23
Marzo
2017
Con Juan Carlos Asenjo
“No han podido con nosotros”
En Montevideo, Amalia Antúnez
Juan Carlos Asenjo | Foto: Gerardo Iglesias
El pasado lunes 13 Juan Carlos Asenjo, portavoz del Comité de empresa de Casbega de Fuenlabrada (Coca Cola), de la central Comisiones Obreras (CCOO), fue absuelto de los cargos que se le imputaban vinculados a su accionar sindical en la huelga general del 29 de marzo de 2012. La Rel dialogó con él sobre el reciente fallo y sobre la situación de los sindicalistas en España.
-¿Qué sentiste al conocer el fallo?
-Por un lado me produjo satisfacción y tranquilidad de saberme absuelto de unas acusaciones que fueron un completo montaje, y por otro me queda la sensación de que en España, la justicia se comportó como mínimo, de forma dudosa.
Se pasaron cinco años para que dictaminaran que era falso todo el operativo, claramente montado por la Policía Nacional para promover una criminalización del legítimo derecho de huelga.
Desde marzo de 2012 mi familia y yo tuvimos que vivir con el peligro inminente que por falsas acusaciones yo pudiera terminar en la cárcel. Toda esa presión durante tanto tiempo no será reparada aunque el fallo haya sido favorable.
-¿En algún momento perdiste la esperanza de ser absuelto?
-No, en absoluto. Primeramente porque siempre tuve la conciencia tranquila de que no era culpable de los cargos que se me imputaron.
Esa mañana del 29 de marzo, cuando manifestábamos pacíficamente frente a la planta de la empresa Coca Cola en Madrid, se desató un operativo policial, cuyo principal objetivo era empresarial: sacarnos del lugar para que los camiones, previamente cargados por esquiroles contratados por la compañía, pudieran salir del local.
-¿Cambió algo con relación al accionar sindical en estos últimos años o sigue siendo criminalizado el derecho a la huelga y la protesta social?
-Sí, ha cambiado para peor y sí sigue siendo parte de la política de gobierno criminalizar las acciones sindicales.
En este momento en España hay cerca de 300 sindicalistas imputados y/o condenados por ejercer su legítimo derecho a la huelga.
Las grandes empresas, donde los comités sindicales son fuertes, se están valiendo del artículo 315.3 del Código Penal para criminalizar a los trabajadores que se atreven a realizar paralizaciones.
Lo usan como una herramienta para amedrentar al resto y porque en muchos casos tienen el aval de la justicia española y de las leyes impulsadas por el Partido Popular, como la Ley de Seguridad Ciudadana que extiende la criminalización a toda y cualquier protesta social.
-¿Cómo ha reaccionado el movimiento sindical español ante estas embestidas legislativas?
-Continúa dando batalla. De hecho con el conflicto de Coca Cola de 2014, donde logramos revertir una situación completamente desfavorable para los trabajadores, hemos demostrado que no han podido con nosotros y no podrán.
-Por un lado me produjo satisfacción y tranquilidad de saberme absuelto de unas acusaciones que fueron un completo montaje, y por otro me queda la sensación de que en España, la justicia se comportó como mínimo, de forma dudosa.
Se pasaron cinco años para que dictaminaran que era falso todo el operativo, claramente montado por la Policía Nacional para promover una criminalización del legítimo derecho de huelga.
Desde marzo de 2012 mi familia y yo tuvimos que vivir con el peligro inminente que por falsas acusaciones yo pudiera terminar en la cárcel. Toda esa presión durante tanto tiempo no será reparada aunque el fallo haya sido favorable.
-¿En algún momento perdiste la esperanza de ser absuelto?
-No, en absoluto. Primeramente porque siempre tuve la conciencia tranquila de que no era culpable de los cargos que se me imputaron.
Esa mañana del 29 de marzo, cuando manifestábamos pacíficamente frente a la planta de la empresa Coca Cola en Madrid, se desató un operativo policial, cuyo principal objetivo era empresarial: sacarnos del lugar para que los camiones, previamente cargados por esquiroles contratados por la compañía, pudieran salir del local.
-¿Cambió algo con relación al accionar sindical en estos últimos años o sigue siendo criminalizado el derecho a la huelga y la protesta social?
-Sí, ha cambiado para peor y sí sigue siendo parte de la política de gobierno criminalizar las acciones sindicales.
En este momento en España hay cerca de 300 sindicalistas imputados y/o condenados por ejercer su legítimo derecho a la huelga.
Las grandes empresas, donde los comités sindicales son fuertes, se están valiendo del artículo 315.3 del Código Penal para criminalizar a los trabajadores que se atreven a realizar paralizaciones.
Lo usan como una herramienta para amedrentar al resto y porque en muchos casos tienen el aval de la justicia española y de las leyes impulsadas por el Partido Popular, como la Ley de Seguridad Ciudadana que extiende la criminalización a toda y cualquier protesta social.
-¿Cómo ha reaccionado el movimiento sindical español ante estas embestidas legislativas?
-Continúa dando batalla. De hecho con el conflicto de Coca Cola de 2014, donde logramos revertir una situación completamente desfavorable para los trabajadores, hemos demostrado que no han podido con nosotros y no podrán.
En este momento en España hay cerca de 300 sindicalistas imputados y/o condenados por ejercer su legítimo derecho a la huelga.
Las grandes empresas, donde los comités sindicales son fuertes, se están valiendo del artículo 315.3 del Código Penal para criminalizar a los trabajadores que se atreven a realizar paralizaciones.