“Somos conscientes de que incomodamos al gobierno y a las transnacionales”

-Recuérdanos los antecedentes de esta historia…
-Durante el último semestre de 2013 la empresa hablaba de una reorganización de sus plantas embotelladoras en Europa, pero nadie imaginaba que eso supondría el cierre de las fábricas más innovadoras y grandes que la compañía tenía en España.

El impacto hubiese sido igual de dramático de tratarse de fábricas más pequeñas, pero no es igual dar solución a 150 puestos de trabajo que a más de 1000.

Apenas Coca Cola decidió la clausura intempestiva de las cuatro principales embotelladoras con que contaba en el país los trabajadores comenzamos a movilizarnos.

La primera fue la planta de Fuenlabrada. Informamos a todos los compañeros que no había margen para negociar, que la determinación de la empresa era cerrar y que no podíamos ir con medias tintas, que había que decretar huelga indefinida y prepararse porque sería un largo proceso de un mínimo de dos años.

Muchos se mantuvieron firmes, pero otros tantos optaron por buscar otra salida. De los 600 despedidos en Fuenlabrada, quedaron un poco más de 200.

-¿Cómo lograron resistir todo este tiempo?
-Lo que hicimos los dirigentes sindicales en este proceso fue ponernos de ejemplo. Comenzamos realizando asambleas diarias en las plantas y de a poco armamos un campamento con el objetivo de sumar a más compañeros y compañeras.

No sin dificultades, logramos mantener el campamento activo y generar una gran empatía con el resto de la sociedad.

La resistencia de un puñado de trabajadores contra la gran transnacional consiguió una solidaridad muy amplia de la sociedad española y traspasó fronteras.

En Madrid hasta se logró bajar el consumo de los productos de Coca Cola, algo que jamás hubiésemos imaginado.

A pesar de tener a la prensa en contra, realizábamos tres manifestaciones diarias en Madrid y participábamos de todos los actos y actividades de notoriedad pública.

Usamos partidos de tenis y de fútbol para hacernos ver. Si los medios no iban a nosotros, nosotros íbamos a los medios.

-En 2015 llega el fallo favorable…
-Sí, y lo vimos como una victoria de toda la clase obrera, no sólo nuestra.

De todas formas, en ese momento Coca Cola no acató la sentencia y nos repartió por diferentes sitios, lo que nos cayó como un mazazo. Tuvimos que retomar el campamento para que se cumpliera el fallo tal cual lo había estipulado la justicia laboral: que debíamos ser reintegrados en las mismas funciones.

Cuando el Supremo Tribunal reafirma la anterior sentencia, Coca Cola no tiene más remedio que acatar lo dispuesto.

Pero al mismo tiempo la empresa no permitió a la embotelladora CCIP reabrir las líneas de producción y se inició un nuevo periplo.

El 7 de setiembre de 2015 finalmente reabrimos Fuenlabrada con el ingreso secuenciado de los compañeros. Los 236 trabajadores y trabajadoras que fuimos quedando a lo largo de esos dos años de lucha terminamos siendo retomados.

Ese momento fue realmente épico. Ingresamos de a uno, escuchando nuestro nombre y de fondo fuegos de artificio.

-¿Retomaron en ese momento la producción?
-No. Durante el proceso, la empresa continuó haciendo daño. Aunque nos pagaba la nómina todos los meses no nos daba tareas para realizar, lo que encubría un maltrato psicológico constante.

A esto se sumaron una serie de medidas y acusaciones contra dirigentes sindicales que participamos como invitados en un pleno de Leganés sobre la ampliación de un centro de distribución logística de Coca Cola en esa localidad.

Ese plan tiraba por la borda la posibilidad de convertir a la fábrica de Fuenlabrada en polo logístico, que había sido evocada por la empresa.

Los dirigentes sindicales presentes en ese acto solicitamos que no se apoyara esa ampliación mientras la situación legal de los despedidos de Fuenlabrada no se solucionara.

Sin embargo, la ampliación del centro de distribución de Leganés fue aprobada con el contubernio de representantes del Partido Popular y el Partido Socialista, lo que desencadenó un acto de protesta de nuestra parte que culminó con un pedido de prisión contra mí y contra otro compañero.

Nos acusaron de amenazas a miembros del Partido Popular, terrorismo y lesiones. Pidieron ocho años de prisión.

La presión social fue inmensa, y finalmente hace unas pocas semanas, en una nueva etapa del juicio en nuestra contra, fuimos absueltos de la mayoría de los cargos que nos imputaban.

De lo único que pueden acusarnos es de haber usado nuestras piernas y nuestras gargantas para dar batalla en las calles.

-¿Cuál es la situación actual?
-La planta de Fuenlabrada se proyecta como polo logístico, pero el juicio continúa porque la empresa está buscando hacer valer el artículo 61 del Convenio Colectivo, que permite el cambio de área de los trabajadores.

Nosotros alegamos que esa norma no puede estar por encima del derecho a la huelga, que la precede por ser un derecho fundamental. Estamos esperando la revocación de la última sentencia del Tribunal Supremo.

Somos conscientes de que nuestra lucha incomoda al gobierno y sus reformas laborales contra los trabajadores y a las transnacionales, porque ha sentado un precedente contra los cierres arbitrarios.