“Pensaron que matando a Berta iban a detener nuestra lucha, pero no han podido”

-¿Cómo afectó el asesinato de Berta Cáceres?
-En una etapa muy difícil. Llevamos casi un cuarto de siglo de lucha (nacimos en marzo de 1993), pero en los últimos años hemos recibido golpes muy duros, como el asesinato de la compañera Berta y el sicariato judicial que están padeciendo muchos compañeros.

A Berta la habían amenazado incluso políticos de alto nivel, como la señora Gladis Aurora López, vicepresidenta del Congreso Nacional y presidenta del gobernante Partido Nacional, que tiene una serie de concesiones en el departamento de La Paz.

También había sido amenazada por Mario Pérez, secretario del Congreso, diputado por el departamento de Santa Bárbara, y por el alcalde Raúl Pineda, de la corporación municipal de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.

Como Copinh hemos venido exigiendo que se instale una comisión internacional para que lleve a cabo una investigación transparente y minuciosa sobre el asesinato de Berta.

También exigimos a la comunidad internacional, sobre todo al Parlamento Europeo, que cancele definitivamente el financiamiento a la hidroeléctrica DESA, que está detrás del asesinato de la compañera, a través de bancos holandeses y finlandeses, y a la empresa alemana Siemens que deje de vender turbinas a la compañía.

-Gran parte del territorio hondureño está concesionado…
-Sí, el 35 por ciento del territorio nacional, y todo el territorio Lenca, está concesionado a transnacionales para explotaciones mineras, proyectos hidroeléctricos, parques eólicos, ciudades modelo.

Hemos pedido justamente a la comunidad internacional que presione al gobierno de Juan Orlando Hernández para suprimir esas concesiones.

El gobierno dice que va a implementar consultas a la ciudadanía, pero en los hechos lo invalida porque ya concesionó esos territorios. Es lo primero que hacen siempre: concesionan y luego dicen que van a consultar. Y el pueblo Lenca ya se ha pronunciado en contra de esas concesiones.

Las ciudades modelo son otra aberración: son como un Estado dentro del Estado, donde proyectan residir los empresarios más poderosos del mundo, con leyes propias, moneda propia, policía propia, normas comerciales propias.

-En Honduras hay de hecho una dictadura…
-Sí, porque no funciona el sistema de justicia y la corrupción permea todo en favor de las oligarquías, una corrupción institucionalizada favorecida por los más altos cargos del gobierno.

Hernández cumple al pie de la letra las directrices de los grandes organismos financieros internacionales y del Departamento de Estado. Y los pobres, los indígenas no interesan. A nosotros el Estado nos reserva un solo trato: la criminalización.  

Nos acusan de sedición, de terrorismo, nos condenan. Beneficiamos de medidas cautelares de protección, pero es pura teoría.

-De todas maneras vuestra lucha ha sido exitosa en algunos planos.
-Sí, a través de las luchas hemos logrado titulación de tierras, programas de educación bilingüe, montamos una escuelita de enfermería, construimos escuelas, centros de salud, carreteras.

También pudimos hacer funcionar cinco radios comunitarias y vamos por la sexta, que nos sirven para informar sobre lo que pasa en nuestros pueblos. Los aparatos oscuros del propio gobierno nos han amenazado por hacer este tipo de comunicación.

Los grandes medios son voceros de la oligarquía, del gobierno, de las transnacionales, y por supuesto no informan de las injusticias que pasan en las comunidades, de la violación cotidiana de los derechos humanos que padecemos.

-¿En qué están las investigaciones por el caso de Berta Cáceres?
-En nada. Hay detenidos sólo algunos chivos expiatorios, para tranquilizar a la gente y evitar que se movilice tanto. Los responsables intelectuales están tranquilos. Se burlan de todos nosotros.

A Berta la mataron los poderosos, los de arriba, y su crimen ha quedado impune porque esos poderosos y los políticos que los respaldan compran al sistema judicial.

Pensaron que matando a Berta iban a detener nuestra lucha, pero no han podido.