14
Octubre
2015
38ª Reunión del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA
Resolución contra la criminalización de la protesta laboral y social en España
Por el derecho democrático a protestar ante la degradación de las condiciones de vida y trabajo
Rel-UITA | CEL
Foto: Giorgio Trucchi
Resolución contra la criminalización de la protesta laboral y social en España. Por el derecho democrático a protestar ante la degradación de las condiciones de vida y trabajo.
Viendo que:
La reforma laboral de España ha supuesto una ofensiva sin precedentes desde la transición democrática contra los derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras, puesto que con el pretexto de combatir la crisis económica persigue en realidad recortar el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
Esa ofensiva se ha traducido en una devaluación salarial apenas encubierta y en una enorme precarización del mercado de trabajo.
Por esa razón la conflictividad laboral ha aumentado considerablemente desde el año 2009, tanto en número de huelgas como personas participantes, incluidas dos huelgas generales en 2010 y 2012.
Considerando que:
La respuesta del gobierno a las protestas laborales y sociales ha sido la represión penal de tal manera que más de 260 sindicalistas han sido objeto de procedimientos sancionadores penales y administrativos, utilizando artículo del Código Penal, heredero del existente en el franquismo y que la dictadura usaba para reprimir las huelgas entonces existentes.
La libertad sindical y el ejercicio del derecho de huelga resultan claramente amenazadas en lo que apunta a un intento de restringir el derecho constitucional de huelga, claramente cuestionado por las autoridades públicas tal y como se desprende del papel de la Fiscalía como impulsora de estos procesos.
No es casual que en coincidencia con estas circunstancias, y ya desde hace tiempo, el sindicalismo de clase y democrático en España se enfrenta a una campaña de los sectores políticos de la derecha para difamar y desacreditar a los sindicatos españoles, con el fin de debilitar su capacidad de intervención en defensa de los derechos sociales y laborales.
Las penas que se piden son absolutamente desproporcionadas, propias de la era predemocrática, como por ejemplo los tres años y medio de prisión que se piden para Gonzalo Fuentes y Lola Villalba, dirigentes de la Federación de Servicios de CCOO, o los ocho años de prisión que se piden para ocho miembros del comité de empresa de Airbus.
La 38ª Reunión del Comité Ejecutivo Latinoamericano resuelve:
-Rechazar la política del gobierno español de restringir los derechos laborales y las libertades básicas ciudadanas.
-Ratificar su repudio a la promulgación de leyes represivas que conculca derechos básicos de los trabajadores, trabajadoras y de sus organizaciones sindicales representativas, así como de la sociedad en su conjunto.
-Manifestar su solidaridad activa con las afiliadas españolas de la UITA.
El derecho a protestar
La libertad sindical y el ejercicio del derecho de huelga resultan claramente amenazadas en lo que apunta a un intento de restringir el derecho constitucional de huelga, claramente cuestionado por las autoridades públicas tal y como se desprende del papel de la Fiscalía como impulsora de estos procesos.
Campaña de desprestigio
Desde hace tiempo, el sindicalismo de clase y democrático en España se enfrenta a una campaña de los sectores políticos de la derecha para difamar y desacreditar a los sindicatos españoles, con el fin de debilitar su capacidad de intervención en defensa de los derechos sociales y laborales.