Los Asterix del fin del mundo

“Echamos nada menos que a Monsanto. Fuimos miles, nos necesitamos. Para apoderarnos de un triunfo que aterroriza a los dueños del mundo. Para reconocernos como luchadores por la vida, por la transformación de la realidad. Para darnos cuenta de que la organización popular mueve montañas”, agregaba el texto, colgado en la página en Facebook de la agrupación Malvinas Lucha por la Vida.

El triunfo había sido confirmado dos semanas antes, cuando representantes de la transnacional y la intendenta de Malvinas Argentinas, Silvina Gómez, anunciaban que el predio de 30 hectáreas en el que Monsanto proyectaba su megaplanta había sido vendido.

“Hay que celebrar esta gran victoria, que es también la de todos los que luchan contra el extractivismo”, proclamaba entonces Vanina Barboza, integrante de la Asamblea de Vecinos, al informar que el domingo 4 habría “fiesta en el pueblo”.

Malvinas Argentinas es un pequeño municipio de poco más de 12.000 habitantes, ubicada a alrededor de 15 kilómetros de la capital cordobesa, de la cual es prácticamente una ciudad dormitorio.

No hubiera tenido mayor trascendencia de no haber mediado la intención de la mayor compañía productora de transgénicos del mundo, la estadounidense Monsanto, de instalar en una zona rural de las cercanías una gigantesca planta de almacenamiento y clasificación de semillas de maíz transgénico, anunciada como la más grande del planeta en ese rubro.

El proyecto, presentado en 2012, fue aprobado por la entonces presidenta Cristina Fernández y Monsanto se echó a andar. Compró el predio y envió maquinaria al poco tiempo para comenzar las obras.

A los vecinos nadie los consultó. Se enteraron de los planes por la televisión, pero decidieron informarse y luego organizarse. De las reuniones que mantuvieron, en locales cada vez más grandes, surgió Malvinas Lucha por la Vida.

La nueva agrupación se contactó con otras asociaciones vecinales y regionales, como las Madres del Barrio Ituzaingó, una localidad cordobesa que había padecido en carne propia las fumigaciones masivas e incontroladas realizadas sobre plantaciones de soja transgénica ubicadas en las cercanías de viviendas y centros escolares.

También se relacionaron con médicos que habían trabajado en pueblos fumigados.

Lo que averiguaron en todos esos contactos les fue suficiente para oponerse decididamente al proyecto de Monsanto e increpar al entonces intendente de la ciudad, Daniel Arzani, que justificaba la instalación de la megaplanta por la creación de “cientos de puestos de trabajo imprescindibles para una población necesitada como esta”.

Los argumentos de Arzani convencieron al principio a parte de los pobladores de Malvinas Argentinas, pero los resistentes fueron ganando terreno a medida que la información sobre el prontuario de Monsanto y otras transnacionales del sector fue circulando y que se fue conociendo la realidad de pueblos relativamente cercanos y de otras provincias.

La lucha contra el proyecto fue creciendo en intensidad: de las reuniones se pasó al corte de rutas, y del corte al acampe a la entrada del predio, que se extendió por meses. A menudo las medidas de lucha se combinaban.

Se promovió también un plebiscito para que los habitantes se pronunciaran por “sí” o por “no” a Monsanto, rechazado por las autoridades locales, provinciales y nacionales.

Y en setiembre de 2013 se realizó el festival “Primavera sin Monsanto”, al que fueron invitados organizaciones sociales de todo el país, artistas y “científicos solidarios con las luchas de los pueblos fumigados”.

Entre estos últimos estuvo Andrés Carrasco, un biólogo molecular de muy alto nivel que en sus últimos años de vida recorrió Argentina denunciando los efectos del glifosato y de otros agrotóxicos sobre la salud de los seres humanos y la complicidad de la mayor parte de la “comunidad científica con los planes de expansión y la legitimación de los transgénicos”.

