08
Diciembre
2016
Con Jair Krischke
Se espera un recrudecimiento del aparato represor
En Montevideo, Amalia Antúnez
Jair Krischke | Foto: Nelson Godoy
En vísperas de un nuevo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, La Rel conversó con Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre (MJDH) y asesor de la Rel-UITA, sobre la situación de estos derechos en Brasil.
Es de público conocimiento la crisis social, económica, política e institucional que vive el norteño país.
Recientemente afectado por un proceso de destitución presidencial y en medio de sonados casos de corrupción que afectan la alta dirigencia del PMDB y el PT además de a la mayoría de los miembros del Congreso Nacional, Brasil aparece sumergido en actos de protesta social y consecuente represión.
Para Krischke la situación de vulnerabilidad creciente de los derechos humanos se remonta al gobierno de Dilma Rousseff cuando fue aprobada la cuestionable Ley Antiterrorismo que abrió las puertas al aparato represor de las policías militares.
“Todo se remonta a las protestas por el Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, cuando el gobierno de Rousseff autorizó a los militares a desplegar sus fuerzas contra los civiles, permitió la ocupación de las favelas; y abrió las puertas para la represión que hoy recrudeció por la grave crisis que vive el país”, señaló.
Según informó el activista, decenas de brasileños enfrentan juicios en tribunales militares por desacato, en plena democracia, pero de eso nadie habla nada.
En su momento esta ley fue duramente cuestionada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por considerar que se trata de una ley “que incluye disposiciones y definiciones demasiado vagas e imprecisas, lo que no es compatible con la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos”.
“Tales ambigüedades pueden dar lugar a un margen muy amplio de discrecionalidad al aplicar la ley, lo que puede causar arbitrariedades y un mal uso de las figuras legales que contempla”, agregó.
El representante de ACNUDH destacó la necesidad de que Brasil garantice los derechos a las libertades de reunión y asociación pacífica y a la libertad de expresión, entre otros, en el contexto de la lucha contra el terrorismo.
“Las disposiciones del proyecto por sí solas no garantizan que dicha ley no sea usada contra manifestantes y defensores de derechos humanos”, expresó el comisionado de la ONU.
“Con el clima de constante efervescencia y protesta social se espera un recrudecimiento del aparato represivo del Estado y por lo tanto una mayor probabilidad de que sean violados los derechos humanos de los brasileños”.
“Se trata de un tema que trasciende a los partidos políticos, he visto gobiernos estaduales y municipales de izquierda cargar contra civiles y estudiantes y eso es muy preocupante”, lamenta Krischke.
Recientemente afectado por un proceso de destitución presidencial y en medio de sonados casos de corrupción que afectan la alta dirigencia del PMDB y el PT además de a la mayoría de los miembros del Congreso Nacional, Brasil aparece sumergido en actos de protesta social y consecuente represión.
Para Krischke la situación de vulnerabilidad creciente de los derechos humanos se remonta al gobierno de Dilma Rousseff cuando fue aprobada la cuestionable Ley Antiterrorismo que abrió las puertas al aparato represor de las policías militares.
“Todo se remonta a las protestas por el Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, cuando el gobierno de Rousseff autorizó a los militares a desplegar sus fuerzas contra los civiles, permitió la ocupación de las favelas; y abrió las puertas para la represión que hoy recrudeció por la grave crisis que vive el país”, señaló.
Según informó el activista, decenas de brasileños enfrentan juicios en tribunales militares por desacato, en plena democracia, pero de eso nadie habla nada.
En su momento esta ley fue duramente cuestionada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por considerar que se trata de una ley “que incluye disposiciones y definiciones demasiado vagas e imprecisas, lo que no es compatible con la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos”.
“Tales ambigüedades pueden dar lugar a un margen muy amplio de discrecionalidad al aplicar la ley, lo que puede causar arbitrariedades y un mal uso de las figuras legales que contempla”, agregó.
El representante de ACNUDH destacó la necesidad de que Brasil garantice los derechos a las libertades de reunión y asociación pacífica y a la libertad de expresión, entre otros, en el contexto de la lucha contra el terrorismo.
“Las disposiciones del proyecto por sí solas no garantizan que dicha ley no sea usada contra manifestantes y defensores de derechos humanos”, expresó el comisionado de la ONU.
