“Defender el convenio colectivo es cuestión de patria o muerte”

Nos toca informarles los pasos que hemos seguido durante esta etapa que comenzó hace siete años. Debemos tener claro que la defensa del Convenio Colectivo que estamos llevando adelante hoy es la defensa de los derechos de los trabajadores del sector tabacalero, afiliados o no al SAT.

Dentro de este convenio tenemos un servicio médico. Las patronales pagan la salud y todos los servicios sanitarios de sus trabajadores. Es parte de la plusvalía que generamos.

En este momento no nos interesa la plata, nos interesa la calidad del servicio de salud que se nos ofrece.

Hay un grupo de 236 jubilados que para el 31 de diciembre, si esto no se resuelve, se queda sin servicio médico y los activos pasarían al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), es decir que se eliminaría la Afityc (Asociación de Fabricantes e Importadores de Tabaco y Cigarrillos).

En esta asamblea estamos también defendiendo los puestos de trabajo de estos compañeros y compañeras que tienen los beneficios de nuestro convenio y que además usan el servicio médico.

Si este servicio médico se pierde, como pretenden algunos actores políticos del país, será tremendo porque se perderá en calidad del servicio para los usuarios y solo se beneficiará a la empresa.

El sistema actual tiene 400.000 trabajadores activos que se atienden en Salud Pública por no contar con condiciones de acceder a los altos costos que implica estar afiliado a servicios privados, por otra parte el Fonasa tiene un déficit de 10.000 millones de pesos (340 millones de dólares, aproximadamente).

El servicio de salud, inserto dentro de nuestro convenio colectivo, lo tenemos que defender, primero porque es un derecho, un acuerdo de partes, un Convenio Colectivo homologado por el propio presidente Tabaré Vázquez.

En 1976, en plena dictadura militar, cuando se crea Disse (Dirección de Seguros Sociales por Enfermedad), el Sindicato y la Cámara del Tabaco se presentan para interponer un recurso y defender el plan de salud.

Por decreto se dictamina que mientras la Afityc ofreciera un servicio médico superior a Disse se mantendría vigente.

En 1985, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti el Ejecutivo intenta otra vez violar el Convenio Colectivo de los tabacaleros. Pero lo mantuvimos.

En 2005 asume el primer gobierno progresista y reabren los Consejos de Salario, que como trabajadores reconocemos como una herramienta fundamental para la clase obrera.

Desde entonces negociamos un incremento real del salario y no sólo por el IPC.

Quisiera leerles un documento elaborado por un grado 5 en derecho laboral, el doctor Pérez del Castillo.  Dice lo siguiente:

“El servicio de Afityc se debe mantener por las siguientes razones:

1. Está en juego el principio protector tan caro del derecho al trabajo y en particular la las reglas de conservación de las condiciones más beneficiosas que concreta en principio para casos como este.
   
   Estas reglas suponen la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida que debe ser respetada en la medida que resulte más beneficiosa para el trabajador que la nueva norma que se habría de aplicar. (Pla Rodríguez).
   
   Cada norma sirve para mejorar las condiciones del trabajador y no para empeorarla.
   
   2. Se deja de lado el reconocimiento de derechos adquiridos, siempre presentes en las normas sobre seguridad social, que establecen nuevos requisitos para los beneficios posteriores a la entrada en vigencia de las nuevas normas, resguardando la situación jurídica de quienes ya tenían condiciones o causal para acceder a las prestaciones previstas por leyes anteriores.
   
   Se pensará que son legítimas expectativas y no derechos adquiridos, pero en realidad estos son derechos ya consolidados, pues se trata de prestaciones de las que gozan todos los beneficiarios del sistema.
   
   3.Implica una lesión a la libertad sindical (…)

Desde hace 50 años, los trabajadores organizados acordaron con la patronal, con el aval del Poder Ejecutivo, un régimen que consideraron y siguen considerando mucho más favorable que el sistema general, y lo siguen defendiendo.