Carrasco moriría unos meses después, en 2014, tras haber ventilado las presiones que ejercieron sobre él autoridades de gobierno y universitarias, las campañas de desprestigio lanzadas contra su persona a nivel internacional por colegas ligados a laboratorios que trabajan para las grandes empresas e incluso ataques y amenazas.

Una de las primeras victorias que obtuvieron los vecinos de Malvinas Argentinas provino sin embargo de la academia, cuando en 2013 tres universidades de alcance nacional se pronunciaran en contra de los planes de Monsanto.

Entre esas universidades estaba la cordobesa de Río Cuarto, que se sumó a la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos para resistir a otro proyecto de la transnacional, que pretendía montar una estación experimental en la localidad. La intendencia municipal terminó dándoles la razón y prohibiendo la iniciativa de Monsanto.

La lucha pagó, y las victorias se fueron sumando: en enero de 2014, la justicia paralizó la construcción de la planta, y un mes después el gobierno cordobés consideró que el proyecto de impacto ambiental presentado por la empresa era técnicamente muy insuficiente.

La transnacional no cejó de todas maneras en sus intentos, y de cuando en cuando mandaba a esbirros a atacar a los vecinos acampados. La policía local también hacía lo suyo, con periódicas represiones.

Pero tal fue el impacto del combate de la pequeña aldea del interior cordobés que otra megaempresa, Syngenta, abandonó a mediados de 2015 su plan de instalar una fábrica en Villa María. Las asambleas vecinales vieron ese anuncio como una victoria propia.

La pequeña Malvinas Argentinas, como la aldea de Asterix y Obelix que se oponía al imperio romano en los confines de la Galia, se convirtió en definitiva en símbolo de resistencia a una gigantesca transnacional que acumula más poder y dinero que varios países juntos.

Ese poder y ese dinero se evidenciaron nuevamente en estos últimos días, cuando la Televisión Pública argentina (¡la televisión pública!) comenzó a emitir programas semanales sobre el campo auspiciados por Monsanto.

Locos por el campo, tal el título de esta serie que se presenta bajo forma de documentales, apunta, según sus promotores, a “acercar el campo a la ciudad de una manera amigable y entretenida, como un certero reflejo de lo que es la actividad agropecuaria en la Argentina”.

La serie pone en escena a un personaje central, Fernando, que recorre las zonas rurales visitando chacras, granjas, tambos, entrevistando a productores grandes, medianos y pequeños.

El barbado Fernando es torpe y cómico, y se presenta como un “bicho de ciudad” a quien todo lo rural le es ajeno pero ve con admiración.

“¿Cómo definiría al campo argentino?”, le pregunta en uno de los programas el actor a una productora rural. “Como ecoprogreso. Para nosotros el ecoprogreso es producir cuidando la ecología”, dice ella, según consigna el diario Página 12. El logo de Monsanto se inscribe notoriamente en la pantalla.

La historia de megacompañía que recientemente fue adquirida por Bayer está muy lejos de esa visión idílica. Decenas de organizaciones ecologistas del mundo entero la designaron años atrás como una de las empresas más nocivas para el ambiente.

En octubre pasado funcionó en La Haya, Holanda, un Tribunal a Monsanto en el que se presentaron casos de contaminación provocados por la transnacional en diferentes partes del mundo (Argentina, Brasil, México, Canadá, India, Alemania, EstadosUnidos, Dinamarca, Australia) y que derivaron en tragedias ambientales y humanas.

La idea de los promotores de la iniciativa consistió en armar un corpus suficientemente sólido de evidencias científicas y testimonios como para que la Corte Internacional de La Haya reconozca la responsabilidad concreta de Monsanto en los casos denunciados y en otros y que además incorpore el delito de “ecocidio”, de crimen contra el ambiente.

En Locos por el campo, por el contrario, Monsanto queda asociada al “respeto por el medio ambiente”, con la complicidad explícita del gobierno argentino.