Entre otros puntos, los inspectores denunciaron la violación del fuero sindical y el despido ilegal de decenas de trabajadoras, así como el irrespeto del pago del salario mínimo. Por eso, recomendaban obligar a las empresas a pagar un millonario ajuste salarial.
En repetidas ocasiones, el STAS denunció también que las trabajadoras jamás cotizaron al Seguro Social, y han quedado por décadas sin acceso a atención médica ni a jubilación.