13
Junio
2016
Con Jair Krischke
Se hizo justicia
“La condena de Cordero es la victoria del bien sobre el mal”
En Montevideo, Amalia Antúnez
Jair Krischke | Foto: Gerardo Iglesias
Presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, Jair Krischke fue uno de los artífices de la condena a 25 años de prisión, en Argentina, por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, del militar uruguayo Manuel Cordero Piacnetini. “El Sabueso”, como se lo conoce por su capacidad para descubrir a criminales de lesa humanidad, fue fundamental para que se llegara a ese fallo.
En diálogo con La Rel, Jair se mostró muy complacido por el reciente fallo de la justicia argentina, que según él “es un ejemplo para Brasil. No sólo porque sienta un precedente jurídico sino principalmente porque lo deja en evidencia”.
“Brasil es el único país donde los militares que participaron de los planes represivos durante las dictaduras del Cono Sur gozan de total y absoluta impunidad”, destacó el activista.
Cordero huyó a Brasil en julio de 2004 desde Uruguay para evitar comparecer ante el juez Pedro Hackembruch en una causa de "desacato con ofensa" denunciada por el juez José Balcaldi, quien le instruía un juicio por "apología del delito" ante declaraciones públicas en las que el militar reivindicó la tortura.
“En esta instancia, el periodista uruguayo Roger Rodríguez me alertó sobre la posibilidad de que Cordero estuviese escondido en la frontera Rivera-Livramento”, recordó Jair.
“Inmediatamente accioné mis contactos y, en efecto, en febrero de 2005 descubrimos que el coronel retirado no solo estaba viviendo en Livramento sino que además cruzaba todos los meses a cobrar su acaudalada jubilación del lado uruguayo”, señaló.
El 25 de febrero Krischke vuela a Buenos Aires, donde se estaba desarrollando el juicio sobre detenidos desaparecidos en el centro de represión Automotores Orletti para declarar que Cordero, uno de los implicados en la causa, se hallaba preso en Brasil.
Automotores Orletti fue la base principal de las operaciones de las fuerzas uruguayas en Argentina en el marco del Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras.
“En Argentina fui a solicitar al juez que pidiera la extradición de Cordero –cuenta– y finalmente, gracias al trabajo de muchas personas, años después lo logramos”.
Pero la cosa había empezado mal. En 2009, una vez solicitada la extradición por la fiscalía argentina, el relator del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Marco Aurelio de Mello, desestimó el pedido por considerar que los desaparecidos seguramente estuviesen muertos y que si así era se trataba de un crimen de homicidio ya prescripto.
Solo uno de los miembros del STF, César Peruso, solicitó analizar más detenidamente el caso, posponiendo la decisión.
“Además de absurdo, el informe de Marco Aurelio era falso porque solo mencionaba dos desapariciones, y obviaba uno de los casos emblemáticos en los que participó Cordero, la apropiación del hijo de Sara Méndez, Simón Riquelo, quien recobró su identidad 22 años después, y otros varios casos de secuestros, torturas, violaciones y asesinatos”.
En ese escenario, Krischke viajó a Montevideo para contactar a organizaciones de derechos humanos y la fiscalía uruguaya con el fin de presionar al STF para que cambiase de parecer y votase favorablemente por la extradición.
“En Montevideo me contacto con la oficina regional de la UITA -¿la conoces?, bromea Jair- y junto con Gerardo (Iglesias) y su equipo dimos inicio a una campaña internacional pidiendo la extradición”.
La campaña constaba de un mensaje enviado por correo electrónico a las cuentas de los ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
“Fue tal el éxito de esta campaña que no solo logramos el hecho histórico de cambiar el resultado de la votación y que Cordero fuera finalmente extraditado a Argentina, sino que además conseguimos sentar un precedente que fue incorporado a los tópicos jurídicos en Brasil”, se alegra Jair.
Y agrega riendo: “también a partir de esta campaña, los correos electrónicos de los miembros del Supremo ya no son accesibles”.
El pasado 27 de mayo, Manuel Cordero Piacentini fue condenado en Buenos Aires a 25 años de prisión junto con otros represores argentinos por la causa del Plan Cóndor.
Diversas organizaciones de derechos humanos celebraron que finalmente se hubiera hecho justicia.
“Brasil es el único país donde los militares que participaron de los planes represivos durante las dictaduras del Cono Sur gozan de total y absoluta impunidad”, destacó el activista.
Cordero huyó a Brasil en julio de 2004 desde Uruguay para evitar comparecer ante el juez Pedro Hackembruch en una causa de "desacato con ofensa" denunciada por el juez José Balcaldi, quien le instruía un juicio por "apología del delito" ante declaraciones públicas en las que el militar reivindicó la tortura.
“En esta instancia, el periodista uruguayo Roger Rodríguez me alertó sobre la posibilidad de que Cordero estuviese escondido en la frontera Rivera-Livramento”, recordó Jair.
