Con todas las de la ley

Las normas jurídicas aburren un poco, pero es importante que sepan que esta lucha no se trata apenas de sindicalismo y política, sino que está fuertemente basada en las normas legales que hasta el momento ningún gobernante ha podido refutar con argumentos válidos.

Los abogados de la empresa están en consonancia con nuestro planteo, lo que nos brinda un respaldo superior.

Hemos realizado un petitorio al presidente de la República, y como toda respuesta nos derivó en dos oportunidades al Ministerio de Salud Pública, pero en ningún momento se expidió sobre esta petición.

Aguardaremos hasta febrero por una respuesta. De lo contrario, presentaremos un recurso.

Como todos saben, desde 2008 el SAT lucha por conservar el servicio médico que tiene estipulado por Convenio Colectivo.

El Decreto 421/2010 reconoce que este plan de salud está incluido dentro del salario, y como tal es inmutable.

Si el gobierno interfiere quitando el plan de salud, estaría indirectamente tocando el salario de los trabajadores beneficiarios del servicio, y por lo tanto incurriría en algo ilegal desde el punto de vista del derecho laboral.

Alguien tendría entonces que hacerse cargo, no solo de la calidad y gratuidad de la salud brindada a este colectivo sino también de una rebaja salarial.

Es de conocimiento y amparo legal que ante una norma general y una particular se aplicará la que sea más beneficiosa, y en este caso el acuerdo colectivo entre las partes es mejor y contiene mayores beneficios para los trabajadores que la ley del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Además, supone un desconocimiento de los derechos adquiridos que los trabajadores tabacaleros han venido negociando durante 50 años.

Por otra parte, si el gobierno insiste en quitar este beneficio estaría violando el convenio y por consiguiente la ley de libertad sindical. En este caso presentaríamos una denuncia ante el Comité de Libertades Sindicales de la OIT.

Basado en la misma norma de ingreso al Fonasa encontramos dos artículos que son la base de nuestras razones.

Por un lado el artículo 69, que faculta al Poder Ejecutivo a mantener los regímenes acordados por Convenio Colectivo sin que sea obligatorio el ingreso al Fondo.

Y por otro el artículo 21, que dice que todos aquellos regímenes acordados se pueden mantener si están regulados por el Ministerio de Salud Pública y controlados en cuanto la sanidad. Ambos requisitos los cumple la Asociación de Fabricantes e Importadores de Tabaco y Cigarrillos (Afityc), por lo que jurídicamente tenemos todo de nuestro lado.

Veremos qué pasa en estos seis meses de prórroga que nos planteó el gobierno como toda respuesta, pero lo que es ley no cambiará.

Esperamos que el cambio venga por el lado del Poder Ejecutivo.