01
Febrero
2016
La criminalización de la lucha social
Con Gonzalo Fuentes, sindicalista de CCOO, tras su absolución
Con Gonzalo Fuentes, sindicalista de CCOO, tras su absolución
“Ahora hay que evitar que condenen a los compañeros de Airbus”
En Montevideo, Daniel Gatti
Foto: CCOO
Tras más de tres años de proceso, la justicia de Málaga absolvió a los dirigentes de Comisiones Obreras Gonzalo Fuentes y Lola Villalba y reconoció lo elemental: que la huelga es un derecho y no un delito. “Esperemos que esto siente precedentes y que no se concrete la barbaridad de condenar a los ocho compañeros del sindicato de Airbus”, para quienes el gobierno español solicitó un total superior a los 66 años de cárcel por un “crimen” similar, declaró Fuentes a La Rel.
“La sentencia todavía no está firme, pero queremos creer que la fiscalía no va a apelar”, estimó el integrante de la Ejecutiva regional del sindicato de Servicios de CCOO, responsabilizado junto a Villalba, secretaria general del mismo gremio, de intentar “coaccionar” a trabajadores durante un piquete de huelga, en noviembre de 2012.
“Ojalá este fallo marque un giro en la actitud antisindical y antidemocrática, propia de la época de la dictadura, que hasta ahora había asumido la fiscalía. Y que pueda asumir en España un gobierno de izquierdas que acabe con disposiciones como el artículo 135 del Código Penal, que criminaliza la protesta social”, dijo el gremialista.
Fuentes aseguró tener un sentimiento “agridulce”. “Estoy contento por Lola y por mí, claro. Hemos demostrado nuestra inocencia, pero debimos esperar más de tres años para probar lo elemental y para que se reconociera algo que en un país democrático no puede suceder: que se cuestione el ejercicio y la defensa del derecho de huelga”.
El juzgado en lo penal 4 de Málaga descartó el viernes pasado las acusaciones de la fiscalía y admitió que ambos sindicalistas actuaron en apego a su condición y que no violentaron ni coaccionaron a nadie.
“Pero aún hay más de 200 luchadores sociales, fundamentalmente sindicalistas, en una situación parecida a la que enfrentábamos nosotros, y esto también alimenta ese sentimiento agridulce”, agregó Fuentes.
“Ojalá este fallo marque un giro en la actitud antisindical y antidemocrática, propia de la época de la dictadura, que hasta ahora había asumido la fiscalía. Y que pueda asumir en España un gobierno de izquierdas que acabe con disposiciones como el artículo 135 del Código Penal, que criminaliza la protesta social”, dijo el gremialista.
Fuentes aseguró tener un sentimiento “agridulce”. “Estoy contento por Lola y por mí, claro. Hemos demostrado nuestra inocencia, pero debimos esperar más de tres años para probar lo elemental y para que se reconociera algo que en un país democrático no puede suceder: que se cuestione el ejercicio y la defensa del derecho de huelga”.
El juzgado en lo penal 4 de Málaga descartó el viernes pasado las acusaciones de la fiscalía y admitió que ambos sindicalistas actuaron en apego a su condición y que no violentaron ni coaccionaron a nadie.
“Pero aún hay más de 200 luchadores sociales, fundamentalmente sindicalistas, en una situación parecida a la que enfrentábamos nosotros, y esto también alimenta ese sentimiento agridulce”, agregó Fuentes.
¿Ocho años de prisión?
Cuando ser sindicalista es un delito
Entre el 9 y el 12 de febrero ocho dirigentes gremiales de la compañía aeronáutica Airbus serán sometidos a proceso en Madrid por su actuación durante la huelga general del 29 de setiembre de 2010 contra la reforma laboral.
La fiscalía pide para cada uno ellos ocho años y tres meses de prisión. Los ocho participaban en una concentración a las puertas de la empresa cuando la policía antidisturbios cargó contra los trabajadores, hiriendo a varios de ellos.
Tomás, Enrique, Rodolfo, Edgar, José, Raúl, Armando y Jerónimo –así se llaman- son acusados en virtud del mismo artículo 315 del Código Penal, un artículo que data del franquismo, que se pretendió aplicar contra Fuentes y Villalba.
“Los compañeros de Airbus están enfrentando un juicio político, algo intolerable.
La solidaridad nacional e internacional que se manifestó en nuestro caso –como el respaldo recibido de la Rel-UITA– y a la que mucho debemos, debe trasladarse a esos ocho trabajadores”, pidió Fuentes.
La fiscalía pide para cada uno ellos ocho años y tres meses de prisión. Los ocho participaban en una concentración a las puertas de la empresa cuando la policía antidisturbios cargó contra los trabajadores, hiriendo a varios de ellos.
Tomás, Enrique, Rodolfo, Edgar, José, Raúl, Armando y Jerónimo –así se llaman- son acusados en virtud del mismo artículo 315 del Código Penal, un artículo que data del franquismo, que se pretendió aplicar contra Fuentes y Villalba.
“Los compañeros de Airbus están enfrentando un juicio político, algo intolerable.
La solidaridad nacional e internacional que se manifestó en nuestro caso –como el respaldo recibido de la Rel-UITA– y a la que mucho debemos, debe trasladarse a esos ocho trabajadores”, pidió Fuentes.