Mujeres se movilizan para defender sus vidas

De enero a agosto se han contabilizado 37 asesinadas por el hecho de ser mujeres. Activistas feministas, de derechos humanos, comunicadores, analistas, integrantes de partidos políticos de oposición y algunos medios de información han hecho eco sobre cómo detener este flagelo y la necesidad de identificar las razones del aumento de asesinatos y la saña con que se están ejecutando.

Entre las principales razones expresadas por grupos de feministas está la precaria aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779 promulgada en junio de 2012, cuya reglamentación fue reformada en julio de 2014 para incluir procesos de mediación entre víctimas y victimarios de violencia intrafamiliar, así como la desaparición en enero del 2016 de las Comisarías de la Mujer que brindaban protección a las mujeres que denunciaban vivir violencia y ordenaban el alejamiento obligatorio del victimario.

A la falta de políticas públicas que den respuesta a esta pandemia, el gobierno y sus dirigentes callan y la Policía Nacional se refiere “a homicidios comunes o asesinatos pasionales” para no reconocer los casos de feminicidios como tales, mientras que la dirigencia gubernamental levanta como política inclusiva el hecho que la mitad de personas al servicio del Estado sean mujeres, y por la creación de organizaciones barriales que promueven el entendimiento de las parejas que viven violencia, con el objetivo de promover y mantener la “unidad familiar”.

Sin embargo, según las feministas, esta “unidad familiar” promovida desde el gobierno, junto con la reforma al reglamento de la Ley 779 que incluye la mediación como parte del proceso de denuncia entre las partes afectadas, ha causado más casos de violencia y el aumento de casos de feminicidios.

“Hay un retroceso en materia penal, las reformas y el reglamento de la ley 779 vienen a mutilar la ley misma y eso tiene un impacto concreto.

Por un lado la saña con que se está asesinando a las mujeres y por otro, que ellas no encuentran la respuesta institucional que es la que está fallando y nos encontremos con crímenes tan atroces, pues muchas de esas mujeres interpusieron denuncias y no fueron protegidas adecuadamente, y la respuesta de los agresores, en vez de detener la violencia, es mayor la saña y el extremo que es el feminicidio”, expresó a Noticias Aliadas, Juanita Jiménez, directora ejecutiva del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAN).

 
Las Comisarías de la Mujer, en las que participaban distintas instituciones públicas y organizaciones de mujeres de la sociedad civil, eran un modelo que “implicaba todo un proceso de priorización y de especialización de las situaciones de violencia e incluía obligaciones de los funcionarios en los distintos niveles.

Una mujer que denunciaba una situación de violencia en primer lugar tenía que ser protegida y esa protección implicaba una serie de trámites a nivel institucional, por ejemplo las medidas de protección para evitar de que el hombre la matara o para evitar de que se agudizara la situación de violencia”, explica Jiménez.

“En este modelo de atención integral, la Policía, que alojaba las Comisarías, y el Ministerio Público, como representante de las víctimas, hacían una serie de trámites encaminados a acelerar el proceso de denuncia, valorar los riesgos que la mujer tenía, por ejemplo mecanismos de protección, como los albergues que estaban o están en las organizaciones de mujeres y había una priorización, ya fuera para detener al agresor o para establecer medidas de protección, las medidas precautelares, y eso implicaba prohibiciones especificas a los hombres que incluían su salida de la casa o la detención misma, dependiendo de los hechos que se establecían”, aclara Jiménez.

De ahí que una de las líneas de acción que demanda el movimiento de mujeres sea el restablecimiento de las Comisarías de la Mujeres y la anulación de las reformas a la Ley 779, en cuanto a los procesos de mediación.

“El objetivo del gobierno, de hacer desaparecer las comisarías y las reformas de intermediación, denota su falta de compromiso hacia los derechos de las mujeres y eso se deriva desde la penalización del aborto, cuando con la mayoría de votos de la bancada sandinista, en la Asamblea Nacional, se penalizó el mismo, en el 2016.

Esto es parte de la misma práctica de venir desmantelando todo lo que se ha venido construyendo desde las organizaciones civiles y las organizaciones de mujeres, en materia de derechos humanos hacia las mujeres”, analiza Jiménez

“Urgen medidas institucionales para frenar esta ola de violencia contra las mujeres. Necesitamos políticas de prevención contra la violencia; que funcione la Comisión Interinstitucional para que se aplique correctamente la Ley 779.

Requerimos que re reabran las Comisarias de la Mujer y presupuesto para aplicar la Ley 779 que salva las vidas de las mujeres”, expresó en redes sociales Sandra Ramos, del Movimiento María Elena Cuadra.

 
Para el movimiento de mujeres, en la práctica, la política del gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, es de misoginia, pues tiene un enfoque religioso y basado en la familia que refuerza la cultura machista que las mujeres organizadas han atacado durante más de tres décadas.

El actual régimen, considera, los programa impulsados por las Comisarias de la Mujer y la Ley 779 como instrumentos en contra de su política gubernamental, “pues lo que quieren es establecer no solo un discurso sino una práctica donde las mujeres no somos dueñas de nuestros propios derechos, sino la institución familiar, pero no la familia democrática, sino la familia tradicional, conservadora, machista es la que debe prevalecer, en la que las mujeres tenemos un rol de sometimiento y no sujetos de derecho.

No es casual el desmontaje institucional de protección a las mujeres; tiene que ver con ese modelo del gobierno de fortalecer la familia desde una perspectiva tradicional, misógena”, coinciden mujeres entrevistadas.

El recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres se refuerza también por el enfoque amarillista de los medios de comunicación en el tratamiento al tema de los feminicidios, según expresó a Noticias Aliadas, Gema Manzanares, del grupo de jóvenes feministas EnRedadas, Tecnología para la Igualdad.

“Siento que la sociedad se está desensibilizando y tiene que ver con la sobreexposición de los casos de asesinatos a mujeres, la utilización de los detalles más escabrosos para atraer la atención del espectador.

Cuántas veces en estas últimas semanas [10 al 27 de agosto] se nos ha dicho que no se encuentra la cabeza de Karla Rostrán [la mujer decapitada por su expareja el pasado 10 de agosto], cuántas imágenes sociales se han construido alrededor de su decapitamiento, todo el mundo está en vilo para saber cuándo se encuentra la cabeza. Es un detalle escabroso que ha prevalecido en la agenda de los medios sobre el tema del feminicidio”.

Como respuesta a esta ola de feminicidios, el movimiento de mujeres convocó para el 24 de agosto la realización de movilizaciones simultáneas en todo el país, denominadas “Marchas del Silencio”, a las cuales se invitó a vestirse de rojo como símbolo del “alto” a la violencia machista.

“La marcha en sí es una marcha simbólica que tuvo participación de muchas jóvenes” indicó Jiménez. “Más mujeres están saliendo a defender sus propias vidas. Hubo también varones en la marcha aunque fueron minoría.

Es importante que salgan más varones y que demanden respeto a los derechos de las mujeres. Creemos que esa dinámica de que haya gente pronunciándose, no sólo desde el feminismo, sino de otros sectores de mujeres y hombres no organizados y salgan a decir alto al feminicidio, es importante para revertir esta cultura de muerte hacia las mujeres”.