07
Junio
2016
Alerta ante modificación al reglamento para inscripción de agrotóxicos
Movimiento ecologista advierte sobre intento para desregularizar y flexibilizar entrada de agrovenenos
En Managua, Giorgio Trucchi
Fotos: CONTRATUH
La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) hizo un llamado de alerta ante la propuesta de modificación al reglamento sobre registro, uso y control de agrotóxicos en Costa Rica, en cuanto violaría el principio precautorio al establecer mecanismos para obtener registros sin evaluación de los riesgos.
Durante la última década, Costa Rica ha sido señalada como el mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo. Según datos de la organización de investigación global World Resources Institute (WRI), en el 2010 el país centroamericano estuvo consumiendo casi 25 kilos de ingrediente activo por hectárea de cultivo agrícola al año.
De acuerdo con el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), esa cantidad fue reduciéndose en los últimos años (20 kilos en el 2011 y 18,2 en el 2013), sin embargo Costa Rica sigue ostentando este nada envidiable récord.
El IRET señala también que, entre 1977 y 2006, Costa Rica aumentó 3,4 veces la importación de agrotóxicos, alcanzando un total de 185 mil toneladas métricas en menos de 30 años.
Aún más preocupante es la tendencia al aumento del uso de estos productos.
En 1977, con unas 345 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, el país importó 2.800 toneladas de plaguicidas. En el 2006, con unas 451 mil hectáreas sembradas (30,7 por ciento más de territorio), la importación de esos productos llegó prácticamente a las 12 mil toneladas (328 por ciento más de agrovenenos).
En el 2010, el Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reportó el uso de 14 mil toneladas de ingredientes activos de agrotóxicos, es decir tres kilogramos consumidos por cada costarricense.
De acuerdo con el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), esa cantidad fue reduciéndose en los últimos años (20 kilos en el 2011 y 18,2 en el 2013), sin embargo Costa Rica sigue ostentando este nada envidiable récord.
El IRET señala también que, entre 1977 y 2006, Costa Rica aumentó 3,4 veces la importación de agrotóxicos, alcanzando un total de 185 mil toneladas métricas en menos de 30 años.
Aún más preocupante es la tendencia al aumento del uso de estos productos.
En 1977, con unas 345 mil hectáreas dedicadas a la agricultura, el país importó 2.800 toneladas de plaguicidas. En el 2006, con unas 451 mil hectáreas sembradas (30,7 por ciento más de territorio), la importación de esos productos llegó prácticamente a las 12 mil toneladas (328 por ciento más de agrovenenos).
En el 2010, el Servicio Fitosanitario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reportó el uso de 14 mil toneladas de ingredientes activos de agrotóxicos, es decir tres kilogramos consumidos por cada costarricense.
Desregularizar y flexibilizar
Transnacionales al acecho
Pese a una situación que se ha vuelto cada día más delicada y a los frecuentes casos de contaminación de fuentes hídricas e intoxicación de seres humanos, el MAG, con el apoyo de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos (CIAGRO), está proponiendo una modificación al reglamento sobre registro, uso y control de agrotóxicos.
Actualmente, la propuesta de decreto (RTCR 484:2016) se encuentra en consulta pública.
Para el movimiento ecologista costarricense, su contenido beneficiaría principalmente a la Cámara de Insumos Agropecuarios de Costa Rica, integrada y dominada por las principales transnacionales del agronegocio, entre otras, Syngenta, Bayer, DowAgrosciences y BASF.
Entre los puntos más controvertidos, la FECON señala el Transitorio Décimo (1), donde se define que para las solicitudes de registro de plaguicidas sintéticos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento, la autoridad competente otorgará el registro por un plazo de tres años de vigencia.
Durante este plazo, el registro podrá ser revocado “si no satisface la evaluación posterior”. De lo contrario se otorgará el registro definitivo.
“El reglamento propuesto por el MAG violaría el principio precautorio, al establecer mecanismos para obtener registros sin evaluación de los riesgos, y otorgándoles tres años a las empresas para presentar los documentos requeridos para hacer la evaluación ambiental y de salud”, escribe en una nota Mauricio Álvarez, presidente de la FECON.
Pese a que las autoridades podrán realizar una evaluación posterior de cada caso, Álvarez señala que la normativa no garantiza que los expedientes tengan la información necesaria para hacer dicha evaluación.
“Para facilitar aún más el envenenamiento del ambiente se les concede el silencio positivo a las empresas registrantes, lo cual es totalmente ilegal, ya que si las autoridades competentes no indican que la evaluación no satisface -y no lo podrán hacer por falta de documentación, por falta de personal y por falta de tiempo- se les otorgará el registro definitivo”, advierte el catedrático.
Actualmente, la propuesta de decreto (RTCR 484:2016) se encuentra en consulta pública.
Para el movimiento ecologista costarricense, su contenido beneficiaría principalmente a la Cámara de Insumos Agropecuarios de Costa Rica, integrada y dominada por las principales transnacionales del agronegocio, entre otras, Syngenta, Bayer, DowAgrosciences y BASF.
Entre los puntos más controvertidos, la FECON señala el Transitorio Décimo (1), donde se define que para las solicitudes de registro de plaguicidas sintéticos que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento, la autoridad competente otorgará el registro por un plazo de tres años de vigencia.
Durante este plazo, el registro podrá ser revocado “si no satisface la evaluación posterior”. De lo contrario se otorgará el registro definitivo.
