09
Junio
2017
Dirigente sindical despedida gana caso legal contra Calvo
Resistencia en la atunera
En Salvador, Gilberto García
Ilustración: Allan McDonald
Dolores Marisol Chévez, dirigente sindical de la planta de la atunera española Calvo en el departamento de La Unión, ganó un juicio laboral contra la compañía, que la despidió ilegalmente en diciembre. Calvo tiene un largo historial de violaciones a los derechos laborales y sindicales de sus empleados, en su gran mayoría mujeres.
Dolores Marisol venía sufriendo un acoso sistemático producto de su compromiso con sus compañeras de trabajo, especialmente luego de una falla general del sistema de aire acondicionado en junio de 2016, cuando la empresa obligó a cientos de mujeres a laborar con una temperatura de 36 grados, provocando el desmayo de muchas, incluyendo embarazadas.
De nada valieron gestiones realizadas por el sindicato ante la Gerencia Global de Recursos Humanos de Calvo.
Con el respaldo de la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos Bebidas, Hoteles Restaurantes y Agroindustria, (FESTASSABHRA), la Rel-UITA y del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), la trabajadora promovió un juicio contra la atunera española, argumentando la violación de su derecho a la libertad sindical contemplado en el Código de Trabajo salvadoreño y la Constitución de la República.
En estos se establece que una persona durante su mandato como directiva sindical y un año después no puede ser despedida ni desmejorada en su trabajo, a menos que exista justa causa comprobada ante un juez, lo que en ningún momento sucedió en el caso de Dolores Marisol.
El caso fue presentado en los primeros días de enero, obteniéndose el 15 de mayo una sentencia firme y condenatoria contra Calvo.
El fallo manda a la empresa a pagar los salarios caídos entre el 20 de diciembre 2016 y el 15 de mayo de 2017 a Dolores Marisol, tal y como lo realizaba cuando ésta desarrollaba sus labores como operaria en la planta de La Unión.
Aunque el juez no dispuso la reinstalación de la trabajadora en su puesto, abre las puertas a solicitarlo al máximo tribunal de justicia, decisión que ya han tomado FESTSSABHRA y el SITIPA.
Pese a que la sentencia es firme, la empresa aún no ha cumplido con la sentencia judicial, lo que denota su prepotencia y rebeldía ante las leyes salvadoreñas y ante los convenios internacionales de la OIT, que hace unos años la transnacional hacía gala de defender.
De nada valieron gestiones realizadas por el sindicato ante la Gerencia Global de Recursos Humanos de Calvo.
Con el respaldo de la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos Bebidas, Hoteles Restaurantes y Agroindustria, (FESTASSABHRA), la Rel-UITA y del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), la trabajadora promovió un juicio contra la atunera española, argumentando la violación de su derecho a la libertad sindical contemplado en el Código de Trabajo salvadoreño y la Constitución de la República.
En estos se establece que una persona durante su mandato como directiva sindical y un año después no puede ser despedida ni desmejorada en su trabajo, a menos que exista justa causa comprobada ante un juez, lo que en ningún momento sucedió en el caso de Dolores Marisol.
El caso fue presentado en los primeros días de enero, obteniéndose el 15 de mayo una sentencia firme y condenatoria contra Calvo.
El fallo manda a la empresa a pagar los salarios caídos entre el 20 de diciembre 2016 y el 15 de mayo de 2017 a Dolores Marisol, tal y como lo realizaba cuando ésta desarrollaba sus labores como operaria en la planta de La Unión.
Aunque el juez no dispuso la reinstalación de la trabajadora en su puesto, abre las puertas a solicitarlo al máximo tribunal de justicia, decisión que ya han tomado FESTSSABHRA y el SITIPA.
Pese a que la sentencia es firme, la empresa aún no ha cumplido con la sentencia judicial, lo que denota su prepotencia y rebeldía ante las leyes salvadoreñas y ante los convenios internacionales de la OIT, que hace unos años la transnacional hacía gala de defender.
Capacitarse para resistir
La importancia de la formación
Por otra parte, a fines de abril pasado las trabajadoras de Calvo, con respaldo de CEAL, la Rel-UITA y la FESTSSABHRA, comenzaron un proceso de capacitación para enfrentar riesgos de trabajo.
Calvo se instaló en 2003 en el departamento de La Unión, zona fronteriza con Honduras.
La falta de presencia institucional de las entidades del Estado, así como la influencia económica de la empresa han hecho que allí el trabajo sindical sea muy difícil.
Las trabajadoras, que constituyen más del 80 por ciento del personal, han resistido la indiferencia estatal, la represión empresarial, y ahora la aparición de Lesiones por Esfuerzo Repetitivo (LER), que resultan de años de laborar limpiando manualmente el atún dentro de un enorme congelador.
El La Unión, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) tiene poca o ninguna capacidad para atender esas problemáticas y no cuenta con especialistas en medicina del trabajo.
Las trabajadoras deben trasladarse hasta el departamento vecino de San Miguel, ubicado a una hora en transporte colectivo, para asistir a un médico especialista.
El proceso de diagnosticar una enfermedad profesional en el ISSS puede durar hasta dos años y hoy existen apenas 20 médicos del trabajo para una población de 840 mil cotizantes al seguro social.
La Ley General de Prevención en los Riesgos de Trabajo obliga a crear comités de salud y seguridad en cada empresa con más de 15 empleados, para participar de la gestión de riesgos y prevenirlos en el lugar de origen.
Los integrantes de los comités deben ser elegidos por los trabajadores en asamblea, pero las empresas privadas se han burlado de esas disposiciones e instalado comités ficticios.
Calvo no es una excepción. No solo ha simulado asambleas sino que mantiene vigentes prácticas como el no registro de los accidentes de trabajo y hechos peligrosos.
El proceso de capacitación iniciado en abril apunta a que las trabajadoras conozcan las herramientas con que cuentan para defender su salud, su integridad física y, en consecuencia, su vida misma.
Calvo se instaló en 2003 en el departamento de La Unión, zona fronteriza con Honduras.
La falta de presencia institucional de las entidades del Estado, así como la influencia económica de la empresa han hecho que allí el trabajo sindical sea muy difícil.
Las trabajadoras, que constituyen más del 80 por ciento del personal, han resistido la indiferencia estatal, la represión empresarial, y ahora la aparición de Lesiones por Esfuerzo Repetitivo (LER), que resultan de años de laborar limpiando manualmente el atún dentro de un enorme congelador.
El La Unión, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) tiene poca o ninguna capacidad para atender esas problemáticas y no cuenta con especialistas en medicina del trabajo.
Las trabajadoras deben trasladarse hasta el departamento vecino de San Miguel, ubicado a una hora en transporte colectivo, para asistir a un médico especialista.
El proceso de diagnosticar una enfermedad profesional en el ISSS puede durar hasta dos años y hoy existen apenas 20 médicos del trabajo para una población de 840 mil cotizantes al seguro social.
La Ley General de Prevención en los Riesgos de Trabajo obliga a crear comités de salud y seguridad en cada empresa con más de 15 empleados, para participar de la gestión de riesgos y prevenirlos en el lugar de origen.
Los integrantes de los comités deben ser elegidos por los trabajadores en asamblea, pero las empresas privadas se han burlado de esas disposiciones e instalado comités ficticios.
Calvo no es una excepción. No solo ha simulado asambleas sino que mantiene vigentes prácticas como el no registro de los accidentes de trabajo y hechos peligrosos.
El proceso de capacitación iniciado en abril apunta a que las trabajadoras conozcan las herramientas con que cuentan para defender su salud, su integridad física y, en consecuencia, su vida misma.