“Inmediatamente accioné mis contactos y, en efecto, en febrero de 2005 descubrimos que el coronel retirado no solo estaba viviendo en Livramento sino que además cruzaba todos los meses a cobrar su acaudalada jubilación del lado uruguayo”, señaló.
El 25 de febrero Krischke vuela a Buenos Aires, donde se estaba desarrollando el juicio sobre detenidos desaparecidos en el centro de represión Automotores Orletti para declarar que Cordero, uno de los implicados en la causa, se hallaba preso en Brasil.
Automotores Orletti fue la base principal de las operaciones de las fuerzas uruguayas en Argentina en el marco del Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras.
“En Argentina fui a solicitar al juez que pidiera la extradición de Cordero –cuenta– y finalmente, gracias al trabajo de muchas personas, años después lo logramos”.
Pero la cosa había empezado mal. En 2009, una vez solicitada la extradición por la fiscalía argentina, el relator del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Marco Aurelio de Mello, desestimó el pedido por considerar que los desaparecidos seguramente estuviesen muertos y que si así era se trataba de un crimen de homicidio ya prescripto.
Solo uno de los miembros del STF, César Peruso, solicitó analizar más detenidamente el caso, posponiendo la decisión.
“Además de absurdo, el informe de Marco Aurelio era falso porque solo mencionaba dos desapariciones, y obviaba uno de los casos emblemáticos en los que participó Cordero, la apropiación del hijo de Sara Méndez, Simón Riquelo, quien recobró su identidad 22 años después, y otros varios casos de secuestros, torturas, violaciones y asesinatos”.
En ese escenario, Krischke viajó a Montevideo para contactar a organizaciones de derechos humanos y la fiscalía uruguaya con el fin de presionar al STF para que cambiase de parecer y votase favorablemente por la extradición.
“En Montevideo me contacto con la oficina regional de la UITA -¿la conoces?, bromea Jair- y junto con Gerardo (Iglesias) y su equipo dimos inicio a una campaña internacional pidiendo la extradición”.
La campaña constaba de un mensaje enviado por correo electrónico a las cuentas de los ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil.
“Fue tal el éxito de esta campaña que no solo logramos el hecho histórico de cambiar el resultado de la votación y que Cordero fuera finalmente extraditado a Argentina, sino que además conseguimos sentar un precedente que fue incorporado a los tópicos jurídicos en Brasil”, se alegra Jair.
Y agrega riendo: “también a partir de esta campaña, los correos electrónicos de los miembros del Supremo ya no son accesibles”.
El pasado 27 de mayo, Manuel Cordero Piacentini fue condenado en Buenos Aires a 25 años de prisión junto con otros represores argentinos por la causa del Plan Cóndor.
Diversas organizaciones de derechos humanos celebraron que finalmente se hubiera hecho justicia.
Cronología de una detención
Por Jair Krischke
Después de huir de su país en 2004, Cordero permaneció prófugo y sin paradero conocido hasta el jueves 22 de febrero de 2007.
A las 12:40 de ese día,se presenta en el consulado de Uruguay en Santana do Livramento, pidiendo que se le entregara un certificado de fe de vida para que su apoderada (su hija) pudiera cobrar su jubilación en Montevideo.
El mismo día, a las 14:30, la viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay, Belela Herrera, me informa vía telefónica de la presencia de Cordero en el consulado y me pide colaboración.
A las 15:00 hablo por teléfono con el cónsul de Uruguay en Santana do Livramento, el señor Ignacio Capandeguy, quien me informa que el abogado de Cordero, el doctor Julio Martins Favero, recién había pasado por el consulado para buscar el certificado de fe de vida de su cliente y que le había dicho que seguían esperando orientación desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo, que por favor volviera al día siguiente.
A las 15:30 intento comunicarme telefónicamente con Interpol de Brasilia y no lo logro.
Al día siguiente, viernes 23 de febrero, llamo al doctor Augustino Veit, quien trabajó conmigo durante años en el MJDH y que entonces integraba la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil.
Por la mañana hablo con el oficial de la Policía Federal Glorivan Bernardes de Oliveira, coordinador de Interpol Brasil, planteando la situación de Cordero y en ese momento me entero que ya el ministro relator había firmado la orden de prisión con fines de extradición.
Por la tarde vuelvo a hablar con el cónsul uruguayo en Livramento, quien me informa sobre la insistencia del abogado de Cordero para obtener el famoso certificado de fe de vida, diciendo que su cliente no cobraba la jubilación desde enero. El cónsul le pide que regrese el lunes siguiente.
El domingo 25 de febrero, por fax dirigido a la Policía Federal de Santana do Livramento, el abogado pide refugio para Cordero. Le informan que, por exigencia de la Ley nº 9.474/97, quien solicita tal condición debe hacerlo personalmente, en la comisaría.
El lunes 26 de febrero el abogado vuelve al consulado y recibe como respuesta una nueva excusa. El cónsul me dice que es evidente que saben que el nuevo gobierno no quiere darles el documento.
