02
Febrero
2017
Honduras, el lugar más peligroso para quien defiende los bienes comunes
Global Witness presentó nuevo informe
En Tegucigalpa, Giorgio Trucchi
Fotos: Global Witness
“No hay ningún lugar del planeta en el que sea más probable morir asesinado por protestar contra el expolio de tierra y la destrucción del mundo natural que Honduras”, aseguró la organización Global Witness en su más reciente informe “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”.
De acuerdo con el documento, 123 defensores de la tierra y los bienes comunes han sido asesinados tras el golpe de Estado de 2009; otros han sido amenazados, perseguidos y encarcelados.
Más del 90 por ciento de estos crímenes han quedado impunes.
Estos niveles de violencia e intimidación impactan con fuerza en las comunidades rurales, indígenas y campesinas, donde se desarrollan formas de resistencia y lucha contra proyectos extractivos y el saqueo de los bienes comunes.
Más del 90 por ciento de estos crímenes han quedado impunes.
Estos niveles de violencia e intimidación impactan con fuerza en las comunidades rurales, indígenas y campesinas, donde se desarrollan formas de resistencia y lucha contra proyectos extractivos y el saqueo de los bienes comunes.
Corrupción, saqueo e impunidad
…un cóctel letal
Esta situación -asegura Global Witness- es consecuencia directa de un cóctel letal donde se combinan corrupción generalizada, intereses del gran capital nacional e internacional coludido con miembros de la clase política y funcionarios estatales, ausencia del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y la impunidad.
Además de ubicarse en el puesto 123 de 176 países del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Honduras sigue siendo el país más desigual de América Latina (según el Banco Mundial), donde 6 de cada 10 personas viven en pobreza y 4 en pobreza extrema (Cepal).
En cambio, varias organizaciones sociales nacionales señalan que entre el 30 y el 35 por ciento del territorio nacional ya habría sido concesionado para el desarrollo de proyectos extractivos.
El asesinato de activistas, entonces, “está arraigado en la codicia corporativa, la corrupción y la impunidad para los agresores, respaldados por el sector empresarial”, indica el informe.
La investigación realizada por Global Witness muestra, además, la vinculación de instituciones estatales -sistema judicial, ejército y fuerzas policiales- con intereses empresariales.
Asimismo, señala la falta de voluntad política del gobierno y la influencia excesiva de las élites económicas nacionales, para que no se proporcione una protección real y efectiva a las y los defensores.
El debilitamiento de la legislación vigente y de los controles ambientales ha sido una herramienta fundamental para la proliferación de proyectos mineros, energéticos y agroindustriales, que se han convertido en uno de los pilares de la estrategia económica del país.
Un modelo plenamente respaldado por las instituciones financieras internacionales y gobiernos “amigos”, en especial Estados Unidos, que fomentan las inversiones en la industria extractiva.
Además de ubicarse en el puesto 123 de 176 países del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Honduras sigue siendo el país más desigual de América Latina (según el Banco Mundial), donde 6 de cada 10 personas viven en pobreza y 4 en pobreza extrema (Cepal).
En cambio, varias organizaciones sociales nacionales señalan que entre el 30 y el 35 por ciento del territorio nacional ya habría sido concesionado para el desarrollo de proyectos extractivos.
El asesinato de activistas, entonces, “está arraigado en la codicia corporativa, la corrupción y la impunidad para los agresores, respaldados por el sector empresarial”, indica el informe.
La investigación realizada por Global Witness muestra, además, la vinculación de instituciones estatales -sistema judicial, ejército y fuerzas policiales- con intereses empresariales.
Asimismo, señala la falta de voluntad política del gobierno y la influencia excesiva de las élites económicas nacionales, para que no se proporcione una protección real y efectiva a las y los defensores.
El debilitamiento de la legislación vigente y de los controles ambientales ha sido una herramienta fundamental para la proliferación de proyectos mineros, energéticos y agroindustriales, que se han convertido en uno de los pilares de la estrategia económica del país.
Un modelo plenamente respaldado por las instituciones financieras internacionales y gobiernos “amigos”, en especial Estados Unidos, que fomentan las inversiones en la industria extractiva.
Fortaleciendo la memoria
Una estrategia colectiva de lucha
El informe de Global Witness presenta el estudio de cinco casos emblemáticos, entre otros el del asesinato de la dirigente indígena lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) Berta Cáceres, a raíz de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y el de la masacre de cinco activistas tolupanes de la comunidad de San Francisco Locomapa, en medio de una fuerte lucha contra la minería y la tala ilegal.
“Es un informe muy valioso que documenta de manera contundente el vínculo que existe entre empresas, política, órganos de justicia, explotación de recursos naturales, criminalización de la protesta e impunidad”, dijo a La RelBertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(Cofadeh).
“Es un aporte significativo al fortalecimiento de la memoria y al combate a la corrupción y la impunidad en el país. Un invito a juntar esfuerzos y unificar acciones, definiendo una estrategia colectiva en contra de esta estructura de poder y terror”, señaló la defensora de derechos humanos.
Entre las recomendaciones finales, Global Witness exhorta al Estado de Honduras y sus instituciones a “priorizar la protección de las y los defensores de la tierra” y poner fin a la corrupción “que fomenta los proyectos empresariales abusivos” y acabar con la impunidad.
También recomienda al gobierno colaborar con las organizaciones sociales “para reforzar y aplicar leyes que garanticen una verdadera consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”.
Asimismo, pide a Estados Unidos condicionar su política de asistencia e inversión en Honduras a la protección de defensores y defensoras de la tierra, la erradicación de la impunidad y la corrupción y el respeto a la decisión de las comunidades.
Finalmente, insta a los inversores extranjeros e instituciones financieras a detener cualquier inversión en proyectos extractivos que generen violencia y violación de derechos humanos.
“Es un informe muy valioso que documenta de manera contundente el vínculo que existe entre empresas, política, órganos de justicia, explotación de recursos naturales, criminalización de la protesta e impunidad”, dijo a La RelBertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(Cofadeh).
“Es un aporte significativo al fortalecimiento de la memoria y al combate a la corrupción y la impunidad en el país. Un invito a juntar esfuerzos y unificar acciones, definiendo una estrategia colectiva en contra de esta estructura de poder y terror”, señaló la defensora de derechos humanos.
Entre las recomendaciones finales, Global Witness exhorta al Estado de Honduras y sus instituciones a “priorizar la protección de las y los defensores de la tierra” y poner fin a la corrupción “que fomenta los proyectos empresariales abusivos” y acabar con la impunidad.
También recomienda al gobierno colaborar con las organizaciones sociales “para reforzar y aplicar leyes que garanticen una verdadera consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”.
Asimismo, pide a Estados Unidos condicionar su política de asistencia e inversión en Honduras a la protección de defensores y defensoras de la tierra, la erradicación de la impunidad y la corrupción y el respeto a la decisión de las comunidades.
Finalmente, insta a los inversores extranjeros e instituciones financieras a detener cualquier inversión en proyectos extractivos que generen violencia y violación de derechos humanos.
De acuerdo con el documento, 123 defensores de la tierra y los bienes comunes han sido asesinados tras el golpe de Estado de 2009; otros han sido amenazados, perseguidos y encarcelados.
Más del 90 por ciento de estos crímenes han quedado impunes.
Estos niveles de violencia e intimidación impactan con fuerza en las comunidades rurales, indígenas y campesinas, donde se desarrollan formas de resistencia y lucha contra proyectos extractivos y el saqueo de los bienes comunes.