Los indignados y el gatopardismo

“No más AFP”, gritan los manifestantes, que responden al llamado de una Coordinadora Nacional integrada mayoritariamente por sindicatos.

La última marcha, el domingo 21, “dejó en claro el repudio de gran cantidad de gente a este sistema, que no es un sistema de seguridad social sino un mecanismo de ahorro forzoso que distribuye recursos a los grupos económicos tanto en Chile como en el extranjero”, dijo a La Rel Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol.

Esa asociación, que apunta a convertirse en “un centro de referencia nacional para cuestiones de trabajo, sindicalismo y educación que discuta las ‘verdades instaladas’ que sostienen al modelo económico actual”, según indica en su página web, apoya a la Coordinadora por distintas vías, desde la difusión a través de las redes sociales hasta la elaboración de documentos con propuestas de reforma.

“Las autoridades y la industria del sector afirman que los reclamos populares son solo por las bajas pensiones, pero no es así, las movilizaciones son contra todo el sistema de pensiones”, subraya el investigador.

El 90 por ciento de las jubilaciones son menores a 220 dólares, menos del 60 por ciento del salario mínimo. Los pocos que no están incluidos en el sistema cobran en función de un pilar solidario instituido en 2008 financiado con impuestos generales, y sus pensiones son de unos 120 dólares.

Los empresarios, a su vez, aportan 0 peso al sistema, “algo anómalo a nivel internacional que viola el convenio 102 de la OIT, según el cual al menos la mitad de la financiación del sistema la tienen que poner los empleadores”.

El dinero recogido por las AFP, unos 30.000 millones de dólares, es inmediatamente distribuido entre los grandes grupos económicos y va a parar a diez bancos, que con el monto recaudado  ofrecen créditos de consumo a los propios trabajadores, cobrando intereses que pueden llegar al 40 por ciento.

La rentabilidad que obtienen los trabajadores por sus pensiones es por su lado de tan solo 2 por ciento.

El gobierno de la Concertación, dirigido por la presidenta socialista Michelle Bachelet, no pretende sin embargo marchar hacia un sistema de reparto. Su única propuesta de “reforma” consiste es instaurar una AFP estatal.

“En vez de aceptar el reclamo popular de ‘No más AFP’, plantea ‘Sí más AFP’, una burla. Lo más lamentable es que los sectores más a la izquierda de la Concertación, por disciplina partidaria, acatan al Poder Ejecutivo. Hay un cortocircuito entre la gente y el gobierno, incluidos los partidos de la izquierda tradicional” que lo componen, constata el investigador de la Fundación Sol.

Interrogado por La Rel acerca de a qué sectores abarca el arco de la protesta, Durán dijo que comprende fundamentalmente a los sindicatos, sobre todo a aquellos que mantienen mayor grado de autonomía respecto a los partidos políticos.

Y apunta: “hoy hay en Chile un incipiente movimiento social que se ha llamado a sí mismo ‘indignado’. No responde tanto a las demandas clásicas sino más bien a críticas contra una serie de ‘abusos’ de parte del sistema político y económico. Tiene un perfil menos ideológico que las protestas clásicas”.

De ahí tal vez que estas marchas abarquen más gente (“el ambiente es antes que nada familiar”) que las también gigantescas movilizaciones estudiantiles por una “educación pública, gratuita, de calidad y sin fines de lucro”  de los últimos años, que “involucraban esencialmente a los jóvenes y eran más clásicas”, dice Durán.

Por lo pronto, Sol insiste en la necesidad de sustituir al sistema privado de hoy, que Chile comparte únicamente con una decena de países en el mundo, por otro de reparto, que rigió entre 1952 hasta la dictadura liderada por el general Augusto Pinochet.

En un documento que presentó en agosto de 2014 a la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, la Fundación recuerda que antes de que se instauraran las AFP el sistema de reparto funcionaba, con dificultades, pero funcionaba, y era sobre todo mucho más justo que el actual.

“Desde 1952 hasta comienzos de los setenta, a pesar de la notable expansión del sistema y de su amplia cobertura en términos de población y riesgos, existía el deseo de racionalizarlo para corregir las deficiencias que presentaba”, indica el texto.

De esas deficiencias, no se derivaba sin embargo “la conveniencia de reemplazarlo por un sistema privado de capitalización, como insistentemente ha sido planteado por los economistas del gobierno militar”, señala el texto citando al investigador José Pablo Arellano (1) en su trabajo “Políticas sociales y desarrollo. Chile 1924-1980”.

En base a proyecciones y estudios cifrados en función de distintas variables, la Fundación apunta a demostrar la sustentabilidad de un sistema de reparto, que recién en 2035 presentaría un déficit absolutamente absorbible en los siguientes treinta años a partir de una serie de mecanismos explicitados en el trabajo.

Sol concluye pidiendo a Michelle Bachelet que a la hora de revisar a fondo el actual estado de cosas “tome en consideración todas las posibilidades y no se ciña exclusivamente a la mantención o profundización del sistema de AFP impuesto en dictadura”.

Fue hace justo dos años, cuando la remozada Concertación llevaba apenas seis meses en el poder y el escenario estaba aún abierto. La presidenta socialista prefirió finalmente cambiar algo para conservar todo. “Una burla”, insistió Durán.