Ese mismo día, por la tarde, Cordero se presenta en la comisaría de Santa Ana do Livramento para dar inicio al trámite de pedido de refugio. En ese mismo momento lo detienen.
A las 18:30 llamo a Belela Herrera para contarle la buena noticia pero no la encuentro. Inmediatamente llamo al cónsul uruguayo y a mis amigos del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay para pedirles que por favor informen a Belela sobre la detención de Cordero.
A las 20:30 me llama Belela para agradecerme.
El martes 27 de febrero, Cordero marcha escoltado a la cárcel de la Policía Federal de Porto Alegre, donde aguardará su extradición a Argentina.
El resto ya es historia conocida.
Por Jair Krischke
Después de huir de su país en 2004, Cordero permaneció prófugo y sin paradero conocido hasta el jueves 22 de febrero de 2007.
A las 12:40 de ese día,se presenta en el consulado de Uruguay en Santana do Livramento, pidiendo que se le entregara un certificado de fe de vida para que su apoderada (su hija) pudiera cobrar su jubilación en Montevideo.
El mismo día, a las 14:30, la viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay, Belela Herrera, me informa vía telefónica de la presencia de Cordero en el consulado y me pide colaboración.
A las 15:00 hablo por teléfono con el cónsul de Uruguay en Santana do Livramento, el señor Ignacio Capandeguy, quien me informa que el abogado de Cordero, el doctor Julio Martins Favero, recién había pasado por el consulado para buscar el certificado de fe de vida de su cliente y que le había dicho que seguían esperando orientación desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo, que por favor volviera al día siguiente.
A las 15:30 intento comunicarme telefónicamente con Interpol de Brasilia y no lo logro.
Al día siguiente, viernes 23 de febrero, llamo al doctor Augustino Veit, quien trabajó conmigo durante años en el MJDH y que entonces integraba la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil.
Por la mañana hablo con el oficial de la Policía Federal Glorivan Bernardes de Oliveira, coordinador de Interpol Brasil, planteando la situación de Cordero y en ese momento me entero que ya el ministro relator había firmado la orden de prisión con fines de extradición.
Por la tarde vuelvo a hablar con el cónsul uruguayo en Livramento, quien me informa sobre la insistencia del abogado de Cordero para obtener el famoso certificado de fe de vida, diciendo que su cliente no cobraba la jubilación desde enero. El cónsul le pide que regrese el lunes siguiente.
El domingo 25 de febrero, por fax dirigido a la Policía Federal de Santana do Livramento, el abogado pide refugio para Cordero. Le informan que, por exigencia de la Ley nº 9.474/97, quien solicita tal condición debe hacerlo personalmente, en la comisaría.
El lunes 26 de febrero el abogado vuelve al consulado y recibe como respuesta una nueva excusa. El cónsul me dice que es evidente que saben que el nuevo gobierno no quiere darles el documento.
Ese mismo día, por la tarde, Cordero se presenta en la comisaría de Santa Ana do Livramento para dar inicio al trámite de pedido de refugio. En ese mismo momento lo detienen.
A las 18:30 llamo a Belela Herrera para contarle la buena noticia pero no la encuentro. Inmediatamente llamo al cónsul uruguayo y a mis amigos del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay para pedirles que por favor informen a Belela sobre la detención de Cordero.
A las 20:30 me llama Belela para agradecerme.
El martes 27 de febrero, Cordero marcha escoltado a la cárcel de la Policía Federal de Porto Alegre, donde aguardará su extradición a Argentina.
El resto ya es historia conocida.
Foto: laretaguardia.com.ar
Prontuario
de un torturador
Manuel Cordero Piacentini nació el 15 de setiembre de 1938 e ingresó al Ejército el 1º de marzo de 1951, en el arma de Artillería.
Ascendió a capitán en 1967 y un año después su nombre era reconocido como el de un represor por quienes lo sufrieron en el Grupo de Artillería Nº 5.
En 1972, luego de la declaración del Estado de Guerra Interno, Cordero, junto a José Nino Gavazzo y Jorge "Pajarito" Silveira, recorría las unidades militares del interior del país para dar "talleres prácticos" sobre cómo interrogar a presos y presas por razones sindicales o políticas.
Cuando el golpe de Estado de 1973, Cordero realizaba cursos de Estado Mayor en Uruguay y de contrainsurgencia en Argentina, donde viajaba asiduamente como "nexo" entre los servicios de Inteligencia (revista como S2 en Artillería Nº 5) entre ambos país.
Con el grado de mayor en 1976 ya estaba integrado al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y había sido cooptado por el Servicio de Información y Defensa (SID), por quienes participó en las operación del Plan Cóndor en Automotores Orletti de Buenos Aires.
Con el alias de "303" era el tercer mando del tristemente célebre centro de torturas "300 Carlos" ("el infierno", ubicado en los fondos del Batallón de Infantería Nº 13, donde fueron desaparecidos militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).