11
Enero
2016
Salinas, de balneario a zona sojera
El modelo sojero en la cotidiana
En Montevideo, Daniel Gatti
Foto: ssq.com.uy
Lo que está sucediendo actualmente en la localidad de Salinas, en el departamento uruguayo de Canelones, es bien representativo de lo que ocurre día a día en las zonas habitadas de lo que se ha llamado “la república sojera del Mercosur”.
La historia, revelada el lunes 11 por el matutino La diaria, pone en escena a vecinos, científicos, autoridades de gobierno, grandes productores, productores familiares, cada cual –salvo los científicos, que cambian de lugar según su nivel de conciencia y sus vínculos– en el sitio que habitualmente ocupan en estos conflictos.
Según relata el periódico, el jueves 7 los habitantes de Salinas –un pequeño balneario cercano al Río de la Plata– comenzaron a sentir repentinamente picor en la garganta y dolores de cabeza, además de “un olor medio raro”, según testimoniaron.
Y luego problemas respiratorios, problemas de visión y erupciones cutáneas.
No se sorprendieron, porque ya era la cuarta vez que les sucedía desde que en 2012 la zona se cubrió del característico tapiz verde de la oleaginosa que tan ricos ha hecho a algunos y tan víctimas a otros.
Una vez los olores y los efectos fueron tan intensos que los habitantes debieron “evacuar el barrio”, según dijo Juan Chiarino, uno de los vecinos afectados,
La semana pasada vieron a un hombre rociar con un “mosquito”, un aparato de múltiples patas usualmente empleado en las fumigaciones, las 300 hectáreas que un estanciero tiene plantadas con soja en la zona de Laguna del Cisne, en Salinas, y encontraron desperdigados bidones con Roundup, el agrotóxico a base de glifosato que fabrica la transnacional Monsanto y que se emplea para tratar la oleaginosa.
En la Laguna del Cisne, la empresa estatal de aguas del Uruguay, OSE, tiene una planta potabilizadora que abastece a 170.000 personas de todo el departamento de Canelones, el más poblado del país después de Montevideo, y uno de los de mayor actividad agrícola.
Los vecinos han visto a peones del mismo estanciero lavar los “mosquitos” en las aguas de la laguna y ya habían localizado toneles de Roundup vacíos en el área, a los que tomaron fotos que enviaron al Ministerio de Salud Pública. Sin resultado.
Este domingo 10, consiguieron que por primera vez desde que están denunciando estos problemas, casi que desde el desembarco de la soja, tres años y pico atrás, OSE aceptara tomar muestras del agua de la laguna para detectar si hay en ella rastros de glifosato.
Según relata el periódico, el jueves 7 los habitantes de Salinas –un pequeño balneario cercano al Río de la Plata– comenzaron a sentir repentinamente picor en la garganta y dolores de cabeza, además de “un olor medio raro”, según testimoniaron.
Y luego problemas respiratorios, problemas de visión y erupciones cutáneas.
No se sorprendieron, porque ya era la cuarta vez que les sucedía desde que en 2012 la zona se cubrió del característico tapiz verde de la oleaginosa que tan ricos ha hecho a algunos y tan víctimas a otros.
Una vez los olores y los efectos fueron tan intensos que los habitantes debieron “evacuar el barrio”, según dijo Juan Chiarino, uno de los vecinos afectados,
La semana pasada vieron a un hombre rociar con un “mosquito”, un aparato de múltiples patas usualmente empleado en las fumigaciones, las 300 hectáreas que un estanciero tiene plantadas con soja en la zona de Laguna del Cisne, en Salinas, y encontraron desperdigados bidones con Roundup, el agrotóxico a base de glifosato que fabrica la transnacional Monsanto y que se emplea para tratar la oleaginosa.
En la Laguna del Cisne, la empresa estatal de aguas del Uruguay, OSE, tiene una planta potabilizadora que abastece a 170.000 personas de todo el departamento de Canelones, el más poblado del país después de Montevideo, y uno de los de mayor actividad agrícola.
Los vecinos han visto a peones del mismo estanciero lavar los “mosquitos” en las aguas de la laguna y ya habían localizado toneles de Roundup vacíos en el área, a los que tomaron fotos que enviaron al Ministerio de Salud Pública. Sin resultado.
Este domingo 10, consiguieron que por primera vez desde que están denunciando estos problemas, casi que desde el desembarco de la soja, tres años y pico atrás, OSE aceptara tomar muestras del agua de la laguna para detectar si hay en ella rastros de glifosato.
El vía crucis del fumigado
Soledad y omisión estatal
Para que ellos, los fumigados, puedan saber si tienen en su cuerpo rastros de este producto calificado de cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud en 2015, el periplo es tan largo y complicado que por lo general desisten.
