21
Marzo
2017
Brasil a la deriva
Un barco sin timonel ni marineros
Raúl Zibechi
Foto: Gerardo Iglesias
Días densos, sobrecargados en un Brasil a la deriva. Días de reforma laboral y de las pensiones, ambas retrógradas, que se suman al Lava Jato, que involucra a los líderes del gobierno y de la oposición, a cinco ministros, a diez gobernadores, a los presidentes del Senado y Diputados y a una porción aún no establecida de representantes electos.
Lo que termina de desarmar la operación Lava-Jato es la arquitectura de una gobernabilidad realista, tanto entre los políticos que ocupan actualmente el Palacio de Planalto como entre los que pretendan ocuparlo en el futuro inmediato.
La reforma de las pensiones implica pérdidas de derechos y sobre todo mayores dificultades para jubilarse manteniendo los mismos beneficios. Penaliza a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, pero en particular a las mujeres.
Eleva hasta los 65 años la edad para jubilarse en todos los casos y amplía progresivamente hasta los 70 años las condiciones para recibir la Base de Prestación Continuada (que cobran las personas incapacitadas o con ingresos mínimos). Uno de los peores cambios es que desvincula el monto de las pensiones del salario mínimo.
Los años de contribución para poder jubilarse suben de 15 a 25, pero serán necesarios 49 años de aportes para poder recibir una pensión completa.
La reforma afecta más a los más débiles, sobre todo a los precarios en un país donde más del 40 por ciento de los trabajadores no poseen cobertura previsional.
Se prevé que casi la mitad de las mujeres y el 30 por ciento de los varones no alcanzarán los 25 años de contribución cuando lleguen a los 65.
El gobierno argumenta que la reforma es urgente por tres motivos: la “bomba demográfica”, la caída de la recaudación fiscal por la crisis y el déficit del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La evolución demográfica indica que la población mayor de 60 años pasará del 10 por ciento en 2013 al 33 en 2060, con una tercera edad más longeva y una fuerte caída de la natalidad que reduce año a año la población activa joven.
Nada que no suceda en el resto del mundo. En paralelo, debe considerarse que todos los sistemas de pensiones son deficitarios, lo que no sirve como argumento para recortar derechos.
Según el análisis de la economista Adriana Marcolino, de la CUT, la previsión social no está quebrada y es el sector financiero el que más presiona para recortar derechos.
Por dos motivos: porque se ampliará el número de personas que se trasladen al sistema privado y porque se liberará gastos del presupuesto para pagar los intereses de la deuda interna, que tienen en la banca uno de sus principales acreedores.
Otros sectores del empresariado apoyan la reforma porque se reducirán las alícuotas que pagan las compañías para financiar las pensiones de sus empleados.
La reforma laboral eleva la jornada de 44 horas semanales, tope que establece la Constitución, a 220 horas mensuales, como si cada mes tuviera cinco semanas o 35 días.
En paralelo se universaliza el modelo de tercerización, de modo que en una cadena de montaje de la industria automotriz todos los trabajadores podrán pertenecer a terceras empresas, lo que hará más difícil la sindicalización.
Por otro lado, disminuye el papel de la Justicia del Trabajo en la protección de los derechos laborales y flexibiliza el pago de las horas extra.
La reforma de las pensiones implica pérdidas de derechos y sobre todo mayores dificultades para jubilarse manteniendo los mismos beneficios. Penaliza a todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, pero en particular a las mujeres.
Eleva hasta los 65 años la edad para jubilarse en todos los casos y amplía progresivamente hasta los 70 años las condiciones para recibir la Base de Prestación Continuada (que cobran las personas incapacitadas o con ingresos mínimos). Uno de los peores cambios es que desvincula el monto de las pensiones del salario mínimo.
Los años de contribución para poder jubilarse suben de 15 a 25, pero serán necesarios 49 años de aportes para poder recibir una pensión completa.
La reforma afecta más a los más débiles, sobre todo a los precarios en un país donde más del 40 por ciento de los trabajadores no poseen cobertura previsional.
Se prevé que casi la mitad de las mujeres y el 30 por ciento de los varones no alcanzarán los 25 años de contribución cuando lleguen a los 65.
El gobierno argumenta que la reforma es urgente por tres motivos: la “bomba demográfica”, la caída de la recaudación fiscal por la crisis y el déficit del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
La evolución demográfica indica que la población mayor de 60 años pasará del 10 por ciento en 2013 al 33 en 2060, con una tercera edad más longeva y una fuerte caída de la natalidad que reduce año a año la población activa joven.
Nada que no suceda en el resto del mundo. En paralelo, debe considerarse que todos los sistemas de pensiones son deficitarios, lo que no sirve como argumento para recortar derechos.
Según el análisis de la economista Adriana Marcolino, de la CUT, la previsión social no está quebrada y es el sector financiero el que más presiona para recortar derechos.
Por dos motivos: porque se ampliará el número de personas que se trasladen al sistema privado y porque se liberará gastos del presupuesto para pagar los intereses de la deuda interna, que tienen en la banca uno de sus principales acreedores.
Otros sectores del empresariado apoyan la reforma porque se reducirán las alícuotas que pagan las compañías para financiar las pensiones de sus empleados.
