La escalofriante alianza entre la minería ilegal y la explotación sexual en Sudamérica

Graciela Pérez* sólo quería ahorrar unos meses y volver a Bolivia para abrir una tienda.

Sin embargo, tuvo que pasar casi año y medio de pesadilla en una cantina cerca de una zona minera en la ciudad de La Rinconada, en el sudeste de Perú.

Es uno más de los miles de casos reportados de trata de mujeres y explotación sexual que se producen en la región de Puno, donde 40.000 personas, en su mayoría hombres, viven de la minería ilegal e informal.

Y Puno no es una excepción en Sudamérica, donde el tráfico sexual opera al lado de la minería fuera de la ley, lo que los expertos en crimen organizado llaman una alianza “escalofriante”.

“Hay un fuerte vínculo entre la minería ilegal y la explotación sexual. Siempre que hay grandes migraciones de hombres a una zona, hay una gran demanda de servicios sexuales que a menudo genera tráfico sexual", señaló a BBC Mundo Livia Wagner, autora del reciente informe "Crimen organizado y minería ilegal en Latinoamérica".

El documento, editado por Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, con sede en Ginebra, Suiza, detalla cómo muchas mujeres y menores responden a ofertas de empleo falsas o son reclutadas directamente por intermediarios que les ofrecen un trabajo en campos mineros como cocineras, empleadas de tiendas, o meseras.

Una vez que las víctimas son trasladadas hasta los centros de explotación, sus documentos de identificación son confiscados.

Muchas mujeres son obligadas a proporcionar servicios sexuales a “clientes” en restaurantes, bares o campamentos mineros.

Es la historia de Graciela, que fue llevada con engaños desde Bolivia a Perú, pero también es la historia de otras mujeres que pasan por el mismo martirio en Brasil, Colombia, Ecuador o Venezuela.

“Vi un anuncio en una plaza para ir a trabajar como empleada a Perú. Cuando llamé, me prometieron que me iban a pagar bien y que podría volver a Bolivia con mis ahorros para abrir una tienda o poner un negocio de comida", le cuenta Graciela a BBC Mundo.

Graciela relata cómo fueron los 17 meses que pasó en un cuarto con otras cuatro mujeres que eran obligadas a trabajar como “damas de compañía” en cantinas y a menudo debían mantener relaciones sexuales con algunos de los clientes.

“Nos quitaron los documentos y nos retenían el dinero, por eso no nos podíamos ir. Había hartas bolivianas y peruanas, también colombianas. A veces nos encontrábamos en la calle. Estábamos amenazadas”, cuenta la mujer, que ahora tiene 27 años y vive en La Paz.

Los tratantes lograron engañar a Graciela a mediados de 2011, cuando ella tenía 22 años. Con la promesa del trabajo, viajaron con ella en un bus desde La Paz hasta La Rinconada pasando por las ciudades peruanas de Puno y Juliaca.

“No imaginaba lo que me podía pasar hasta que llegamos a esa cantina donde nos alojábamos. Ahí nos quitaron los documentos y nos amedrentaron. Nos repetían que teníamos que obedecer porque para eso nos pagaban. Yo lloraba y pedía que llamen a mis tíos, pero nos quitaron el dinero”, relata.

El establecimiento donde tenían recluida a la boliviana funcionaba como restaurante hasta la tarde y después se convertía en bar, club nocturno y prostíbulo.

Estimaciones de la Policía de Perú e instituciones de apoyo a la mujer señalan que existen entre 300 y 1.000 lugares similares en La Rinconada.

Mientras Graciela recibía de pago promedio menos de 4 dólares por día, un reporte reciente del diario El Comercio de Perú señala que personas vinculadas a la minería ilegal gastan cientos de dólares en estos lugares cada noche.

La subida del precio de los minerales en la última década, fundamentalmente del oro, disparó la actividad de extracción. No sólo fomentó a la actividad estatal y privada, sino también multiplicó la informal y la ilegal.

Así fue como La Rinconada, por ejemplo, pasó de tener un par de empresas pequeñas a contar con más de 45.000 personas involucradas en el negocio de la minería.

El reporte “La realidad de la minería ilegal en países amazónicos” señala que 150.000 personas se dedican a este negocio ilegal en Perú, mientras otras estimaciones hablan de hasta 400.000 involucrados.

“Si bien los impactos ambientales de la minería ilegal son los más conocidos, no son los únicos. También afecta a la salud humana, promueve delitos conexos como el lavado de activos, la trata de personas y la explotación sexual e infantil, entre otros”, indica el informe, editado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y que incluye investigaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El documento resalta que en estos países existen menores que trabajan en bares y prostíbulos.

“Las niñas participan en la atención a clientes de pequeños negocios, en algunos casos son explotadas sexualmente”, dice.

Wagner explicó que las minas donde hay actividad ilegal suelen estar situadas en zonas remotas, donde los gobiernos no tienen la capacidad de monitorear las condiciones y hacer cumplir las leyes.

“Cuando estas minas son controlados directamente por grupos delictivos o en zonas controladas por el crimen organizado, existe un riesgo elevado de tráfico de personas, en Colombia y Perú en particular, y en menor medida en otros países de la región. Nuestra investigación reveló numerosos casos de trata, explotación laboral, tráfico sexual y trabajo infantil”, dice la investigadora.