Deben trasladarse a La Plata, en Argentina, donde existe el laboratorio más cercano capaz de hacer esos exámenes, y luego certificar por escribano los resultados de sus muestras de sangre.
“Un vecino de la laguna que vive en su chacra no está en condiciones de hacerlo”, dijo a La diaria Carol Aviaga, una enfermera de profesión residente en la zona que es además senadora del opositor Partido Nacional.
En octubre pasado, cuando se produjo la fumigación anterior, los vecinos, que presentaban síntomas similares a los que hoy padecen, se dirigieron a la policlínica de los alrededores.
Los médicos no sabían cómo tratarlos y les recetaron un simple analgésico. Los vecinos, a su vez, no saben dónde presentar las denuncias y son pocas las autoridades que los auxilian.
Mabel Burguer, grado 5 de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y ex directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, sabe que si se quiere investigar, controlar y sancionar se puede, pero no ha visto hasta ahora que ello suceda mayormente.
Sabe también que son los agrotóxicos los responsables de los problemas que aquejan a los vecinos, ha visto casos del mismo tipo en otros departamentos del país y está al tanto de estudios realizados en Argentina sobre los (terribles) efectos del glifosato en seres humanos.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sabe a su vez que los culpables de las fumigaciones no son los productores familiares de la zona, sino los grandes.
Así lo tuiteó a Aviaga en un intercambio de mensajes que mantuvieron por estos días.
Pero han sido pocos los estancieros sancionados. El responsable de las fumigaciones del jueves ya había sido denunciado seis veces por los vecinos sin que el Ministerio de Agricultura tomara medida alguna contra él.
En algún caso, las sanciones recayeron en las empresas fumigadoras, no en quienes las contrataron, y ocurrieron por haber operado a menos de 300 metros de centros poblados, el límite fijado para poder rociar los agrotóxicos, y no por las consecuencias padecidas por los habitantes.
Según relató Chiarino, en las audiencias los abogados de empresas y estancieros recurren siempre a un par de argumentos: que las prohibiciones de fumigar en los alrededores de zonas habitadas son inconstitucionales y que son incongruentes con “un pedido del gobierno, que promueve el modelo productivo de los grandes plantíos de soja”.
En esto, evidentemente, tienen razón.
Deben trasladarse a La Plata, en Argentina, donde existe el laboratorio más cercano capaz de hacer esos exámenes, y luego certificar por escribano los resultados de sus muestras de sangre.
“Un vecino de la laguna que vive en su chacra no está en condiciones de hacerlo”, dijo a La diaria Carol Aviaga, una enfermera de profesión residente en la zona que es además senadora del opositor Partido Nacional.
En octubre pasado, cuando se produjo la fumigación anterior, los vecinos, que presentaban síntomas similares a los que hoy padecen, se dirigieron a la policlínica de los alrededores.
Los médicos no sabían cómo tratarlos y les recetaron un simple analgésico. Los vecinos, a su vez, no saben dónde presentar las denuncias y son pocas las autoridades que los auxilian.
Mabel Burguer, grado 5 de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y ex directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, sabe que si se quiere investigar, controlar y sancionar se puede, pero no ha visto hasta ahora que ello suceda mayormente.
Sabe también que son los agrotóxicos los responsables de los problemas que aquejan a los vecinos, ha visto casos del mismo tipo en otros departamentos del país y está al tanto de estudios realizados en Argentina sobre los (terribles) efectos del glifosato en seres humanos.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sabe a su vez que los culpables de las fumigaciones no son los productores familiares de la zona, sino los grandes.
Así lo tuiteó a Aviaga en un intercambio de mensajes que mantuvieron por estos días.
Pero han sido pocos los estancieros sancionados. El responsable de las fumigaciones del jueves ya había sido denunciado seis veces por los vecinos sin que el Ministerio de Agricultura tomara medida alguna contra él.
En algún caso, las sanciones recayeron en las empresas fumigadoras, no en quienes las contrataron, y ocurrieron por haber operado a menos de 300 metros de centros poblados, el límite fijado para poder rociar los agrotóxicos, y no por las consecuencias padecidas por los habitantes.
Según relató Chiarino, en las audiencias los abogados de empresas y estancieros recurren siempre a un par de argumentos: que las prohibiciones de fumigar en los alrededores de zonas habitadas son inconstitucionales y que son incongruentes con “un pedido del gobierno, que promueve el modelo productivo de los grandes plantíos de soja”.
En esto, evidentemente, tienen razón.
Los habitantes de Salinas comenzaron a sentir repentinamente picor en la garganta y dolores de cabeza, además de “un olor medio raro”, según testimoniaron. Y luego problemas respiratorios, problemas de visión y erupciones cutáneas.
Mabel Burguer, grado 5 de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y ex directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, sabe que si se quiere investigar, controlar y sancionar se puede, pero no ha visto hasta ahora que ello suceda mayormente.