Entrega

Cuando asumió el gobierno, hace justo un año, Temer había prometido sacar al país de la recesión, recuperar el empleo y la inversión, combatir la corrupción y mejorar la vida de la población.

Sucedió prácticamente lo inverso: la recesión se ha agravado, hay 14 millones de desempleados -un récord-, la inversión no llegó, aumentaron la pobreza y la extrema pobreza y ocho de los 27 integrantes del gabinete han debido renunciar en apenas unos meses acusados de actos de corrupción.

Entre los aliados del Ejecutivo que han renunciado o han sido obligados a dimitir figura el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, uno de los artífices del proceso de impeachment que concluyó con la remoción de Rousseff y la llegada al gobierno de Temer.

El actual presidente, precisamente, acaba de reconocer - que cuando Cunha -hoy en la cárcel purgando una pena de 15 años de prisión- inició el camino de la destitución de Rousseff lo que lo movía era “sólo la venganza” y no un supuesto afán de “combatir la corrupción”.

Al contrario: habilitó el inicio del proceso porque la entonces presidenta no aceptó su chantaje de encajonar el pedido de juicio político contra ella si a él le daban garantías de que no sería demandado penalmente por sus corruptelas.

Pero hasta que Cunha fue destituido de su cargo en la cámara, en setiembre pasado, fue un buen aliado de Temer, manifestándose en favor de la adopción de un techo al gasto público por 20 años (en los hechos una reducción de los presupuestos destinados a educación y salud) -una medida que sería votada posteriormente- y de reformas como la laboral o de la seguridad social, que suponen la liquidación de conquistas sociales de larga data.

Cunha -y con él todos los legisladores que votaron el impeachment-  fue también partidario de profundizar el proceso -iniciado por Dilma- de concesión a las grandes empresas de los yacimientos petroleros del llamado pre-sal.

Y ahora Temer completará ese proceso de entrega de los recursos naturales del país. Según reveló la revista Valor, el presidente más impopular de la historia de Brasil acaba de firmar una resolución por la cual se desactiva la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca).

Creada en 1984, todavía en la época de la dictadura militar, esa reserva había funcionado como una protección contra la devastación de una zona de 46 mil kilómetros cuadrados  en la Amazonia, rica en cobre, titanio, fosfato y sobre todo oro, y en la que viven miles de indígenas.

Según el texto de la medida, publicada en el Diario Oficial,  “la extinción de la Renca viabilizará el acceso al potencial mineral existente en la región y estimulará el desarrollo económico de los estados” ubicados en el área.

En los hechos, la eliminación de la Renca supondrá la apropiación por la “iniciativa privada” -en claro las grandes empresas mineras, especialmente las transnacionales- de una gigantesca región amazónica, con poco o nulo beneficio real para los habitantes de la zona y en general para los brasileños.

Una perla más del collar de desnacionalización de las riquezas del suelo y del subsuelo de Brasil comenzado a tejer hace tantos años.