“Con el clima de constante efervescencia y protesta social se espera un recrudecimiento del aparato represivo del Estado y por lo tanto una mayor probabilidad de que sean violados los derechos humanos de los brasileños”.
“Se trata de un tema que trasciende a los partidos políticos, he visto gobiernos estaduales y municipales de izquierda cargar contra civiles y estudiantes y eso es muy preocupante”, lamenta Krischke.
La cuestión indígena
Una deuda histórica del Estado
Hay una población mucho más vulnerable a la violencia sistemática del Estado brasileño y se trata de los pueblos originarios.
Sobre ellos Krischke relató el reciente caso del pueblo indígena Kaingang que ocupó una reserva natural llamada Morro do Osso en busca de territorio, pues están siendo desplazados por agricultores.
“Estamos con el caso de la comunidad indígena Kaingang en la órbita de la justicia. Este pueblo originario llegó al Morro do Osso a reclamar su territorio ancestral y fueron desalojados por la municipalidad de Porto Alegre. Cuando solicitaron nuestra ayuda eran alrededor de 35 adultos y 50 niños. La situación de indefensión y de desnutrición de los pequeños es desgarradora”, relata.
El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) ha denunciado graves retrocesos en la política de demarcación de los territorios indígenas que datan de los anteriores gobiernos y que se han profundizado este último tiempo.
“El gobierno de Michel Temer quiere colocar al frente de la Fundación Nacional del Indio (Funai) a un militar que nada tiene que ver con el mariscal Cândido Rondon, un defensor de las comunidades originarias, pero fue en los gobiernos de Rousseff donde menos se hizo por la cuestión indígena. Algo que ya es histórico”, recordó.
Consultado acerca de la situación general de los derechos humanos en Brasil, Krischke dispara: “El gran responsable por la vulneración de los derechos humanos es el Estado brasileño, el federal, el estadual y el municipal.
Pero también es responsabilidad de nosotros los activistas por los derechos humanos informar y asesorar a las víctimas de violaciones”.
Y concluye: “no podemos confundir asistencia social con derechos humanos, son cosas bien diferentes, tenemos que estar preparados para enfrentar todo lo que se nos viene, pero solo no podremos”.
Sobre ellos Krischke relató el reciente caso del pueblo indígena Kaingang que ocupó una reserva natural llamada Morro do Osso en busca de territorio, pues están siendo desplazados por agricultores.
“Estamos con el caso de la comunidad indígena Kaingang en la órbita de la justicia. Este pueblo originario llegó al Morro do Osso a reclamar su territorio ancestral y fueron desalojados por la municipalidad de Porto Alegre. Cuando solicitaron nuestra ayuda eran alrededor de 35 adultos y 50 niños. La situación de indefensión y de desnutrición de los pequeños es desgarradora”, relata.
El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) ha denunciado graves retrocesos en la política de demarcación de los territorios indígenas que datan de los anteriores gobiernos y que se han profundizado este último tiempo.
“El gobierno de Michel Temer quiere colocar al frente de la Fundación Nacional del Indio (Funai) a un militar que nada tiene que ver con el mariscal Cândido Rondon, un defensor de las comunidades originarias, pero fue en los gobiernos de Rousseff donde menos se hizo por la cuestión indígena. Algo que ya es histórico”, recordó.
Consultado acerca de la situación general de los derechos humanos en Brasil, Krischke dispara: “El gran responsable por la vulneración de los derechos humanos es el Estado brasileño, el federal, el estadual y el municipal.
Pero también es responsabilidad de nosotros los activistas por los derechos humanos informar y asesorar a las víctimas de violaciones”.
Y concluye: “no podemos confundir asistencia social con derechos humanos, son cosas bien diferentes, tenemos que estar preparados para enfrentar todo lo que se nos viene, pero solo no podremos”.
El gran responsable por la vulneración de los derechos humanos es el Estado brasileño, el federal, el estadual y el municipal.
Pero también es responsabilidad de nosotros los activistas por los derechos humanos informar y asesorar a las víctimas de violaciones.
No podemos confundir asistencia social con derechos humanos, son cosas bien diferentes, tenemos que estar preparados para enfrentar todo lo que se nos viene, pero solo no podremos.