01
Febrero
2017
Con Cleber Buzzato
Los pueblos indígenas y la socialización del terror
En Brasilia, Gerardo Iglesias
Cleber Buzzato | Foto: Gerardo Iglesias
“Son reconocidos a los indios su organización social, costumbres lenguas, creencias y tradiciones,
y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas,
proteger y hacer respetar todos sus bienes” (Constitución de la República Federativa del Brasil, Art. 231).
y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas,
proteger y hacer respetar todos sus bienes” (Constitución de la República Federativa del Brasil, Art. 231).
La situación de las comunidades nativas ya era mala bajo los gobiernos anteriores, pero la llegada al poder de Michel Temer ha empeorado las cosas, y hoy los pueblos indígenas corren peligro incluso de perder derechos arduamente conquistados a lo largo de décadas, dijo a La Rel Cleber Buzzato, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionario (CIMI).
-Se puede decir que los pueblos indígenas en Brasil nunca han estado tan mal…
-Solo en la época más cruenta de la dictadura militar. Vivimos hoy una serie de ataques bien organizados y muy violentos contra los pueblos, sus comunidades, sus líderes, y contra los derechos consagrados en la Constitución de Brasil.
Quienes los protagonizan son sectores capitaneados por el agronegocio que representan intereses de conglomerados empresariales tanto de capital nacional como internacional y que además ocupan gran parte de los escaños del Congreso, dejándolo bastante desequilibrado.
Se valen de esa fuerza político-económica para anular derechos conquistados por los pueblos en la Constitución de 1988.
-Este escenario alerta sobre el grave riesgo de que los pueblos indígenas sufran enormes reveses históricos.
-Hay varias herramientas que se están utilizando. Por ejemplo, las Propuestas de Enmienda Constitucional (PEC). La PEC 215 es la más conocida, pero otras buscan destruir los derechos de los pueblos indígenas para satisfacer los intereses del capital, la agroindustria, la minería, los contratistas.
Al mismo tiempo, asistimos a un recrudecimiento de las formas de violencia contra las comunidades y sus líderes en diversas regiones del país.
En el caso de Mato Grosso do Sul, se ha visto una sucesión de ataques paramilitares comandados por los agricultores locales, con heridos, muertos y torturados.
Estos ataques tienen como objetivo desalojar a varias comunidades indígenas de manera extrajudicial y amenazar a los líderes, especialmente de los pueblos Guaraní Kaiowá, que buscan la demarcación de sus tierras.
En Maranhão, donde las tierras de los pueblos indígenas son constantemente invadidas con fines de explotación y tala ilegal de árboles, se observa un incremento en la saña con que se comenten los asesinatos.
Muchos indígenas asesinados fueron previamente mutilados, se les cortó las orejas y la lengua, se les arrancó la piel.
Están socializando el terror y generando un odio enorme contra los pueblos indígenas.
Lo que quieren es intimidar a los líderes, generar temor en las comunidades para que éstas desistan de la defensa de sus derechos, especialmente cuando se trata de la demarcación de sus tierras y la protección de sus territorios.
En Rondonia hay casos de tierras ya demarcadas y regularizadas que están siendo invadidas y asignadas de manera ilegal. Los invasores esperan la aprobación de la PEC 215 para legitimar sus ocupaciones.
Doble omisión del Estado
Impunidad y desprotección
-Y la impunidad es total…
-Efectivamente. Todo esto se lleva a cabo con absoluta impunidad. El Estado no toma ninguna medida. Y cuando la Policía Federal opera lo hace con el objetivo de criminalizar a los pueblos indígenas y arrestar a sus líderes.
En Rio Grande do Sul fueron detenidos siete líderes indígenas en una mega-operación en la que se recurrió a helicópteros, caballos, perros y unos 300 hombres contra una comunidad pequeña, frágil que lucha por la demarcación de sus tierras.
Se da un fenómeno de doble omisión del Estado. Por un lado, es omiso en la lucha contra los actos de violencia cometidos contra los indígenas, y al mismo tiempo no hace respetar los derechos de los pueblos, ya sea en la demarcación de sus tierras o en la protección de las mismas.
-La antropóloga Manuela Carneiro da Cunha habla de una presión constante no sólo de la bancada ruralista, sino también de los evangélicos.
-Sí, hay una fuerte presión de grupos vinculados al fundamentalismo religioso.
Tenemos informaciones de que en el gobierno de Michel Temer, la Fundación Nacional del Indio (Funai) fue entregada al PSC, partido de matriz fundamentalista religiosa. Este partido quiere colocar a un militar a cargo de la Funai.
Por lo tanto, existe una fuerte asociación entre los ruralistas y los fundamentalistas religiosos, que buscan que el Estado central tome posición contra los pueblos indígenas.
Esto va en contra de la Constitución de 1988, que establece la obligación de respetar, reconocer y proteger las creencias, tierras, culturas, lenguas y tradiciones de los nativos.
Al parecer, el gobierno de Temer pretende implementar una especie de militarismo, volviendo al pensamiento más brutal del conquistador-colonizador, que convierte todo y a todos en cosas sometidas a los intereses del capital.
-Efectivamente. Todo esto se lleva a cabo con absoluta impunidad. El Estado no toma ninguna medida. Y cuando la Policía Federal opera lo hace con el objetivo de criminalizar a los pueblos indígenas y arrestar a sus líderes.
En Rio Grande do Sul fueron detenidos siete líderes indígenas en una mega-operación en la que se recurrió a helicópteros, caballos, perros y unos 300 hombres contra una comunidad pequeña, frágil que lucha por la demarcación de sus tierras.
