07
Febrero
2017
La expansión de la “economía colaborativa”
Las nuevas trampas del capitalismo de plataforma
En Montevideo, Daniel Gatti
Imagen:Fundación Rosa Luxemburgo
“Uno de los aspectos más alarmantes de la llamada economía colaborativa es que está incursionando en el sector servicios, donde ya existen bajos salarios, trabajo precario, malas condiciones de trabajo y desconocimiento de los derechos básicos de los trabajadores”, afirma una de las resoluciones de XV Conferencia Regional Latinoamericana de la UITA. Lo que sucede actualmente en varios países latinoamericanos lo demuestra.
Algunos de los exponentes más conocidos de ese fenómeno son las plataformas electrónicas Airbnb, Squarebrak, Vrbo, Homeaway y Oasis Collection, que operan en el sector inmobiliario, o Uber y Cabify, en el transporte.
Se trata de un sistema que apunta a “extraer beneficios empresariales en aquellos sectores que no pueden ser deslocalizados, al tiempo que libera a los empleadores de toda regulación laboral que signifique un derecho para los trabajadores”, dice la resolución de la conferencia de la Regional.
De esta forma, agrega, la “economía colaborativa” “se convierte en una economía sin salario mínimo ni pago de horas extraordinarias y donde los empleadores no tienen que contribuir al sistema de salud, ni al seguro de desempleo, ni al seguro contra accidentes, ni a la seguridad social de sus trabajadores y trabajadoras”.
En Nicaragua, por ejemplo, ya hay más de mil viviendas lanzadas al mercado de alquileres fundamentalmente en las zonas turísticas como la costa del Pacífico.
Algo similar sucede en Panamá, Brasil, Argentina, México, Chile, Uruguay.
El caso nicaragüense es particular, porque en el país no hay una estructura suficientemente desarrollada, y plataformas como estas encuentran campo orégano para extenderse casi sin obstáculos.
Un estudio publicado este mes de enero en la página web centralamericadata.com señala que “el esfuerzo que deben hacer los empresarios del sector turístico nicaragüense para competir con Airbnb es aún mayor” que en países vecinos.
Los promotores de estas plataformas las presentan como mecanismos de “democratización” de las relaciones entre ofertantes de un servicio y los consumidores
Carlos Muñoz, gerente de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, dijo a elnuevodiario.com de Nicaragua que su empresa y otras similares “permite que personas que tradicionalmente no hayan podido participar en el turismo puedan participar y recibir beneficios de ese sector'."
En Panamá, señala centralamericadata.com, “a pesar de que existe una ley que prohíbe el alquiler de apartamentos a turistas por menos de 45 días y sanciona con 50 mil dólares a quienes sean reincidentes en la falta, esta alternativa de alquiler vacacional sigue creciendo”.
En Costa Rica, las plataformas web tipo Airbnb aumentaron tres veces su nivel de penetración entre 2010 y 2015, controlando entre 4 y 11 por ciento del mercado de alquileres de viviendas.
“De los más de 9,6 millones que turistas que visitaron Costa Rica en los últimos cinco años, casi 700 mil afirmaron haberse quedado en residencias alquiladas a través de plataformas como Airbnb o Homeaway, en lugar de hoteles”, indica.
En países con estados relativamente fuertes como Costa Rica algunas empresas están aceptando sentarse a una mesa negociaciones para regularizar su situación.
“La oferta de viviendas disponibles para alquiler temporal equivale allí a 18 por ciento de la oferta hotelera”, considera centralamericadata.com.
La “economía colaborativa” no constituye sólo una forma de competencia desleal con las cadenas hoteleras establecidas sino de evasión fiscal, de irrespeto a los derechos más elementales de los trabajadores (por otra parte muy a menudo violados de manera sistemática también en los hoteles “formales”) y hasta una fuente de inseguridad (especialmente en el control de la prostitución infantil), señaló la Rel-UITA.
Por todo ello, la Regional resolvía en su declaración rebautizar a la llamada “economía colaborativa” y designarla como lo que realmente es: un exponente del “capitalismo de plataforma”.
Se trata de un sistema que apunta a “extraer beneficios empresariales en aquellos sectores que no pueden ser deslocalizados, al tiempo que libera a los empleadores de toda regulación laboral que signifique un derecho para los trabajadores”, dice la resolución de la conferencia de la Regional.
De esta forma, agrega, la “economía colaborativa” “se convierte en una economía sin salario mínimo ni pago de horas extraordinarias y donde los empleadores no tienen que contribuir al sistema de salud, ni al seguro de desempleo, ni al seguro contra accidentes, ni a la seguridad social de sus trabajadores y trabajadoras”.
En Nicaragua, por ejemplo, ya hay más de mil viviendas lanzadas al mercado de alquileres fundamentalmente en las zonas turísticas como la costa del Pacífico.
Algo similar sucede en Panamá, Brasil, Argentina, México, Chile, Uruguay.
El caso nicaragüense es particular, porque en el país no hay una estructura suficientemente desarrollada, y plataformas como estas encuentran campo orégano para extenderse casi sin obstáculos.
Un estudio publicado este mes de enero en la página web centralamericadata.com señala que “el esfuerzo que deben hacer los empresarios del sector turístico nicaragüense para competir con Airbnb es aún mayor” que en países vecinos.
Los promotores de estas plataformas las presentan como mecanismos de “democratización” de las relaciones entre ofertantes de un servicio y los consumidores
Carlos Muñoz, gerente de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, dijo a elnuevodiario.com de Nicaragua que su empresa y otras similares “permite que personas que tradicionalmente no hayan podido participar en el turismo puedan participar y recibir beneficios de ese sector'."
En Panamá, señala centralamericadata.com, “a pesar de que existe una ley que prohíbe el alquiler de apartamentos a turistas por menos de 45 días y sanciona con 50 mil dólares a quienes sean reincidentes en la falta, esta alternativa de alquiler vacacional sigue creciendo”.
En Costa Rica, las plataformas web tipo Airbnb aumentaron tres veces su nivel de penetración entre 2010 y 2015, controlando entre 4 y 11 por ciento del mercado de alquileres de viviendas.
“De los más de 9,6 millones que turistas que visitaron Costa Rica en los últimos cinco años, casi 700 mil afirmaron haberse quedado en residencias alquiladas a través de plataformas como Airbnb o Homeaway, en lugar de hoteles”, indica.
En países con estados relativamente fuertes como Costa Rica algunas empresas están aceptando sentarse a una mesa negociaciones para regularizar su situación.
“La oferta de viviendas disponibles para alquiler temporal equivale allí a 18 por ciento de la oferta hotelera”, considera centralamericadata.com.
La “economía colaborativa” no constituye sólo una forma de competencia desleal con las cadenas hoteleras establecidas sino de evasión fiscal, de irrespeto a los derechos más elementales de los trabajadores (por otra parte muy a menudo violados de manera sistemática también en los hoteles “formales”) y hasta una fuente de inseguridad (especialmente en el control de la prostitución infantil), señaló la Rel-UITA.
Por todo ello, la Regional resolvía en su declaración rebautizar a la llamada “economía colaborativa” y designarla como lo que realmente es: un exponente del “capitalismo de plataforma”.