Una reforma perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras

Aunque el discurso oficial pretende plantear que también se beneficiará al trabajador accidentado, nadie ignora que el verdadero interés protegido es el de las aseguradoras privadas, detrás de las cuales se encuentran los grandes grupos financieros, que hace mucho tiempo abandonaron los estrechos límites de la actividad bancaria y buscan cualquier nicho que les garantice buena rentabilidad.

Se trata de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), sociedades comerciales que lucran (sí, tienen fin de lucro) con la salud de los trabajadores.

Vale aclarar que los abogados laboralistas, comprometidos con la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, aspiramos a que ninguna víctima de un siniestro laboral tenga que pleitear para lograr el reconocimiento de sus derechos.

En esto coincidimos con el gobierno y con las ART. Claro que para ello planteamos caminos, herramientas y valores absolutamente diferentes.

Un ejemplo, que le escuché a un colega, lo explica mejor que mil palabras: un padre estaba preocupado porque su hijo se comía las uñas. Desde la más fría lógica se plantea que para alcanzar el objetivo de que deje de hacerlo hay dos caminos. El primero es buscar las causas de tal comportamiento y eliminarlas. El segundo, muy eficaz, es cortarle los dedos.

Como buen padre elige el primero. Hoy el gobierno, para eliminar la litigiosidad, propone amputarles a los trabajadores el derecho de acceder a la Justicia, y se desentiende de las causas.

La herramienta elegida es obligarlos a pasar por un previo procedimiento médico-administrativo, muy cuestionado en la Justicia, moroso y de ribetes kafkianos.

Esto que ocurre ahora no es en absoluto novedoso. Diferentes gobiernos han cometido el mismo error. Si al mismo problema se le oponen las mismas soluciones fracasadas, el resultado está cantado.

¿Cuáles son las causas de la litigiosidad que tanto preocupa al actual gobierno? La causa primaria es la naturaleza del operador del sistema, cuyo fin de lucro lo torna depositario de un interés contradictorio con el de las víctimas.

Una regla de oro del Derecho es que no deben existir intereses opuestos entre mandantes y mandatarios o entre representantes y representados, por razones obvias.

Más aún cuando se trata de sujetos indefensos, a los que se pretende proteger. Entre las ART y las víctimas se genera una relación igual a un juego de “suma cero”: lo que una gana la otra lo pierde. Y la diferencia abismal en la correlación de fuerzas nos anticipa quienes son los ganadores y quienes los perdedores.

Esto explica que en nuestro país las enfermedades profesionales que ingresan al sistema sean una rara avis, a punto tal que no alcanzan el 3 por ciento del total de siniestro aceptados, cuando en el mundo el promedio es del 35.

Sólo por dar un ejemplo, mientras que en Italia, en un período de 8 años se registraron 2.407 casos de cáncer laboral, en Argentina…ninguno. ¡Un verdadero milagro argentino!

Según algunos estudios realizados, millones de casos de enfermedades laborales quedaron fuera del sistema, desde que comenzó a funcionar (1996).

Podemos sumarles las reagravaciones que las ART arbitrariamente no aceptan cubrir, los accidentes incorrectamente rechazados, y los problemas con el cálculo de las indemnizaciones, que se realizan con salarios degradados por la inflación, sin computar los ingresos económicos de la víctima y sin reconocerles intereses en trámites que duran años.

El proyecto de ley del gobierno, a punto de ser sancionado por el Congreso, ratifica que el sistema de riesgos del trabajo integra la Seguridad Social. ¡Completamente de acuerdo!

Claro que se olvida que la Seguridad Social es responsabilidad indelegable del Estado (artículo 14 bis, Constitución Nacional), y absolutamente incompatible con operadores privados que actúan con fin de lucro.  

Con esta reforma el lobo sigue dándose un festín en el gallinero, pero la culpa no es del lobo sino de los que le abrieron el gallinero. Así de simple.