Cuando la derecha y la izquierda son simétricas

La resolución del actual presidente se produce tres semanas después de la crisis política desatada por la decisión del parlamento de votar una enmienda para habilitar la reelección, que llevó a cientos de manifestantes simpatizantes del Partido Liberal, a tomarlo por asalto e incendiar parte de las instalaciones del recinto donde se reúnen los “representantes del pueblo”.

Aunque Cartes se había empeñado a fondo en promover una enmienda constitucional que habilitara su reelección, empeño en el que participó el Frente Guasú y su candidato “natural”, el ex presidente Lugo (2008-2012), la sorprendente marcha atrás del 17 de abril responde a varios factores.

El analista Eduardo Arce, del periódico de izquierda Ea, cita entre esos factores “la profundización de la crisis política con golpes a la economía y el descontento del empresariado; la presión ejercida por la Iglesia Católica; la protesta popular del 31 de marzo con la quema del Congreso; el permanente vínculo (de Cartes) con el contrabando, el lavado y el narcotráfico”.

También, “la trágica caída en las encuestas de popularidad y la venida de Francisco Palmieri, enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump” (Ea, 20 de abril de 2017).

Otros análisis desde la izquierda, como el que esboza la socióloga Marielle Palau, destacan la necesidad urgente de una alternativa al dominio de la derecha colorada representada por Cartes y del opositor Partido Liberal, que se opone a la enmienda reeleccionista y ha realizado acciones audaces como la quema del Congreso y varios escraches a la casa particular de Lugo.

“Los últimos acontecimientos me tientan a creer que si la derecha tanto se opone a la enmienda, probablemente sea porque es lo mejor para el país”, concluye Palau (Ea, 2 de abril de 2017).

La derecha paraguaya está profundamente dividida, al igual que en casi todo el mundo.

Colorados y liberales ansían por igual hacerse con el control del Estado para lubricar sus negocios, un Estado que significó desde siempre el acceso a los fondos públicos para beneficio personal o de sus grupos empresariales. Así se formó la oligarquía terrateniente que hoy sigue siendo hegemónica en el país.

Apenas un ejemplo: un reciente estudio del centro de investigaciones sociales BASE-IS revela que 600 grandes propietarios con fincas mayores de 10.000 hectáreas son dueños del 40 por ciento de la superficie del país.

El estudio asegura que es uno de los países con peor distribución de la tierra en el mundo.

Los latifundistas esconden el origen ilegal de sus tierras, ya que el Instituto de Bienestar Rural entregó 8 millones de hectáreas de forma irregular durante los últimos 40 años, en particular a “poderosos militares, empresarios y políticos cercanos a los gobiernos de turno”.

Es evidente que el control del aparato estatal juega un papel clave en la formación de una clase dominante.

“Los latifundistas del siglo XXI –señala el informe– son herederos de la guerra de la Triple Alianza y de la dictadura” de Alfredo Stroessner, que les permitió obtener tierras.  

“Para mantener el control territorial, la clase de grandes propietarios debe controlar también el poder político, las instituciones judiciales y los medios de comunicación”, señala el informe.

Sólo la secta Moon posee 590.000 hectáreas en el Chaco. El Grupo Cartes, del actual presidente, es el segundo mayor latifundista, con 200.000 hectáreas.

“El dueño de la tierra es el que impone la ley”, escribió hace más de cien años Rafael Barret.

De ese modo nació una cultura política caudillista, patriarcal, machista y jerárquica, focalizada en los negocios privados a la sombra el Estado. Por eso resulta entendible que Cartes quiera seguir al timón del Estado y también que los liberales se opongan para ser ellos quienes se beneficien de la presidencia.

Lo que sorprende e indigna es que desde la izquierda se haya desarrollado una cultura política simétrica a la de las derechas.

Todos los presidentes pos-dictadura intentaron reformar la Constitución para conseguir ser reelectos. Es la lógica del sistema, la cultura política de la oligarquía.

Por eso mucha gente de izquierda se muestra indignada con Lugo, ya que –entusiasmado con encuestas que lo dan como seguro vencedor en abril de 2018– se pasó al bando de los reeleccionistas.

“Las alianzas que se tejen dentro de este pornográfico juego de tronos entre el oficialismo y la seudoizquierda ilustran la decadencia de esta democracia” destaca el periódico Ea, mientras destaca que existe “un abismo cada vez mayor entre la politiquería sectaria y las construcciones populares, en las que reside el poder real”.

Tres grandes corrientes encarnan los sentimientos de las izquierdas.

Por un lado el Frente Guasú, que se referencia en Lugo y obtuvo cinco bancas en el Senado. Por otro, Avanza País, que postula al alcalde de Asunción, Mario Ferreira, y que cuenta con dos bancas.

“Ambos sectores, en lugar de aprovechar la crisis de la clase dominante, lo que hacen es profundizar sus diferencias, y cada uno de ellos se alía con una franja de la derecha”, escribe el analista Abel Irala, del Serpaj (Rebelión, 5 de abril de 2017).

El tercer sector es la Federación Nacional Campesina (FNC), que se ha mantenido independiente del gobierno de Lugo, protagonizando las principales luchas por la tierra y que en 2016 formó el Congreso Democrático del Pueblo.

Este sector, escribe Irala, “no ingresa en esta discusión (sobre la reelección) por considerarla electoralista, institucionalista, porque cree que no son los problemas del pueblo, que el pueblo está con otros problemas que son urgentes de resolver”.

La historia reciente dice que si las izquierdas no son capaces de crear una cultura política diferente a la que ostentan las clases dominantes estarán condenadas a repetir un camino penoso que las lleva a promover el ascenso social personal para, más temprano que tarde, terminar dando la espalda a los sectores populares.