En el gobierno anterior, del presidente Mauricio Funes, se formaron muchos sindicatos y el Ministerio de Trabajo trató de facilitar ese proceso, amparado en los recientemente ratificados convenios laborales internacionales.
Eso llevó a la decisión de legalizar los sindicatos, principalmente del sector público.
Partiendo de esas experiencias se consideró que era importante que el gobierno como empleador tuviera no solo una percepción positiva hacia los sindicatos, sino lineamientos concretos de cómo relacionarse con éstos en las entidades públicas. Esos lineamientos necesitan retomarse, ya que la Ley del Servicio Civil viene de los años cincuenta, y resulta bastante limitada.
El actual panorama laboral
Históricamente en El Salvador los grupos dominantes promovieron una idea bastante negativa de los sindicatos, de las cooperativas y de todo tipo de organización de carácter popular.
Dado que en ciertos casos las relaciones históricas han sido tensas, en algunas industrias se hace necesario posibilitar un entendimiento más franco con los empresarios y promover el diálogo social.
Por eso se le propuso al presidente crear una entidad en el Ejecutivo que llevara adelante esta tarea con suficiente músculo institucional y político, y eso implicó crear la Comisión por decreto, para darle respaldo y herramientas.
