De acuerdo con el documento, 123 defensores de la tierra y los bienes comunes han sido asesinados tras el golpe de Estado de 2009; otros han sido amenazados, perseguidos y encarcelados.
Más del 90 por ciento de estos crímenes han quedado impunes.
Estos niveles de violencia e intimidación impactan con fuerza en las comunidades rurales, indígenas y campesinas, donde se desarrollan formas de resistencia y lucha contra proyectos extractivos y el saqueo de los bienes comunes.