“El reglamento propuesto por el MAG violaría el principio precautorio, al establecer mecanismos para obtener registros sin evaluación de los riesgos, y otorgándoles tres años a las empresas para presentar los documentos requeridos para hacer la evaluación ambiental y de salud”, escribe en una nota Mauricio Álvarez, presidente de la FECON.
Pese a que las autoridades podrán realizar una evaluación posterior de cada caso, Álvarez señala que la normativa no garantiza que los expedientes tengan la información necesaria para hacer dicha evaluación.
“Para facilitar aún más el envenenamiento del ambiente se les concede el silencio positivo a las empresas registrantes, lo cual es totalmente ilegal, ya que si las autoridades competentes no indican que la evaluación no satisface -y no lo podrán hacer por falta de documentación, por falta de personal y por falta de tiempo- se les otorgará el registro definitivo”, advierte el catedrático.
¿Quién evalúa quién?
Un negocio para el agronegocio
Además, el movimiento ecologista señala con preocupación que la propuesta de reforma al reglamento disminuiría las competencias de los ministerios de Salud (MS) y de Ambiente y Energía (MINAE) en la fiscalización de los agrotóxicos.
A finales de enero de 2016, el listado oficial del SFE indicaba que todavía hay 170 Ingredientes Activos Grado Técnico (IAGT) en proceso de registro.
“Es inaceptable permitir el registro y, con ello, la venta y uso de nuevos plaguicidas, sin que se hayan presentado todos los estudios ecotoxicológicos, clínicos y demás estudios pertinentes”, lamentó Fabián Pacheco, docente del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
“Hay un intento desesperado para desregularizar, flexibilizar y facilitar la entrada a chorro de nuevos agrotóxicos en Costa Rica. Firmar este decreto sería un acto más en favor del poderoso agronegocio, que contamina y fumiga la salud de los pueblos y los ecosistemas”, agregó el experto en agroecología ambiental.
A finales de enero de 2016, el listado oficial del SFE indicaba que todavía hay 170 Ingredientes Activos Grado Técnico (IAGT) en proceso de registro.
“Es inaceptable permitir el registro y, con ello, la venta y uso de nuevos plaguicidas, sin que se hayan presentado todos los estudios ecotoxicológicos, clínicos y demás estudios pertinentes”, lamentó Fabián Pacheco, docente del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
“Hay un intento desesperado para desregularizar, flexibilizar y facilitar la entrada a chorro de nuevos agrotóxicos en Costa Rica. Firmar este decreto sería un acto más en favor del poderoso agronegocio, que contamina y fumiga la salud de los pueblos y los ecosistemas”, agregó el experto en agroecología ambiental.
La herencia del Nemagón
Miles de muertos y afectados
La peligrosidad y los impactos de agrotóxicos en Costa Rica no son suposiciones.
Durante las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, más de 35.000 trabajadores y trabajadoras de transnacionales bananeras norteamericanas, entre otras Dole y Standard Fruit, fueron afectados por el DBCP, un plaguicida conocido comercialmente como Nemagón o Fumazone y producido por las empresas DowChemical y ShellOil.
Esterilidad, cáncer, malformaciones genéticas y enfermedades de la piel son las principales secuelas que dejó este mortal agrotóxico.
“Costa Rica es el país de mayor uso y abuso de agrotóxicos a nivel mundial. En vez de buscar formas de desincentivar esta intoxicación nacional desmesurada, el gobierno dará un premio sin precedentes a las cámaras de agrovenenos”, advirtió Pacheco.
“Aprobar esta reforma no solo significaría un retroceso sin precedentes en materia de legislación ambiental y de salud, sino también pondría en peligro la vida del país y sus habitantes”, concluyó.
Durante las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, más de 35.000 trabajadores y trabajadoras de transnacionales bananeras norteamericanas, entre otras Dole y Standard Fruit, fueron afectados por el DBCP, un plaguicida conocido comercialmente como Nemagón o Fumazone y producido por las empresas DowChemical y ShellOil.
Esterilidad, cáncer, malformaciones genéticas y enfermedades de la piel son las principales secuelas que dejó este mortal agrotóxico.
“Costa Rica es el país de mayor uso y abuso de agrotóxicos a nivel mundial. En vez de buscar formas de desincentivar esta intoxicación nacional desmesurada, el gobierno dará un premio sin precedentes a las cámaras de agrovenenos”, advirtió Pacheco.
“Aprobar esta reforma no solo significaría un retroceso sin precedentes en materia de legislación ambiental y de salud, sino también pondría en peligro la vida del país y sus habitantes”, concluyó.
1-Para las solicitudes de registro de plaguicidas sintéticos formulados que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento, y cuyos Ingredientes Activos Grado Técnico (IAGT) se encuentren en trámite, la AC en un plazo de un mes otorgará el registro de dichos plaguicidas sintéticos formulados pendientes de aprobación, por un plazo de tres años de vigencia. Durante este plazo la AC podrá revocar el registro otorgado al amparo de este transitorio, si no satisface la evaluación posterior llevada a cabo por los tres Ministerios. De lo contrario, se le otorgará el registro definitivo. Para optar por este tipo de registro, el producto formulado o el IAGT que lo compone debe estar autorizado en un país OECD, el formulado no podrá ser de categoría toxicológica 1 (banda roja) y el registrante deberá haber aportado dentro del expediente la siguiente información de conformidad con lo que establece este reglamento.
El reglamento propuesto por el MAG violaría el principio precautorio, al establecer mecanismos para obtener registros sin evaluación de los riesgos, y otorgándoles tres años a las empresas para presentar los documentos requeridos para hacer la evaluación ambiental y de salud.