Las masacres, una forma perversa de la violencia

El conflicto tiene como trasfondo el tema de las tierras públicas en la Amazonia, con una larga historia de apropiación ilegal por parte de terratenientes locales (grilagem) y la falta de compromiso del Estado para regularizar la situación, lo que ha llevado a una alarmante ola de violencia contra campesinos y campesinas que luchan por un espacio para trabajar.

La Rel conversó con el sacerdote Paulo César Moreira, coordinador nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), para saber en qué instancia está la investigación de estos crímenes en la coyuntura actual de Brasil.

“Varias iniciativas están siendo llevadas adelante por diferentes organismos de derechos humanos, teniendo en cuenta la gran fragilidad que estas comunidades están viviendo luego del golpe institucional y del clima de violencia que asola todo el campo brasileño”, dijo el religioso.

“En lo que va de este año ya se dieron dos grandes masacres y varias muertes que tienen como denominador común los conflictos agrarios”, lamentó.

Moreira informó que en el caso de la masacre de Pau D’Arco se están realizando diversas audiencias en la búsqueda de aclarar lo sucedido. El grupo de campesinos se está organizando y cuenta con el respaldo de organizaciones que están presionando al Estado para que las investigaciones sean creíbles.

La Procuraduría General de Derechos Ciudadanos, la CPT, el Consejo de Derechos Humanos Nacional, las organizaciones Humanos Derechos y Justicia Global, entre otras, respaldan las acciones de los campesinos y exigen a las autoridades competentes un esclarecimiento de los hechos.

“El grupo de campesinos y campesinas está regresando a las tierras en disputa a pesar de las amenazas que penden sobre varios, porque para ellos esto es una causa, de esta forma demuestran que no quieren que esas tierras sean del latifundio.

Vuelven sin muchas garantías porque Pará es un estado donde la impunidad y la violencia son pan de todos los días”, señaló.

Según Moreira la situación en Pará continúa muy tensa. Cualquier tipo de denuncia que se haga es fuertemente rechazada incluso en las esferas políticas y policiales.

“Hay un clima de persecución a los testigos del crimen y a las familias de las víctimas. El accionar de estas organizaciones requiere de gran coraje y compromiso porque la presión es muy grande.

Inclusive en la Asamblea Legislativa del estado, cuando el diputado Carlos Bordalo quiso exponer el informe de la masacre en el orden del día, fue agredido por otro diputado federal. Es una violencia que quiere acallar cualquier tipo de denuncia que trate sobre la gravedad de esta masacre”.

Para el coordinador de la CPT, en Brasil existe un problema estructural de violencia a partir de la lucha por la tierra. La historia colonial, esclavista y de genocidio de los pueblos indígenas y la misma ley de tierras que prohíbe, luego de la abolición de la esclavitud que los negros compren tierras, están fuertemente arraigadas aún en la cultura del país.

“Hay una historia de castas y de oligarquía que se extiende hasta estos días y que está representada en el actual Congreso Nacional.

No hay representación del pueblo pero sí de los ruralistas, de la industria armamentista y minera, de los banqueros y de iglesias y grupos económicos. Todos ellos, además, profesan un discurso altamente violento, intolerante y todos han tomado una gran fuerza después del golpe”.

El sacerdote afirma que el actual gobierno de Michel Temer es ilegítimo porque no cuenta con el aval popular y porque está claramente al servicio de los grandes empresarios nacionales e internacionales.

“En este contexto la bancada ruralista aprovecha para extender las fronteras agrícolas y abrir espacios para el agronegocio, local y extranjero, con fuerte impacto en los territorios de la Amazonia, ricos en maderas, minerales, agua, etcétera”, dijo.

Los pueblos indígenas y los campesinos que luchan por la tierra “sufren una violencia extremamente perversa que en 2017 se manifiesta en forma de masacres, y esto se da porque existe una falta total de compromiso por parte del Estado con estas comunidades y por la obscena impunidad imperante”.

Debido a la fragilidad institucional interna del país las denuncias internacionales son fundamentales para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo en Brasil.

“El agronegocio se presenta como una salvación pero la verdad es que es una puerta abierta a la violencia, que se manifiesta no solo a través de agresiones físicas sino en el empleo indiscriminado de agrotóxicos, de la concentración de tierras y el mal uso de recursos naturales como el agua, secando importantes acuíferos. El daño es inmenso y la difusión escasa debido a que los grandes medios de prensa están al servicio del capital”.

“Tengo la esperanza de que el pueblo brasileño salga a las calles a reivindicar de forma directa sus derechos, que pueda exigir elecciones directas ya, que los campesinos y campesinas expulsados por la violencia encuentren en las comunidades el respaldo para volver a sus tierras”, señaló Moreira.

Y culminó con una exhortación: “Necesitamos enfrentar esta violencia desmedida, llevamos 41 muertes violentas en lo que va del año, una cifra que se acerca al total de asesinatos cometidos en 2016, y hay una tendencia al crecimiento de esta violencia. Solamente el pueblo organizado será capaz de frenar esto”.