13
Septiembre
2017
Congreso blinda la impunidad
Donde todos son corruptos, nadie lo es, menos el presidente
Diputados votan en contra de despojar de su inmunidad al presidente guatemalteco
En Managua, Giorgio Trucchi
Foto: Lorena Medina
Con 104 votos en contra y solamente 25 a favor, los parlamentarios guatemaltecos decidieron darle otro golpe mortal a la ya débil y cuestionada credibilidad de una institución que responde a los intereses de las élites y los grupos de poder guatemaltecos.
La solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito había sido presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el pasado mes de agosto.
En medio de una fuerte ofensiva gubernamental contra el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, y el intento del mandatario guatemalteco -sostenido por sectores empresariales y religiosos- de expulsarlo del país1, la solicitud de antejuicio llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
Después de un muy rápido análisis, los magistrados decidieron dar trámite al antejuicio y enviaron el expediente al Congreso, donde se conformó una Comisión Investigadora integrada por cinco diputados electos por sorteo.
Tras haber escuchado a las partes y haber revisado toda la documentación, la comisión legislativa presentó un informe donde recomendaba al plenario retirar la inmunidad al presidente Morales, para que el MP y la Cicig pudiesen continuar con sus investigaciones.
Después de dos votaciones -la primera contó con 99 votos a favor de dejar al mandatario con inmunidad- la inmensa mayoría de legisladores (104) decidió no dar lugar al antejuicio contra Morales.
Una decisión que sin duda alguna infiere otro golpe mortal a la ya difícil lucha contra la corrupción y la impunidad.
Al no alcanzar los 105 votos necesarios para aprobar o denegar el trámite de antejuicio, el expediente será archivado y no se considerará “cosa juzgada”. En cualquier momento podría ser nuevamente discutido y sometido a votación.
En medio de una fuerte ofensiva gubernamental contra el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, y el intento del mandatario guatemalteco -sostenido por sectores empresariales y religiosos- de expulsarlo del país1, la solicitud de antejuicio llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
Después de un muy rápido análisis, los magistrados decidieron dar trámite al antejuicio y enviaron el expediente al Congreso, donde se conformó una Comisión Investigadora integrada por cinco diputados electos por sorteo.
Tras haber escuchado a las partes y haber revisado toda la documentación, la comisión legislativa presentó un informe donde recomendaba al plenario retirar la inmunidad al presidente Morales, para que el MP y la Cicig pudiesen continuar con sus investigaciones.
Después de dos votaciones -la primera contó con 99 votos a favor de dejar al mandatario con inmunidad- la inmensa mayoría de legisladores (104) decidió no dar lugar al antejuicio contra Morales.
Una decisión que sin duda alguna infiere otro golpe mortal a la ya difícil lucha contra la corrupción y la impunidad.
Al no alcanzar los 105 votos necesarios para aprobar o denegar el trámite de antejuicio, el expediente será archivado y no se considerará “cosa juzgada”. En cualquier momento podría ser nuevamente discutido y sometido a votación.
Un pacto de corrupción e impunidad
Blindamos a uno, nos blindamos todos
“Hay que ir desnudando los actores que emitieron esta votación, echando por la borda el esfuerzo para esclarecer estos hechos de corrupción”, dijo a La Rel Jorge Santos, subcoordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (Udefegua).
Tanto en la bancada oficialista, llena de diputados tránsfugas, como en la mayoría de las demás bancadas hay un sinnúmero de legisladores involucrados en actos de corrupción y hasta de crímenes graves.
“En el Congreso se dio un pacto de corrupción e impunidad. Con este voto no sólo blindaron al presidente Morales sino que quisieron blindarse a sí mismos y a sus intereses”, agregó Santos.
Ante este escenario, el analista subrayó la importancia de un movimiento social que, en particular en los departamentos, sigue movilizándose contra un sistema cada día más corrupto.
“Es una fuerza social que está creciendo paulatinamente y que no solamente se propone detener la corrupción y la impunidad, sino que está pensando en la trasformación del país”, manifestó el subcoordinador de Udefegua.
“Hay que incrementar el nivel de organización popular, profundizando la articulación social, y así construir plataformas políticas que permitan modificar la correlación de fuerzas. Nuestro país no puede continuar con estas élites políticas corruptas y hay que impulsar un proceso de depuración, comenzando por esta cloaca que hoy representa el Congreso de la República”, concluyó Santos.
Tanto en la bancada oficialista, llena de diputados tránsfugas, como en la mayoría de las demás bancadas hay un sinnúmero de legisladores involucrados en actos de corrupción y hasta de crímenes graves.
“En el Congreso se dio un pacto de corrupción e impunidad. Con este voto no sólo blindaron al presidente Morales sino que quisieron blindarse a sí mismos y a sus intereses”, agregó Santos.
Ante este escenario, el analista subrayó la importancia de un movimiento social que, en particular en los departamentos, sigue movilizándose contra un sistema cada día más corrupto.
“Es una fuerza social que está creciendo paulatinamente y que no solamente se propone detener la corrupción y la impunidad, sino que está pensando en la trasformación del país”, manifestó el subcoordinador de Udefegua.
“Hay que incrementar el nivel de organización popular, profundizando la articulación social, y así construir plataformas políticas que permitan modificar la correlación de fuerzas. Nuestro país no puede continuar con estas élites políticas corruptas y hay que impulsar un proceso de depuración, comenzando por esta cloaca que hoy representa el Congreso de la República”, concluyó Santos.
