre de 2013, Roberto Kreimerman fue uno de los dos ministros del Ejecutivo del presidente Mujica que puso el grito en el cielo.

Kreimerman fue, de hecho, en mayo pasado, una de las personalidades identificadas con el Frente Amplio firmantes de una carta abierta en la que se califica al TISA de “antidemocrático”, “secretista” y “peligroso para el país”.

“Ante las resistencias encontradas en las negociaciones en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, las grandes potencias y las empresas transnacionales han impulsado en las últimas décadas una agenda de extrema liberalización y desregulación que procura el avance del mercado por sobre la lógica tradicional del accionar del Estado en beneficio de la producción, de los sectores populares y como motor de acciones estratégicas para el desarrollo nacional”, destaca la carta.

Nunca hubiera debido este pequeño país ingresar en esa trampa, dijo por su lado Kreimerman en una entrevista que le realizó en junio pasado el semanario Brecha.

“Cuando repasamos los 15 sectores que están en juego en el TISA, prácticamente en todos tendría que haber lista negativa, porque prácticamente en todos hay problemas para el país”, dice, y enumera algunos de esos sectores: telecomunicaciones, educación, servicios financieros, salud, ambiente, calificaciones técnicas, relaciones laborales…

“El acuerdo tiene un primer aspecto: rompe el esquema de negociación en el que los países en desarrollo podían tener ciertas ventajas, y sólo trata los temas en que los países desarrollados son más competitivos”.

La normativa negociada hace que los estados signatarios se vean expuestos “a los juicios de las empresas, no sólo si se obstaculiza el comercio, sino si se disminuyen sus beneficios.

Si se le da un subsidio a una rama de la educación pública, debería darse ese subsidio también a las empresas privadas”, ejemplifica para destacar el peligro de que los países no pueden determinar de manera autónoma sus propias políticas.

Tras enumerar los riesgos de que Uruguay siguiera formando parte del grupo negociador del TISA, la carta abierta de mayo concluía: “La permanencia de nuestro país en las negociaciones tiene (…) fuertes impactos en materia de su inserción internacional. Implica un movimiento de apertura irrestricta al resto del mundo y de debilitamiento del espacio regional como ámbito de referencia. Una eventual adhesión del país a este tipo de acuerdos conllevaría importantes daños a nuestra estrategia de desarrollo”.

El peligro, por el momento habría sido evitado, a menos que Uruguay se embarque, como podría ser el caso, en otros TLC...