Se da un fenómeno de doble omisión del Estado. Por un lado, es omiso en la lucha contra los actos de violencia cometidos contra los indígenas, y al mismo tiempo no hace respetar los derechos de los pueblos, ya sea en la demarcación de sus tierras o en la protección de las mismas.
-La antropóloga Manuela Carneiro da Cunha habla de una presión constante no sólo de la bancada ruralista, sino también de los evangélicos.
-Sí, hay una fuerte presión de grupos vinculados al fundamentalismo religioso.
Tenemos informaciones de que en el gobierno de Michel Temer, la Fundación Nacional del Indio (Funai) fue entregada al PSC, partido de matriz fundamentalista religiosa. Este partido quiere colocar a un militar a cargo de la Funai.
Por lo tanto, existe una fuerte asociación entre los ruralistas y los fundamentalistas religiosos, que buscan que el Estado central tome posición contra los pueblos indígenas.
Esto va en contra de la Constitución de 1988, que establece la obligación de respetar, reconocer y proteger las creencias, tierras, culturas, lenguas y tradiciones de los nativos.
Al parecer, el gobierno de Temer pretende implementar una especie de militarismo, volviendo al pensamiento más brutal del conquistador-colonizador, que convierte todo y a todos en cosas sometidas a los intereses del capital.
Aumento de las tensiones
Un gobierno con mentalidad militar y colonial
-¿Cómo manejan ustedes la frustración generada por el fracaso de los gobiernos anteriores en resolver los problemas de los pueblos indígenas?
-El CIMI siempre ha mantenido una posición crítica e independiente en relación a los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Sobre todo fuimos muy críticos con el gobierno de Dilma, que hizo poco y nada en dar consistencia a los derechos de los pueblos indígenas.
Era necesario cambiar el status de las poblaciones indígenas, pero durante la gestión de Rousseff se produjo un retroceso en las demarcaciones de tierras.
Con el actual gobierno, las tensiones que ya existían han aumentado considerablemente. Casi no hay diálogo con los pueblos indígenas, existe una paralización total de las demarcaciones y se están perdiendo derechos ya conquistados, por no mencionar el aumento de la violencia contra los líderes indígenas y sus comunidades.
Katia Abreu, la ministra de Agricultura de Dilma, era una acérrima defensora del agronegocio y del uso de agrotóxicos, pero ante el advenimiento del golpe se manifestó firme partidaria de Dilma y de la democracia, a pesar de que el sector que representaba en el gobierno se volvió contra la presidenta. Hoy, Abreu es un cadáver político.
-¿Hay algún legislador indígena en el Parlamento?
-Ha habido un incremento de los representantes indígenas en ayuntamientos municipales. Son seis los alcaldes indígenas electos. Pero no hay ningún diputado estadual o federal, y mucho menos senadores indígenas en el Congreso.
Esa situación refuerza aún más la importancia y la necesidad de actuar, incidir e informar a la comunidad internacional, en especial a la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo.
También es cierto que el gobierno de Brasil busca mostrar una imagen más positiva en el exterior, por lo que creemos que tendrá en cuenta la presión externa.
El Parlamento Europeo acaba de instar al gobierno de Temer a que respete los tratados internacionales y de derechos humanos de los cuales Brasil es signatario.
-El CIMI siempre ha mantenido una posición crítica e independiente en relación a los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Sobre todo fuimos muy críticos con el gobierno de Dilma, que hizo poco y nada en dar consistencia a los derechos de los pueblos indígenas.
Era necesario cambiar el status de las poblaciones indígenas, pero durante la gestión de Rousseff se produjo un retroceso en las demarcaciones de tierras.
Con el actual gobierno, las tensiones que ya existían han aumentado considerablemente. Casi no hay diálogo con los pueblos indígenas, existe una paralización total de las demarcaciones y se están perdiendo derechos ya conquistados, por no mencionar el aumento de la violencia contra los líderes indígenas y sus comunidades.
Katia Abreu, la ministra de Agricultura de Dilma, era una acérrima defensora del agronegocio y del uso de agrotóxicos, pero ante el advenimiento del golpe se manifestó firme partidaria de Dilma y de la democracia, a pesar de que el sector que representaba en el gobierno se volvió contra la presidenta. Hoy, Abreu es un cadáver político.
-¿Hay algún legislador indígena en el Parlamento?
-Ha habido un incremento de los representantes indígenas en ayuntamientos municipales. Son seis los alcaldes indígenas electos. Pero no hay ningún diputado estadual o federal, y mucho menos senadores indígenas en el Congreso.
Esa situación refuerza aún más la importancia y la necesidad de actuar, incidir e informar a la comunidad internacional, en especial a la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo.
También es cierto que el gobierno de Brasil busca mostrar una imagen más positiva en el exterior, por lo que creemos que tendrá en cuenta la presión externa.
El Parlamento Europeo acaba de instar al gobierno de Temer a que respete los tratados internacionales y de derechos humanos de los cuales Brasil es signatario.
Muchos indígenas asesinados fueron previamente mutilados, se les cortó las orejas y la lengua, se les arrancó la piel.
Están socializando el terror y generando un odio enorme contra los pueblos indígenas.
Lo que quieren es intimidar a los líderes, generar temor en las comunidades para que éstas desistan de la defensa de sus derechos, especialmente cuando se trata de la demarcación de sus tierras y la protección de sus territorios.