“¿Qué más hay que hacer para que el presidente Cartes reaccione?”

Con el paso de los días, a los 10 iniciales se les fueron sumando otros, hasta llegar a los 24 actuales, pero ni el patrón de la compañía, un diputado oficialista, ni el gobierno hacen caso a sus reclamos.

No piden mucho los 24 crucificados, ni 16 de sus compañeros que mantienen una huelga de hambre frente a la sede del Ministerio de Trabajo: apenas que se restituya a 51 choferes despedidos el 22 de junio pasado, un día después de haber constituido una organización sindical para luchar por una mejora de sus atroces condiciones de trabajo.

Pero en el Paraguay de hoy, gobernado por un mega empresario sin escrúpulos como Horacio Cartes, que dijo en varias ocasiones que en su país los sindicatos sobraban, es mucho pedir que se reconozca a una organización gremial y que se exija a un patrón respetar los derechos de sus trabajadores, máxime cuando ese patrón es un aliado político.

“Es tanto el poder que tiene el señor que es dueño de la línea 49, el diputado Celso Maldonado, que el gobierno nada hace para resolver esta situación, los otros sindicatos tampoco se mueven, la mayoría de los partidos miran para otro lado y nos encontramos solos”, dijo a La Rel Juan Villalba, presidente de la Federación Paraguaya de Transporte.

Los trabajadores de la Línea 49 de la empresa La Limpeña habían apelado repetidas veces al gobierno, e incluso a Cartes, para que se obligara a la empresa a respetar cosas tan elementales como los horarios legales de labor (se les hacía trabajar hasta 18 horas), se les pagara un sueldo justo, se les abonara horas extras, se reconociera su derecho a la seguridad social…
Pero ninguna autoridad intervino en su auxilio.

Es más: la demanda de reconocimiento al Sindicato de La Limpeña fue interpuesta el 30 de junio ante el Ministerio de Trabajo. No tuvo respuesta. Hace 15 días la reiteraron y sigue sin ser respondida

A los diez trabajadores que lanzaron la protesta en los primeros días de julio se agregaron de a dos o tres en las semanas siguientes, incluyendo la esposa de un chofer. Los cuatro últimos se sumaron hace unos días.

Todos tienen sus manos clavadas a cruces con clavos de más de una palma de largo, y varios de ellos se cosieron también los labios con clavos curvos. Algunos se plantean, además, dejar de comer, como ya lo están haciendo sus compañeros instalados en una carpa de plástico frente al ministerio.

Los crucificados están a 15 kilómetros de allí, en las afueras de la sede de La Limpeña.  

Las visitas más constantes que reciben en la carpa que es su casa desde hace más de dos meses son de sus compañeros y familiares, de algunos vecinos, de algunos trabajadores de otros sindicatos, de unos pocos legisladores y dirigentes políticos y de curas que trabajan con las poblaciones más pobres.

También los asiste regularmente un médico que es concejal en la ciudad de Luque, un habitué de las luchas obreras locales.
Uno de los crucificados dijo a una agencia de prensa internacional en agosto que “el sentimiento religioso y la convicción de estar en lo justo y de que sólo con estas medidas” pueden lograr algo de dignidad es lo que los mantiene llevando a cabo una medida tan extrema.

“Es poca la solidaridad que reciben. Estamos solos”, repite lamentándose Villalba.

“Es increíble cómo Maldonado y el gobierno han comprado a la mayor parte de la prensa, a políticos, y también –es lo más penoso– a sindicalistas. Se da el lujo no sólo de despedir a empleados por pretender agruparse sino que estando la empresa en huelga contrató a 50 trabajadores, cosa que legalmente no puede hacer, y el Ministerio de Trabajo mira para otro lado”.

“Para coronar el todo, por una maniobra sucia y cobarde que realizó Maldonado y que se concretó únicamente por el poder que este hombre tiene, cuatro dirigentes del Sindicato de La Limpeña están hoy presos en la cárcel de Tombuctú. Uno de ellos hace huelga de hambre”.

Una de las pocas movilizaciones de solidaridad más o menos masivas con los crucificados que tuvieron lugar en estos dos meses, en agosto pasado, fue salvajemente reprimida por la policía.

Francisco Oliva, el octogenario sacerdote español que hace tanto tiempo vive en Paraguay acompañando las luchas de los más pobres y que bien conocen los lectores de La Rel, está también entre quienes más apoyo brindan a estos trabajadores.


“En Paraguay hace tiempo que está en marcha un proceso de criminalización de las luchas sociales. Estamos viviendo como en los tiempos de la dictadura militar”, dice el sacerdote, compartiendo los términos de una carta abierta dirigida al presidente Cartes.

“Desde una mirada crítica a la situación nacional, se va cumpliendo  lo que expresó usted de que los sindicatos no hacen falta en la sociedad, con lo cual va confirmando lo que la mayoría de los empresarios y autoridades manifiestan: que el trabajo humano es una simple mercancía, como en la Edad Media”, afirma esta carta, elaborada en solidaridad con los choferes crucificados.

“El  mandato de la solidaridad humana y la defensa indeclinable de los  derechos humanos nos exige a reclamarle su pronta  intervención. En caso   contrario nos veremos obligados a recurrir  al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, donde usted, presidente, cuenta con un representante”, señala el mensaje.

Villalba calcula que el Ejecutivo de Cartes no va a ceder y que juega a que todo se vaya acallando y la indiferencia general no se quiebre.

Una protesta similar, con crucifixión, huelga de hambre y acampada incluidas, realizada en 2013 por choferes de otra línea de transporte, la 30, no conmovió al gobierno de la época. Un trabajador falleció tiempo después a raíz de esa medida y el hecho pasó casi desapercibido.

“El gobierno espera a que también aquí muera alguien. Es muy importante que haya movilizaciones fuera del país, que la solidaridad internacional juegue a fondo”, clama el presidente de la Federación de Transporte.

“Hay que acorralar al presidente, obligarlo a que actúe. ¿Qué más habría que hacer que crucificarse para que Cartes reaccione?”.