La reforma laboral eleva la jornada de 44 horas semanales, tope que establece la Constitución, a 220 horas mensuales, como si cada mes tuviera cinco semanas o 35 días.
En paralelo se universaliza el modelo de tercerización, de modo que en una cadena de montaje de la industria automotriz todos los trabajadores podrán pertenecer a terceras empresas, lo que hará más difícil la sindicalización.
Por otro lado, disminuye el papel de la Justicia del Trabajo en la protección de los derechos laborales y flexibiliza el pago de las horas extra.
Recortes y agregados
Trabajar más, cobrar menos
Hay más. En los hechos, la jornada laboral puede extenderse hasta 12 horas, el contrato temporal podría sobrepasar los 90 días actuales y los aportes de los afiliados a los sindicatos entrarían también en la negociación, lo que tiende a debilitarlos. En suma, el tipo de ofensiva anti-trabajadores y anti-sindicatos que vemos en todo el mundo.
Por eso, el miércoles 15 de marzo la centrales que se oponen a las reformas laboral y de pensiones (hay algunas que las apoyan) convocaron a una jornada de huelga general, que se sintió sobre todo en el transporte.
Estas reformas aumentarán la desigualdad en uno de los países más desiguales del mundo.
La ciudad de San Pablo es un buen ejemplo. Un estudio sobre la esperanza de vida en los diferentes barrios basado en el Mapa de la Desigualdad del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) aporta datos escandalosos.
En los barrios más ricos, como Alto de Pinheiros y Jardim Paulista, la esperanza de vida supera los 79 años. Pero en Cidade Tiradentes es de apenas 53 y en otros dos barrios periféricos no supera los 54.
Más de 25 años separan la esperanza de vida de unos y otros. Dicho de otra manera: los ricos viven casi un 50 por ciento más que los más pobres. A eso hay que sumarle la falta de agua de calidad y los niveles pésimos de los sistemas de salud y enseñanza en los barrios postergados.
Tanta violencia y regresión
Y sin embargo no se mueve
Y sobre esa tremenda desigualdad, sobrevienen las reformas que echan abajo los avances de la última década.
Ante semejante situación, se amontonan las preguntas, pero sobre todo una: ¿por qué no se produce un estallido social o manifestaciones millonarias en asistentes como las de junio de 2013?.
Las huelgas y manifestaciones del 15 de marzo fueron importantes, masivas en algunas ciudades y sectores, mostrando un amplio descontento con un gobierno que tiene niveles de aprobación en torno a 10 por ciento, similares a los de Dilma Rousseff cuando arreciaban las movilizaciones para destituirla.
Sin embargo, todo indica que no serán suficientes para frenar la ofensiva conservadora.
Menos aún para tirar abajo un gobierno débil, que debe caer porque además de ilegítimo y de sus políticas antipopulares está atravesado por la corrupción.
Lo que quiero decir, es que los gobiernos no caen por manifestaciones, por más masivas que sean.
Sobre todo los gobiernos de derecha que se apoyan en los grupos empresariales poderosos, en los grandes medios, en el sistema financiero y en las fuerzas armadas.
El ciclo de luchas que deslegitimó al neoliberalismo llevó a las calles a las clases medias y a los más oprimidos, a trabajadores formales y profesionales junto a indígenas y negros. Fue, en suma, la confluencia de los explotados y los oprimidos, con fuerte protagonismo de las mujeres.
En el caso de Brasil, la impresión es que mientras las camadas más pobres del mundo del trabajo no se vuelquen a la calle, o sea los y las faveladas, por poner un ejemplo, será muy difícil revertir la oleada conservadora.
Pero la irrupción de ese “más abajo”, aunque deseable, no parece inminente.
Ante semejante situación, se amontonan las preguntas, pero sobre todo una: ¿por qué no se produce un estallido social o manifestaciones millonarias en asistentes como las de junio de 2013?.
Las huelgas y manifestaciones del 15 de marzo fueron importantes, masivas en algunas ciudades y sectores, mostrando un amplio descontento con un gobierno que tiene niveles de aprobación en torno a 10 por ciento, similares a los de Dilma Rousseff cuando arreciaban las movilizaciones para destituirla.
Sin embargo, todo indica que no serán suficientes para frenar la ofensiva conservadora.
Menos aún para tirar abajo un gobierno débil, que debe caer porque además de ilegítimo y de sus políticas antipopulares está atravesado por la corrupción.
Lo que quiero decir, es que los gobiernos no caen por manifestaciones, por más masivas que sean.
Sobre todo los gobiernos de derecha que se apoyan en los grupos empresariales poderosos, en los grandes medios, en el sistema financiero y en las fuerzas armadas.
El ciclo de luchas que deslegitimó al neoliberalismo llevó a las calles a las clases medias y a los más oprimidos, a trabajadores formales y profesionales junto a indígenas y negros. Fue, en suma, la confluencia de los explotados y los oprimidos, con fuerte protagonismo de las mujeres.
En el caso de Brasil, la impresión es que mientras las camadas más pobres del mundo del trabajo no se vuelquen a la calle, o sea los y las faveladas, por poner un ejemplo, será muy difícil revertir la oleada conservadora.
Pero la irrupción de ese “más abajo”, aunque deseable, no parece inminente.
