30
Junio
2017
Venezuela | Sociedad | ANÁLISIS

No repetir los “errores” del socialismo real

Raúl Zibechi | Especial para Rel-UITA
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Imagen: LT10  

En Venezuela no hay una dictadura, como pretenden la derecha, los medios hegemónicos y los aliados de Washington. Aún en los momentos de mayor polarización, funcionan las libertades democráticas de reunión, manifestación y opinión, como puede apreciar cualquier persona sensata. Pero tampoco vive un proceso revolucionario hacia el socialismo, como aseguran buena parte de las izquierdas y los intelectuales progresistas.
Una revolución se caracteriza por la existencia de poderes populares (soviets en Rusia, comunas en China, CDR en Cuba…) independientes del Estado y de los partidos, aunque en ciertos momentos puedan apoyar a unos y otros.

Parece necesario desmontar algunas afirmaciones y discursos que omiten los análisis y que deben ser matizadas para evitar caer en simplismos porque la primer tarea que debemos asumir para transformar el mundo es verlo sin deformaciones.

La primera es que, efectivamente, Estados Unidos “estaría” interesado en un cambio de régimen en Caracas.

Esta posición no es unánime en Estados Unidos y hay serias contra-tendencias. Goldman Sachs acaba de comprar 2.800 millones de dólares en bonos de PDVSA, la empresa más importante de Venezuela y clave de bóveda de la gobernabilidad, que vencen en 2022 y fueron adquiridos con un descuento del 70 por ciento de su precio de mercado.

¿Por qué lo hizo, cuando implica una bolsa de oxígeno al gobierno de Nicolás Maduro? La derecha venezolana reaccionó furiosa a una decisión que tuvo que ser consultada con el gobierno estadounidense.

Es evidente que la principal empresa mundial de inversiones no piensa en una caída rápida del gobierno venezolano, al que de hecho refuerza. De estos negocios no hablan quienes dicen que el imperio quiere derrocar al gobierno bolivariano.

Más aún, algunos de los tenedores de cantidades importantes de bonos de deuda de PDVSA son empresas yanquis como BlackRock, Rowe Price, Fidelity, JPMorgan Chase y Ashmore, estrechamente vinculadas al capital financiero anglosajón.

Venezuela necesita dinero fresco y se lo pide al capital más voraz del mundo.

Un antiimperialismo ambiguo
Contradicciones en el discurso
“Los inversionistas saben bien que el año pasado, incluso con el grave deterioro de la situación económica en Venezuela, el gobierno efectuó pagos por miles de millones de dólares a inversionistas extranjeros que tienen bonos de la empresa petrolera” (The New York Times, 2 de junio de 2017).

El discurso antimperialista del gobierno venezolano no se condice con este tipo de negocios o, por lo menos, resulta contradictorio. Más grave aún es que las izquierdas compren estos discursos sin el menor cuestionamiento, respaldando todo lo que se hace desde el poder sin siquiera matizarlo.

La segunda cuestión es que la derecha estaría empeñada en voltear al gobierno. Una parte sin duda lo está. Pero gran parte del poder económico tiene acuerdos con ese gobierno, en particular grandes empresas que se han beneficiado del dólar barato o hacen importantes negocios con el Estado.

En los hechos, grandes empresas venezolanas como Polar, principal productora de alimentos del país, mantienen estrechas relaciones con el gobierno.

Polar es fabricante de Harina PAN, el principal producto de alimentación de los venezolanos, y de la mayor cervecería del país.
En ocasiones la producción de sus tres plantas de harina se paraliza por falta de materia prima.

Venezuela importa el maíz necesario para la harina, ya que la producción agrícola está en caída y no puede abastecer el mercado interno. En 2017 el campo producirá sólo el 70 por ciento de lo cultivado el año pasado, periodo en el que apenas logró atender el 50 por ciento del consumo nacional.

Nicolás Maduro
¿Un juguete de las mafias?
El 95 por ciento de las exportaciones son petróleo y el grueso de las importaciones son alimentos. Esta es una de las claves de la crisis actual. Cada vez que hemos intentado discutir esto con las autoridades venezolanas, eluden la cuestión.

La política oficial, según el ex ministro chavista Roland Denis, “solo ha favorecido a banqueros, grandes importadores, cadenas monopólicas y transnacionales”, a quienes se les han entregado miles de millones de dólares a precios preferenciales (Aporrea, 11 de enero de 2017).

Por eso sostiene que “Maduro no es dictador sino juguete de las mafias” formadas por viejos empresarios clientelistas y nuevos burócratas estatales.

No se explica, dice, por qué un gobierno también antimperialista como el boliviano de Evo Morales no enfrenta una situación económica como la de Venezuela, aunque tiene importantes yacimientos de minerales estratégicos y reservas hidrocarburíferas.

La tercera cuestión se relaciona con los aparatos represivos. El núcleo del poder en Venezuela son los militares.

“La tercera parte de los ministros y la mitad de los gobernadores son militares, y están en lugares muy críticos de la gestión pública, donde ha habido mayores niveles de corrupción: la asignación de divisas, los puertos, la distribución de alimentos”, señala Edgardo Lander (Aporrea, 23 de marzo de 2017).

El poder verde
Los militares, el meollo
Se han creado empresas militares en espacios estratégicos y altos mandos controlan sectores clave del aparato productivo y de administración.

Según Lander, sociólogo que estuvo involucrado con los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, “que estén en manos de militares hace más difícil que sean actividades transparentes, que la sociedad sepa qué es lo que está pasando”.

En segundo lugar, está la cuestión estrictamente represiva. Los dos principales aparatos encargados del orden interno son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La primera es un órgano civil, cuenta con unos 16.000 efectivos y depende directamente del Ministerio de Relaciones Interiores. La segunda cuenta con 70.000 agentes y forma parte de las fuerzas armadas.

Debe decirse que el ejército no participa directamente en la represión, aunque ambas están subordinadas a las fuerzas armadas.

Por otro lado están los “colectivos” que son grupos irregulares que se mueven en moto, protegidos por el poder político y militar, participan en negocios ilegales y operan como grupos de choque que atacan a manifestantes opositores.

En dos meses de manifestaciones de la oposición, muy violentas en varias ciudades, se produjo la muerte de casi cien manifestantes. La mayor parte de esos muertos fueron provocados por los “colectivos” y por miembros de los aparatos represivos estatales.

En Venezuela se registra una creciente militarización, que lleva a un control burocrático-militar de la sociedad.

Esta tendencia, ¿no la hemos visto en las revoluciones del siglo XIX? ¿Tenemos la voluntad política y ética de rechazar esta suerte de neo-estalinismo o miraremos para el costado para “no darle argumentos a la derecha”?