Muy mala cosa es que no se respete ese convenio porque las relaciones colectivas actuales, que son armoniosas en el sector, están en gran medida fundadas en el tradicional Convenio Colectivo que ha sido defendido por ambas partes y puesto como ejemplo por la misma OIT en un informe que realizó en 1996”.

Lo que dice Pérez del Castillo es lo mismo que defienden los abogados del Sindicato, José Matos y Mariela Vernassa.

En este momento lo que se discute es la permanencia o no del servicio de prestación de salud que ofrece la empresa en acuerdo con los trabajadores y que es notoriamente superior en calidad a lo que se nos propone.

Nobleza obliga a hacer un reconocimiento a las directivas anteriores, a los compañeros que en 1962 firmaron este convenio, que la propia OIT reconoce como modelo a nivel mundial.

El primer sindicato tabacalero del Uruguay es de 1896, y desde entonces los trabajadores del sector siempre estuvieron organizados sindicalmente.

El servicio de salud que nos quieren quitar data de 1954, y es consecuencia de un primer acuerdo realizado en 1923, cuando se ofrecía un médico por fábrica.

Lo que tenemos hoy es el resultado de muchas negociaciones previas, en las mesas paritarias y de luchas, paros y huelgas.

Si el gobierno lo rompe, se trataría de injerencia sindical. Sería el gobierno quien estaría violando los derechos de los trabajadores.

Este año comenzamos con las reuniones y convocamos primeramente a Juan Castillo, director nacional de Trabajo. Nos dijo que estaba difícil la cosa para nosotros.

Intentamos llegar al ministro de Trabajo, pero no fue muy amigable con nosotros.

A partir de ahí comenzamos un periplo, visitando a todos los sectores de la bancada del oficialismo para ver si podían darnos un panorama mejor sobre nuestra situación. El vicepresidente de la República nos dijo que teníamos que seguir con esto.

El presidente nos mandó a hablar con Salud Pública. Así lo hicimos y no tuvimos ninguna respuesta.

Recurrimos entonces a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, quien hizo gestiones para que nos reuniéramos con el ministerio de Economía y lo único que obtuvimos fue que se firmara una prórroga para continuar negociando el tema.

Le mandamos al presidente de la República un petitorio y nos volvió a derivar a Salud Pública.

Junto a ese petitorio le enviamos una nota que no nos ha contestado hasta ahora. El Ministerio de Salud Pública nos llamó para decirnos lo siguiente: estamos dispuestos a firmar una prórroga de seis meses.

Nunca hubo una respuesta seria por parte de los gobernantes. Me da vergüenza que un gobierno progresista y varios compañeros nuestros que están hoy en el gobierno nos digan que somos un mal ejemplo para el resto de los sindicatos. ¿Qué hacer si los demás piden lo que nosotros ya tenemos?

Para que haya un convenio colectivo de este tipo tiene que haber empresas rentables y que tanto del lado sindical como del empresarial se manejen las cosas con coherencia, porque de eso se trata el diálogo social.

Nosotros tenemos la suerte de tener conversaciones directas con el dueño de Compañía Industrial del Tabaco, con quienes estamos de acuerdo. Estos empresarios quieren pagar este convenio porque son coherentes.

Esta lucha es una cuestión de principios. Esto es patria o muerte. La prórroga nos da un respiro para quienes quedarían expuestos, como el personal de Afityc y los jubilados.

Esperamos la chance que todavía no tuvimos de una reunión tripartita para subsanar este asunto.

Pero que quede bien claro que lo vamos a defender con todo y para todos.

Por último, no hay que dejar a la directiva sola en esta lucha, pues es una lucha de todos los tabacaleros. De la unidad podemos sacar algo positivo y ese es mi mensaje final.

Como dijo el papa Francisco: no alcanza con rezar, vengan a la misa, que en este caso es el Sindicato.